La zonificación ambiental colombiana no es un capricho, ni un ejercicio teórico desde “las oficinas de Bogotá” y mucho menos algo distante del territorio y de sus comunidades bajo la dictadura del satélite. Se ha puesto en boga una serie de narrativas según las cuales la regulación del uso del suelo “ya no es vinculante ni legitima” y, por tanto, la nueva definición de usos del suelo sólo se “construye en el territorio”, con lo cual algunas verdades parciales construyen una peligrosa práctica que esta incrementado los conflictos no solo ambientales, sino más aun, los riesgos de desastres naturales y la seguridad climática nacional y sus implicaciones sobre poblaciones, especialmente las más vulnerables. El negacionismo viene desde diferentes frentes, incluyendo el que se abroga la legitimidad social y el libertario arrasador.
Colombia ha desarrollado un minucioso ejercicio de conocimiento de su geografía, una de las más complejas del planeta por la confluencia de biomas tan contrastantes como el andén Pacífico y las cordilleras, la planicie caribeña, las sabanas del Orinoco y la planicie amazónica. Cada uno de los cuales está influenciado de manera diferente por su meteorología, geogénesis, hidrología, vegetación, geomorfología y pisos térmicos diferenciados, adicional a estar situados en el cinturón tropical ecuatorial. Este desarrollo del conocimiento geográfico ha llevado a que el país haya sido el líder latinoamericano de las ciencias del suelo (de lo cual hay evidencia en decenas de profesionales que hoy dirigen los procesos de zonificación en el continente), apoyado principalmente por el Instituto Internacional de Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra de Holanda (ITC), cuyos principales exponentes son hoy profesores y directores de Institutos, facultades, organizaciones y agencias gubernamentales y civiles en todo el país.
Los procesos de zonificación han tenido también un largo periodo evolutivo y contradicciones de fondo que vale la pena mencionar. Desde el sistema de clasificación de suelos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que proponía las ocho clases agrologicas donde se privilegiaban los suelos mecanizables, planos y fértiles para la agricultura (Clase I) y aquellos que por relieves de difícil mecanización, afloramientos rocosos o de drenaje lento, se dejaban para conservación (Clase VIII), lo cual reflejaba una visión de la agricultura industrial de la “revolución verde” y el desprecio por los paisajes de conservación, según los cuales solo podrían ser aquellos que la agricultura no pudiera transformar. Luego pasaron los tiempos de los sistemas de evaluación de tierras de la FAO hasta llegar la ecología del paisaje y la fisiografía, donde el concepto de aptitud del suelo se transforma en características del paisaje. Es decir, del antropocentrismo que predefinía lo que es aptitud, pasamos a un modelo más balanceado, donde el paisaje (biocultural) expresa unas características, y sobre ello, se definen los potenciales usos.
Y aquí es clave señalar cómo, paralelamente, las ciencias sociales introdujeron también diferentes metodologías y conceptos que han venido enriqueciendo los modelos de zonificación de usos del suelo en el país desde la identificación de los paisajes culturales hasta la zonificación tradicional de los territorios indígenas, pasando por las zonas sagradas, los calendarios ecológicos, los mosaicos interculturales, los corredores de comercio históricos y recientes, la planificación predial y veredal participativa y los acuerdos de manejo sobre zonas comunes, entre muchos otros ejemplos, donde las ciencias sociales y ambientales han integrado conocimientos, así como la integración de conocimiento tradicional ya sea indígena, negro o campesino.
De estas metodologías interdisciplinarias ha surgido la reglamentación nacional de la zonificación de usos del suelo, que se ha construido con elementos donde convergen las ciencias naturales, del suelo y las sociales. Que la zonificación requiera de procesos de participación, socialización y verificación en terreno no quiere decir que sea una imposición ilegitima a las comunidades locales, y mucho menos un instrumento creado con dolo para joderlas. Me sobran los ejemplos de creación de parques, resguardos reservas y distritos, haciendo trocha, “mambiando”, en convite, “chumando” con viejos, mujeres, técnicos, mapas, sueños, historias y satélites. Va a ser importante que el país haga un ejercicio de memoria para que estas nuevas narrativas del simplismo no borren esa historia tan importante de nuestro ordenamiento.
Y aquí también, es muy importante señalar que los procesos de zonificación no sólo pueden responder exclusivamente a un enfoque local, y menos aún, al interés de un solo grupo social en particular. Los beneficios y aportes de los paisajes van más allá de sus fronteras físicas, y no operan individualmente, sino en sinergia y articulación con otros paisajes. Lo cual significa que debemos incluir los efectos acumulativos y sinérgicos de grandes mosaicos o unidades de paisajes, que garantizan el bienestar público general, más allá de lo local. Y esto, ni más ni menos, significa que los procesos de concertación local también tienen limites, y el más importante de ellos es la primacía del interés general.
Por ello hay que reiterar el valor de los servicios ambientales del patrimonio público como un elemento de máxima ponderación en la toma de decisiones sobre los usos del suelo y la planificación del desarrollo nacional. También se debe entender que las conflictividades sociales derivadas de la falta de formalización de los derechos de propiedad y la expulsión violenta de comunidades de sus territorios, han influido poderosamente en modelos de colonización desordenada, capitalizada en muchos casos por grupos armados —que también tienen su modelo de zonificación y lo están imponiendo a sangre y fuego—, y que son un botín político para cuanto gamonal y empresa electoral hay en el país.
Detrás del dolor de los más vulnerables vienen grandes intereses, en particular aquellos que ven la oportunidad de acceder a recursos estratégicos, ya sean del subsuelo, o al desarrollo de obras de infraestructura y energía, principalmente. El reblandecimiento o desaparición de la zonificación ambiental tiene muchos intereses, y en la “reivindicación social”, o en el “interés del desarrollo económico para la prosperidad del país” aparecen muchos cantos de sirena, cada cual agenciando su partitura. Lo cierto es que la zonificación ambiental, con participación, con arreglo al interés nacional, debe ser una consigna a defenderse en tiempos de “carreta por punta y punta”.
