Hay urgencias ambientales en todos los centros de conflicto armado en el país, desde el Putumayo –en donde los Comandos de la Frontera crecen al ritmo de los cultivos de coca y la minería de aluvión– hasta el Catatumbo, en donde se aprecia la pérdida de bosques al lado de la minería de carbón, la coca y el avance de los cultivos de palma gracias, según el último informe de alertas tempranas del Ideam, a que la coexistencia ‘pacifica’ de las disidencias y el ELN pareciera llegar a un colapso en medio de la disputa por recursos y territorios.
Al pasar esta semana por los lados de la Sierra Nevada de Santa Marta, también se siente cómo el ganado mordisquea su piedemonte, y cómo el banano y los palmares cubren las planicies de inundación alrededor de la Ciénaga, en donde las Autodefensas de Conquistadores de la Sierra también están en guerra con el avance del Ejército Gaitanista de Colombia (antes Clan del Golfo, hoy EGC). Más al sur, en la agonizante Serranía de San Lucas, el asunto se pone color de hormiga, pues la disputa por la minería de oro ha llevado a una alarmante pérdida de bosques e invasión de fincas palmicultoras, así como de nuevas minas en la entrada de carreteras que, al ritmo del conflicto del EGC contra el ELN empujan a las poblaciones cada vez más hacia el oriente, en medio de una disputa aun mayor, que es la consolidación de ese corredor transfronterizo, entre el Darién y Catatumbo: el verdadero botín de esta tragedia socioambiental.
Por los lados del Arauca, me cuentan que las arroceras siguen avanzando en el humedal del Lipa y que las quemas ya están demarcando una nueva perdida de espejo de agua, donde al ganado, las trochas y –obvio– las plataformas petroleras, siguen siendo materia de presión sobre el ecosistema, pero también de disputa para la guerra, fenómeno que, adicionalmente, ejerce una nueva presión de cultivos de coca en la frontera de Puerto Rondón, donde el EMC y el temible ‘Pescado’ ejercen su modelo económico. A propósito, una gran alerta se cierne en el Lipa de ser cierto que se está solicitando un Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM), exactamente sobre este humedal, creando así el soporte que busca el modelo arrocero y ganadero de expansión sobre áreas de importancia ambiental nacional. Ojalá y no sea cierto.
Por los lados de Nariño, estoy aterrado de ver la explosión de solicitudes de títulos mineros que, al lado de la gran mancha cocalera, configuran un paisaje de una economía ilegal muy compleja y de grandes magnitudes –que degrada desde las partes altas de la cordillera hasta las planicies, incluyendo bosques de Reserva Forestal– y que afecta a comunidades étnicas, que son testigo de la lucha por el control de estos recursos entre la Segunda Marquetalia, los llamados ‘Comuneros’, el EMC y el ELN. Un alto riesgo se cierne sobre el territorio con las propuestas de Distritos Agromineros y Ambientales, que podrían estar estimulando un modelo donde lo minero puede ser la fachada del negocio del lavado de narcotráfico de gran escala.
Esta zona nariñense, en conjunto con la del Putumayo, configura el complejo de coca y oro más grande del país, y en donde las conversaciones con estos grupos armados necesariamente deberán resolver el asunto de los cultivos y el narcotráfico, que además ya tiene importantes impactos en las zonas fronterizas de Ecuador y Perú con la presencia de grupos brasileros y mexicanos que han consolidado una demanda enorme en ese lucrativo mercado. Si no hay un trabajo mancomunado con las autoridades de estos países, será muy predecible un ‘efecto globo’ sobre estas actividades ilegales en el marco de cualquier acuerdo interno, lo que supone un reto importante para la Cancillería y el embajador Guillermo Rivera, quien conoce de primera mano los problemas que aquejan hoy estos territorios de frontera en el marco de la expansión y consolidación de grupos armados en cada nación de nuestra periferia.
Para cerrar, la región amazónica centro oriental, donde las disidencias del EMB y EMC tienen una enorme presencia y control, se debate entre el avance deforestador, el desarrollo de trochas interminables y la entrada de un verano tempranero, que asusta cuando se ve el nivel de ríos y la resequedad de los bosques. Siendo este el proceso donde mayor discusión se ha dado al tema ambiental en las mesas de dialogo –en gran parte por la activa participación de la ministra Susana Muhamad en la discusión sobre el modelo de uso territorial y la consolidación de la frontera agropecuaria–, lo que suceda en el futuro próximo para la búsqueda de acuerdos sobre la transformación territorial y los derechos de uso será definitivo en el futuro de los bosques de esta región. Las solicitudes reiteradas del EMC para ‘rezonificar’ los parques y permitir en su interior áreas de ‘Desarrollo Sostenible’, sin cambiar el modelo ganadero, así como la insistencia en sustraer la reserva forestal, son una alarma inminente en medio de la discusión del proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria.
Este año que viene debería ser una oportunidad para implementar acciones conjuntas entre las carteras de Ambiente, Agricultura y Minas, en especial para mostrar cuál es el acuerdo nacional de protección de la frontera agropecuaria, los determinantes ambientales y áreas de especial importancia, en paralelo con los derechos campesinos y de poblaciones vulnerables, y los modelos de usos sostenibles del territorio que deberían ser el referente de zonificación nacional que el Estado siga como norte para esta época donde las conflictividades armadas se nutren cada vez más de los recursos naturales del país y la legislación ambiental pareciera reblandecida.
