Es necesario profundizar en el análisis de datos sobre las complejas relaciones entre grupos de poder, economías ilegales y los impactos sobre poblaciones vulnerables. La utilización maniquea de la vulnerabilidad poblacional para consolidar intereses de grandes actores es histórica. Por ello, llama la atención poderosamente que se están impulsando proyectos de ley para sustraer la reserva forestal de la Nación.
La sustracción de la reserva ha sido un viejo propósito de diferentes grupos que ven en esta zonificación un obstáculo para sus intereses, principalmente en el desarrollo de actividades económicas que implican la deforestación, y el cambio definitivo de esta cobertura, pero principalmente, la entrada en el mercado de tierras una vez se realiza sus sustracción.
Esta demostrado que el uso sostenible del bosque es una posibilidad real para poblaciones campesinas e indígenas, y que esta es una forma de conservación efectiva basada en el desarrollo de modelos agroforestales, procesos de restauración ïy con articulación a pagos por servicios ambientales. El caso más importante lo vemos en El Petén, Guatemala, pero también existen modelos en Brasil y Perú.
Cierto, requiere de una condición cultural para apreciar el bosque, conocerlo, usarlo y tener formas de vida que se concilien con la selva en pie.
Hay que ser críticos y ajustar lo que se requiera para que la reserva no sea un obstáculo absurdo, pues es cierto que en Colombia hay zonas de asentamientos humanos consolidados que no han podido desarrollar obras básicas por estar afectados por la interpretación de que la reserva impide cualquier transformación; igualmente, la posibilidad de desarrollar accesos viales cuando hoy existen en el país ‘Lineamientos de Infraestructura Vial Verde’ que deberían aplicarse para el desarrollo de la economía forestal en estas zonas.
Pero la almendra está en las ganas sobre las tierras públicas, que han sido ocupadas pero no han entrado al mercado formal de tierras. Las grandes inversiones que se han dado a lo largo del país sobre tierras públicas han tenido una expectativa de generar un bien transable de mercado, con la plusvalía de la inversión pública. Es precisamente allí, en donde el desestimulo al comercio de tierras opera como un elemento regulador del uso del suelo, precisamente sacar esas áreas del mercado permite generar estrategias de política que reconocen lso derechos de comunidades sobre las tierras ocupadas y usadas con el bosque en pie, como lo establece el Decreto 315/23 de regularización de la ocupación, o la creación de Concesiones Forestales Campesinas, así como Reservas Campesinas sin sustracción.
En el caso colombiano se dan elementos aun más complejos de intereses sobre estas tierras, dado que en muchos casos son utilizadas para lavar activos provenientes de economías ilícitas, y se consolidan con la entrada del creciente hato ganadero nacional. Los datos, para la región amazónica, son contundentes, pues nos muestran cómo, en los últimos siete años, más de 1.400.000 wcabezas de ganado que han entrado en los municipios del borde de la frontera agropecuaria, donde se han deforestado más de 600.000 hectáreas en esos municipios. Esta puja, por la ampliación de la frontera sobre las tierras públicas de la reserva forestal, se repite en varias zonas del país, donde la exploración minera y la ampliación de otros cultivos pone en riesgo la seguridad ambiental del país. También es cierto que con el lento avance en el reconocimiento de los derechos de población campesina es poco probable que ese segmento vea atractiva esta opción; a esto debe sumar la necesidad de generar modelos exitosos de manejo forestal comunitario, que es una tarea aún inconclusa.
Seguramente, esta tensión se ve reflejada no solamente en los intentos de crear nuevas figuras que concilien y reglamenten los procesos de ocupación, uso, poblamiento, expectativas de desarrollo y seguridad energética, como son los casos de los Distritos Agroambientales y Mineros, o los Distritos de Conservación de Suelos y Aguas.
Cualquiera que sea la salida, es necesario incorporar los diseños de paisajes que privilegien la protección de las coberturas naturales, en especial las boscosas en áreas de alta sensibilidad de suelos (principalmente oxisoles, ultisoles, entisoles, histosoles, entre otros) o condiciones geomorfológicas y de precipitación que generan vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos. Esa es la razón de la existencia de la reserva forestal, y por ello la importancia de su mantenimiento para la seguridad climática de la Nación.
Es imperativo que todas las fuerzas políticas se movilicen en torno a la protección de la reserva forestal colombiana, y que se generen propuestas concretas para solucionar los impedimentos al desarrollo de una economía forestal con comunidades rurales, y se debata el acomodado argumento de que su sustracción es para el beneficio de los más vulnerables. Un ejemplo de ello es que hoy hay más vacas que gente en la reserva forestal de la Amazonía, y estos animales corresponden en más de un 70 por ciento a grandes productores, según datos del ICA, lo cual nos muestra dónde está el gran apetito por ser sustraída. Los campesinos vulnerables son quienes tienen derechos sobre estas áreas para el desarrollo forestal sostenible, y para ello hay herramientas legales y técnicas para su implementación.
