La disputa entre Estados Unidos y China empieza a subir de temperatura en el continente y el golpe dado en Venezuela es solo un primer paso. La velocidad con que se vienen dando los acontecimientos luego del cambio de presidente en Venezuela, indican que el interés por el control económico y político de los yacimientos de petróleo y minerales estratégicos en el continente va a traspasar los límites de nuestra imaginación.
Este interés tiene como trasfondo la disputa por el control del sistema financiero internacional (de allí que China y Rusia sean hoy los principales productores de oro mundial, y los árabes, indios y neoyorkinos grandes compradores), que está tambaleando con la decisión de los BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Suráfrica) para generar un sistema de intercambio comercial con monedas diferentes al dólar – incluyendo las de cada país–, fortalecer las reservas nacionales en este commodity y con el oro como mecanismo de transacción que pretende impedir que las estrategias políticas para desarrollar bloqueos y sanciones comerciales sean efectivas.
Así mismo, Venezuela tiene un enorme potencial minero especialmente para transición energética y comunicaciones, como son los yacimientos de cobre, coltán y oro, que hoy tienen una presencia significativa de grupos armados colombianos, brasileros y nacionales. Una situación similar, en términos de potencial minero y presencia de grupos armados que se financian con su explotación y tráfico, se presenta en Colombia. A diferencia del resto de países del Pacífico continental, estos yacimientos en Colombia aún no han sido otorgados en su gran mayoría –algunos de ellos en zonas de especial importancia ambiental–, a pesar del interés internacional demostrado (caso coltán o cobre), o el desarrollo de una enorme minería ilegal de oro que financia la mayoría de los grupos armados que operan en el país, y la participación de comunidades vulnerables en este negocio con pequeños márgenes de utilidad y un enorme impacto ambiental y pasivo social. Esta degradación de ecosistemas, contaminación de poblaciones con mercurio y altos índices de violencia y pérdida de gobernabilidad, se observan en la totalidad de las fronteras amazónicas colombianas y la dinámica se ha expandido en países vecinos como Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Es una asignatura pendiente incluir a los países garantes y de apoyo a los proceso de paz en una estrategia que incluya la reducción de los factores de violencia que están relacionados con su corresponsabilidad política y comercial.
De la misma manera, el tráfico de narcóticos se ha venido incrementando en dirección al Brasil, por factores como el consumo creciente de cocaína y marihuana, y las diferencias de los controles de Estados Unidos que se diluyen en el tránsito de este país hacia África y Europa. Grandes cantidades de cultivos y zonas de procesamiento se han ubicado en la frontera colombo peruana (entre los dos países hay más de 130.000 hectáreas sembradas en la frontera), y la aparición fuerte del Comando Vermelho, como procesador final y distribuidor en Brasil (recordar la operación policial en Rio), y su capacidad para devolver en armas lo que recibe en coca y oro, revelan un entramado muy poderoso. La financiación de la violencia regional pasa claramente por el control de yacimientos de oro, coltán, tierras raras, coca y marihuana, que hoy se han consolidado en medio de comunidades que han sido sometidas a sangre y fuego, o a punta de “amables invitaciones”, y la complacencia o terror de las instituciones locales, que se ven avasalladas por el poder económico, armado y político de estos “conglomerados”.
Población e instituciones sometidas y cooptadas, son el resultado de una errónea política de inversión basada en indicadores como el tamaño poblacional, o la participación en el PIB. La Amazonia colombiana posee el 2% de la población, y su participación en el PIB es igual a este número (el petróleo putumayense y el ganado de las tierras deforestadas son su aportantes). Pobreza multidimensional disparada, en medio de la mayor riqueza de biodiversidad del mundo. Puñetera paradoja.
Posee el 42% del territorio nacional, y más de dos terceras partes de sus bosques (sin que se registre su valor en las cuentas nacionales!), y el conjunto de Áreas Protegidas más grandes y biodiversas. Concentra la mayor cantidad de agua dulce superficial del país, y de allí depende la mayor provisión de agua para la región central, incluyendo las cuencas Magdalena Cauca. Tiene potencial gasífero, aurífero, en cobre, coltán y tierras raras. Menos del 10% de sus carreteras están pavimentadas, y la gran malla terciaria ha sido desarrollada principalmente por comunidades y grupos armados, bajo lógicas de ampliación de la frontera agropecuaria y acceso a tierras, en una de las zonas con menor formalización de propiedad y derechos de uso en el pais. Por eso la gente, a pesar de comer mierda con lo ilegal, no le cree al Estado que no le da a los talones al nuevo orden regional.
En los países vecinos, grandes obras de infraestructura vial, portuaria y energética vienen siendo desarrolladas en acuerdos con el Gobierno chino, y Colombia acaba de firmar su acuerdo para participar en la Ruta y Franja de la Seda. Estados Unidos acaba de demostrar que quiere participar, a la fuerza si es necesario, en el acceso a estos recursos. Colombia ha venido perdiendo en el último medio siglo gobernabilidad sobre una importante porción de su territorio fronterizo, desde Venezuela hasta Ecuador (sin hablar de la barbarie en el Darién). Tenemos un coctel muy complejo de criminalidad, economías ilegales, riesgo climático y pobreza, y un contexto internacional que está cada vez más propenso a las fórmulas de la represión militar exclusiva dejando de lado la causa fundamental de la pérdida territorial expresada en la miseria poblacional. Estados Unidos ha mostrado también que su interés de cooperación militar apunta a meterse con lo que llama “grupos armados de amenaza regional”, con lo cual se va a exacerbar la violencia de estos grupos, y su reconfiguración territorial, en vista de los cambios en Venezuela y las oportunidades de la gran frontera amazónico-orinóquica. Se requieren miradas ponderadas, estratégicas, pragmáticas y de gran escala, que permitan corregir lo que ha sido una política fallida de Estado en las fronteras, de riesgo en la seguridad climática del país, y una política de paz realista que tiene, sí o sí, que incluir el contexto internacional y no sólo los países vecinos, pues el conflicto se regó en el continente y se alimenta de la economía mundial. La Amazonía es una oportunidad económica que debe ser motor de la recuperación de la gobernabilidad y el bienestar poblacional, pues, de lo contrario, las economías ilegales y la violencia serán el escenario creciente. El calentamiento planetario se siente cada vez más, y nuestra seguridad climática es un requisito de sostenibilidad como país, para lo cual debemos proteger y recuperar los bosques. Todo esto, es lo ambiental, más allá del verde.
