Supongo que, para los candidatos presidenciales, tocar temas donde no hay mucha población, y tampoco plata, no es interesante. Por ello se concentran sus campañas en el eje norte -sur, desde el Caribe hasta la triada de Nariño-Valle Cauca. Los demás territorios poco existen en los cálculos de los ‘estrategas electorales’, a los cuales les vale poco que la nación se derrumba en su periferia, mientras ellos andan de rumba. Tremenda paradoja de este país, donde la fractura no solo es de polarización ideológica sino territorial, y a pocos pareciera importarle.
Los municipios del cinturón periférico colombiano, con amplia participación de reservas forestales, territorios colectivos y áreas protegidas, se quejan, y con razón, de la ausencia de ingresos prediales de estas tierras de conservación para el bien general, pero que dejan en la pobreza los gobiernos locales. El Banco Mundial nos comparte un interesante informe donde muestra cómo la mayor pobreza multidimensional del país se concentra, precisamente, en los departamentos de la Amazonía, el Chocó y La Guajira. Casi la mitad de los municipios PDET se encuentran en este cinturón periférico (entre el Pacífico, la Amazonía y Orinoquía), y sin embargo concentran los niveles de conflictividad creciente más altos de la nación. Entonces tenemos que en las zonas de mayor protección ambiental del país se presentan los mayores índices de conflictividad económica, social y armada, lo cual ya debería ser un elemento de análisis para definir las políticas públicas de protección social, seguridad y desarrollo económico que eviten un desmembramiento aun mayor del territorio y se traduzcan en el mejoramiento de nuestra expectativa de seguridad climática.
Acaba de pasar el Día Internacional de los Bosques en un país que, como Colombia, no tiene una economía forestal a pesar de tener más de 50 millones de hectáreas de bosques. Si no genera prosperidad económica para la población, los bosques caerán al suelo, pues hay otras economías que sí permiten la subsistencia y la generación de ingresos y, por ello, las actividades de agropecuarias, mineras e industriales —incluyendo las ilícitas— son una manifestación de esa ausencia de una cadena forestal viable para la población y los inversionistas. Dos terceras partes de la población dependen del agua que llega de los bosques amazónicos y la otra parte depende de las corrientes del Pacífico. La mayor disponibilidad de agua dulce superficial aun potable está en esas regiones, en contraste con la cloaca del Magdalena-Cauca, pero hoy son autopistas del crimen en su gran mayoría. Algo similar ocurre en la generación eléctrica originada en hidroeléctricas (esperemos a ver las proyecciones con el Fenómeno del Niño ‘recargado’, los incendios provocados y la deforestación galopante). Sin embargo, en nuestras tarifas de consumo de agua y energía no hay un porcentaje destinado a la conservación y restauración de esos bosques de interés nacional que permiten el funcionamiento de esa bomba climática, entre evapotranspiración, precipitación y escorrentía superficial.
El país necesita poner atención a las poblaciones que cada vez más se sumergen en economías ilegales, en formas de gobierno determinadas por grupos ilegales y en donde la inversión pública en bienes y servicios es cada vez menor, más allá de la degradación ambiental que afecta el agua que consumen, los suelos que las sustentan, y el clima que las afecta. Las economías ilegales, concentradas en la extracción minera ilegal, el narcotráfico, la deforestación para apropiar tierras públicas y la ganadería, van dominando cada vez más el panorama de estos territorios desde el Catatumbo al Chocó, lo mismo que Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía o Vichada.
Claramente, la crisis de la institucionalidad ambiental y de la degradación de recursos naturales está asociada a esa pérdida de gobernabilidad, en territorios donde la disputa por las fuentes de financiación y las poblaciones por parte de los grupos armados claramente se inclina por estos. Y allí es importante decir que no es solamente un asunto del uso de la violencia, sino de la capacidad de reemplazar al Estado en temas de cotidianeidad que ellos han entendido perfectamente: es su arma más potente. El acceso a la tierra, la construcción de vías, la consecución de maestros, la construcción de puestos de salud, las disputas de linderos, la violencia intrafamiliar, la seguridad de los pueblos, los permisos para deforestar, el consumo de drogas y hasta las normas de tránsito, entre muchas otras formas de regulación, han pasado a manos de los grupos armados. Podemos vencer militarmente a muchos grupos armados, y los territorios seguirán reproduciendo estos modelos de tercerización del Estado mientras no haya una transformación integral y sostenida de los territorios, y la gente no reciba un tratamiento digno de ciudadanía. Y de esto depende la base natural del país y su seguridad climática.
¿Cómo reconstruir un Estado de manera integral? ¿Cómo poder reorientar la inversión pública hacia territorios que se han perdido en una larga historia de abandono? ¿Debemos ir hacia otro modelo político, más federal, donde la autonomía territorial le dé un vuelco a las prioridades de participación, de política de seguridad, de modelo económico? ¿Cómo vincular el sector privado como dinamizador del potencial económico legal de estas regiones que sea incluyente con las poblaciones locales? ¿Es posible abrir la conversación sobre los pagos de los beneficios colectivos de los bosques en las tarifas de consumo? ¿Podemos hablar de la minería, la ganadería y lo forestal como una oportunidad en contextos diferenciados? ¿Es posible establecer el vínculo entre política fronteriza, seguridad climática y derechos de poblaciones locales?
Sir David Attenborough señalaba en estos días al cambio climático como la mayor amenaza de la humanidad. Creo que Colombia tiene, en su forma de ejercer gobierno en los territorios del cinturón periférico, su mayor amenaza y el disparador de la inseguridad climática, humana y de criminalidad. Ojalá los candidatos, sus equipos programáticos y sus partidos le presten atención al tema, a pesar de que no dé votos ni marque en las encuestas, pues estamos perdiendo nuestra seguridad más preciada: el clima.
