Un informe reciente de los colegas de Environmental Investigation Agency (EIA) revela como la exportación de maderas para pisos hacía Estados Unidos es una fuente de probable corrupción y adolece de un sistema de control y regulación confiable en diferentes autoridades ambientales regionales. La influencia y control de grupos armados sobre la extorsión a cualquier tipo de extracción de recurso natural pareciera una anécdota, cuando se compara con el pálido sistema de verificación en campo de los polígonos de corte autorizados. El famoso ‘Libro de Operaciones’ en línea tiene un ridículo registro de 160 frente 3.000 unidades vigentes, que se empeora con la posible decisión de entrar al modelo de autoregulación que se discute en el alicaído Ministerio.
La aterradora investigación evidencia cómo nuestros sistemas de monitoreo sobre permisos de extracción del bosque en áreas críticas de deforestación son un chiste mal contado, que no posee un sistema de auditoría y seguimiento por un tercero independiente, y mucho menos, aún, con un sistema de geolocalización que le permita a cualquier ciudadano ver en tiempo real dónde están las unidades de corte en los bosques del país, el tipo de maderas autorizadas, el número de individuos a cosechar, y las evidencias fotográficas de la extracción. ¿Adónde irá a parar el Certificado de Exportación como requisito previo?
En un país donde se pretende impulsar el manejo forestal sostenible como modelo económico para las zonas de bosques naturales que lo podrían sostener, que en general están en el Pacífico y la Amazonia, es inaudito tener una infraestructura institucional tan débil. En los últimos meses, adicionalmente, numerosas noticias han salido públicamente anunciando investigaciones y capturas de funcionarios corruptos en estas agencias. Definitivamente ha llegado el momento de asumir como país la irrevocable necesidad de modificar, ajustar y fortalecer el sistema de institucionalidad público ambiental regional en las zonas más sensibles ambientalmente del país, pues es claro que ni en sus capacidades operativas, técnicas, legales o financieras tienen la facultad de asumir los retos que significa controlar áreas de territorio con toda suerte de actores económicos, políticos y armados más fuertes que la propia institucionalidad.
En el otro lado de la cadena, el tema comercial de este fenómeno de corrupción sigue siendo el principal motor de la deforestación, la corrupción y la cooptación del Estado. La demanda internacional de maderas, de coca, de oro, de carne, parece no tiene escrúpulos a la hora de comprar productos que vienen extraídos de zonas con violaciones de derechos humanos, sin trazabilidad ni debida diligencia para asegurar que no provienen de áreas deforestadas o con violaciones sobre territorios colectivos. El caso del oro pareciera ser el más emblemático, pues cientos de toneladas salen diariamente de las mismas zonas donde sale madera para mercados internacionales.
El sistema recoge el oro extraído por miles de personas, así como de balsas y maquinaria, y pasa por fundiciones locales regadas en cuanto río y caserío hay por las selvas del país. A su vez, se mueven cientos de millones de pesos al día por la maraña bancaria y sus complementos para ‘transferencias informales’ en cuanta selva hay que resista este fenómeno. Todo llega posteriormente a las ciudades donde los que tienen permisos nutren estos fabulosos regalos del sistema, pues un título minero, hoy, lava miles de millones que llegan de toda la ilegalidad nacional y transfronteriza.
Lo más interesante del sistema es que hoy existe un mercado internacional que devora cientos de toneladas de oro ilegal que hoy arman ejércitos irregulares, surten la nomina de funcionarios corruptos y ponen a funcionar la máquina contaminante que acaba con aguas, suelos, bosques, y nos deja miles de personas con creciente daño por efectos del mercurio en sus cuerpos. El oro se está comerciando en cantidades inusitadas en el mercado internacional, y no hay ningún país ‘desarrollado’ que ponga problema por el origen de este metal, que es la gran moneda especulativa en tiempos de guerra comercial.
Mientras los sistemas de comercio internacional, incluyendo los tratados de libre comercio, no exijan protocolos fuertes a los países tanto en el procedimiento exportador como importador, será imposible frenar la devastación en esos lejanos territorios donde la demanda comercial supera con creces la risible inversión del Estado y sector privado legal. De la misma manera, el sector bancario nacional tiene que asumir responsabilidad y dejar de lucrarse haciendo ese papel estructural en la cadena de ilegalidad, así como sucedió con el narcotráfico. Es el tiempo de entender que el oro nos está tragando la democracia y el ambiente, y eso tendrá un costo que supera sus ganancias.
Estos son un par de casos que nos ponen de presente cómo el Estado fallido de nuestras regiones requiere intervenciones urgentes, que implican la intervención de lo público y lo privado, así como el rediseño institucional y el mejoramiento de los estándares con que hoy se promueve el comercio internacional de commodities, en especial, con los irresponsables países industrializados y su doble moral.
