En la misma semana del tremendo terremoto que azotó el occidente colombiano se emitía una serie de informes sobre la preocupante situación del bajo nivel del río Magdalena, en sus cuencas media y baja, así como se disparaban los incendios forestales provocados en gran parte del territorio. Las altas temperaturas continúan principalmente en el centro y norte del país, mientras el consumo de energía sigue creciendo, y los niveles de embalses, bajando. Estamos apenas en agosto, pero las señales de impactos severos en medio de la evolución de un Fenómeno del Niño son evidentes, con un potencial de efecto sinérgico con la crisis económica y social de las regiones más afectadas por el terremoto.
Con la información pública preliminar emitida por el Gobierno, se advierte que el proceso de reconstrucción llevará un tiempo largo, y será de gran magnitud, pues la afectación en servicios básicos, como de infraestructura educativa, de salud, de afectación en carreteras y de transmisión de energía, es muy alta, además de toda la demanda de bienes y servicios para la reconstrucción física de las viviendas y estructura comercial que allí se desarrollaba. Por tanto, es claro que el poco presupuesto de inversión que tiene el país deberá destinarse principalmente en esa reconstrucción, apalancada seguramente por créditos de la banca multilateral y recursos del sector privado.
Y como todo viene en avalancha en este país, en la misma semana se anuncia la propuesta de adhesión de Colombia a la iniciativa del Escudo de las Américas, que además de cooperación militar, operaciones conjuntas, inteligencia compartida y demás arandelas, pondrá el foco en zonas críticas de alto impacto que coinciden en gran medida con asuntos de interés militar y económico, como son las áreas fronterizas del Catatumbo-Arauca, Antioquia-Chocó, Nariño-Cauca y Putumayo-Caquetá. Todas con importantes recursos, ya sean mineros o de cultivos de coca o de tránsito transfronterizo, además de la concurrencia de diferentes grupos armados y organizaciones económicas transnacionales -no solo colombiana- que engrosan la lista de lo que llaman “organizaciones terroristas de amenaza continental”. Pero, al mismo tiempo, son regiones que poseen alta biodiversidad, ecosistemas de alta sensibilidad y, por supuesto, comunidades con altos niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas e inmersas en economías ilegales en diferentes grados según la región, con una presencia institucional que en general es débil técnicamente, vulnerable políticamente y paupérrima en su capacidad financiera. Por tanto, cooptada como forma de supervivencia, al igual que la población.
Por eso, en una hipotética avanzada militar en estos territorios, que se da paralelamente al proceso de reconstrucción social y económica del occidente afectado por el terremoto, y en medio de un ‘Super Niño’ en pleno desarrollo, es predecible inferir una condición de emergencia generalizada con foco principal en los territorios que hoy reciben las grandes olas de migración de población que está en búsqueda de oportunidades económicas, ya sean estas ilegales o no. Es absolutamente indispensable, a mi juicio, desarrollar una estrategia de intervención económica y de acceso a derechos básicos para las poblaciones más vulnerables de la periferia nacional, donde los efectos del Niño, la confrontación militar -incluyendo la temida aspersión de coca- y el foco económico en la reconstrucción del occidente del país serán más sensibles que en el resto del territorio nacional. Si bien el coctel de las operaciones gusta en el electorado digital, la realidad es que el mercado de la coca sigue diversificándose en rutas y formas, acompañado del mercado del oro que tanto gusta en los países con poder adquisitivo. Y es allí donde se aprecia una ausencia poderosa de estrategia para copar territorios con institucionalidad más fuerte, garantía de derechos y opciones económicas tangibles y de corto plazo que logren el objetivo -nunca logrado en las últimas décadas- de operaciones conjuntas, de conquistar la población local con derechos de ciudadanía en vez de tratamiento de terroristas o cómplices. Ojalá quienes toman decisiones por estos días no se dejen arrastrar por la ferocidad (y estupidez) de quienes hoy pretenden que la ayuda y presencia gubernamental a propósito del terremoto se haga de acuerdo a la votación y preferencias electorales de las regiones.
La soberanía de un país en sus zonas más apartadas y de donde proviene gran parte de su seguridad climática depende de su capacidad de atender las necesidades y derechos sus poblaciones, manejar sus recursos naturales, generar economías con oportunidades para todos y proteger los territorios de intereses foráneos que atenten contra el interés general. Hacer intervenciones que privilegien exclusivamente la dimensión militar puede generar una explosión sinérgica de conflictividades que pueden exacerbar la conflictividad social, el deterioro ambiental, las economías ilícitas y, precisamente, la soberanía sobre nuestro territorio por debilidad manifiesta. Ojalá la sensatez prime, pues el riesgo de una explosión de conflictividades está a la vuelta de la esquina.
