Esta semana lograremos concluir el apoyo a la entrega de títulos de propiedad a campesinos del Bajo Caguán, una de esas pequeñas victorias que le da sentido a la vida y al trabajo que hacemos. Gracias a los lideres veredales, a los funcionarios anónimos y a quienes aún nos apoyan desde lejos, para seguir en esta larga brega de construir Estado.
Empezó en las profundidades de una trocha polvorienta, donde nos esperaba un grupo de campesino, bajo el techo de zinc ardiente de la ‘caseta comunal’. Unos llegaban a caballo, otros en cicla, en moto, a pie y otro en un Carpati que habían pagado para subir media vereda entre sillas, bómper y parrilla. A las diez de la mañana, el sol estaba pleno, la humedad del ambiente hacía que el sudor pegajoso nos entrapara de arriba abajo y la camisa estuviera mojada por completo. Las camisas con cuello volteado, el zapato bajito, el maquillaje, el perfume, el poncho lavado: todos, en su mejor versión, y yo me preguntaba si toda esa expectativa podríamos cumplirla, siendo nosotros unos modestos facilitadores de procesos gubernamentales.
Los y las presidentes de cada vereda hablaron uno a uno, así como las madres, poniendo el tema que les preocupaba y les motivaba a estar presentes: la escuela y el puesto de salud veredal, o corregimental —construidos con el esfuerzo de todos, y donde sus hijos recibían clases de un profesor para todas las edades y grados, además de la enfermera que recibe toda la carga de la salud rural— necesitaban tener legalizada su propiedad para poder recibir inversión pública, ya fuera municipal o departamental.
El tema más importante de sus vidas, la educación de los niños, pasa por darle formalidad a la titularidad del suelo, que en la mayoría de los casos corresponde a remotas zonas donde indistintamente, sean sustraídas de la reserva forestal o no, casi ninguna ha podido ser formalizada a pesar de que hoy reciben la población infantil rural, los aportes en la construcción de sus instalaciones por parte de la comunidad y las precarias condiciones para adquirir formación académica. Las alcaldías y departamentos deben asegurar que las inversiones de recursos públicos estén en predios formalizados y que no generen un peculado por destinación indebida, además de consolidar el ordenamiento territorial en las zonas donde el uso del suelo lo permita. Sin embargo, una corporación ambiental, en su torpeza por decir lo menos, no es capaz de sacar la certificación ambiental aún para otorgar el título cuando todo está listo.
Un campesino dice: “el Gobierno se muerde la cola él mismo”. Sabios.
En medio del galimatías jurídico que siempre caracteriza al Estado colombiano, las comunidades rurales han sudado toda su existencia empujando su forma de vida en medio de la adversidad, y por ello han terminado construyendo sus propias vías, puestos de salud, escuelas y sitios de reunión o caseta comunal. Cada grupo armado capitaliza estas necesidades, y da “orientaciones” (léase órdenes), y empiezan esos primordios de Estado sobre nuestra insensatez. Y claro —lo he dicho en esta columna una y otra vez—, esto se multiplica por miles al llegar al tema de titulación y catastro, del cual los grupos armados han logrado avances y sofisticación que dan señales claras de la profundidad de la brecha entre el Estado y el territorio. Hoy, los grupos armados han desarrollado un sistema de catastro e información sobre enormes territorios y de adjudicación de tierras sobre bosques públicos, más desarrollado, completo y efectivo que el gubernamental.
Facilitando topógrafos, abogados, movilización y convocatorias, vamos logrando por fin responder a esas familias que llegaron en aquella mañana calurosa y polvorienta. Más de 4.000 hectáreas serán formalizadas públicamente a campesinos que llevan décadas (sí, décadas: para ser más exactos, en 1984, con la sustracción del Inderena) esperando que el Estado actúe en consonancia con su derecho a la titularidad. Es una pequeñísima porción del territorio, que, en medio de una confrontación violenta entre grupos y de estos con el Estado, lo cual constituye una luz de esperanza de que la legalidad es posible y el ejercicio de ciudadanía no es una quimera.
Llevo ya casi un cuarto de siglo empujando procesos de titulación y regularización del uso del suelo desde que arrancamos en el río Güejar, luego en el Losada y ahora en el Caguán y el Guayabero, y mi conclusión sigue siendo la misma: si queremos recuperar territorios, legitimidad y bosques y promover desarrollo económico, habrá que conformar ejércitos de topógrafos, abogados y agrónomos que desarrollen la política de ordenamiento social de la propiedad en los territorios donde el conflicto armado ha sido propiciado por esta ausencia permanente, sin importar cual ha sido el rotulo del gobierno de turno. Las organizaciones civiles seguiremos trabajando del lado de la gente en las veredas de lejanos territorios, articulando con funcionarios e instituciones que son el ‘Estado profundo’ que debemos defender.
