Este martes 25 de marzo se lanzó el proyecto “Seguridad, conflictividad y medio ambiente en la Amazonía”, una iniciativa de la Unión Europea implementada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) de Colombia y el Instituto Igarapé de Brasil. El lanzamiento contó con la participación del Embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand y varias y varios Embajadores de los países miembros; el Director General de la FCDS, Rodrigo Botero; el Viceministro de Asuntos Exteriores, Mauricio Jaramillo; el Viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera; el Director de Parques Nacionales Naturales, Luisz Olmedo Martínez; la Directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus; la Directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, Gloria Miranda; los representantes a la Cámara Juan Carlos Losada y Julia Miranda; así como representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades del Estado, de la academia, de la comunidad internacional y de la sociedad civil. Este proyecto es financiado por el Instrumento de Política Exterior de la Unión Europea (FPI por sus siglas en inglés).
Con un presupuesto de más de 5.500 millones de pesos colombianos (1,2 millones de euros, aproximadamente), el proyecto tiene como objetivo generar información rigurosa y estratégica que contribuya a que tomadores de decisión comprendan a profundidad las dinámicas de crimen y conflictos ambientales, así como su impacto en la protección de la naturaleza y la vida de las comunidades locales en Colombia y Brasil, con la posibilidad de incluir a otros países de la región que comparten la Amazonía Noroccidental.
Además de mejorar la comprensión, el proyecto ‘Amazonía’ busca ir un paso más allá, promoviendo la prevención y el abordaje de conflictos socioambientales y del crimen en la Amazonía Noroccidental a través del apoyo a políticas y acciones concretas, en absoluto respeto de la soberanía y en coordinación con los gobiernos nacionales de los países anfitriones del proyecto.
Se espera dar a conocer esta problemática en espacios de toma de decisiones de relevancia internacional como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP 30) que se desarrollará en Brasil en el 2025, así como en la Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, que se llevará a cabo en Colombia a finales del 2025 y que implica un hito importante en la estrategia para visibilizar la necesidad de conservar la Amazonía y desarrollar acuerdos más contundentes que puedan ser implementados por los países del bioma con apoyo internacional.
Al respecto, el Embajador de la Unión Europea en Colombia, menciona: «En los últimos años, las zonas más alejadas de la Amazonía han visto un fuerte crecimiento de la minería ilegal y del tránsito de drogas hacia Brasil y Europa. Por razones ambientales, de seguridad y de defensa de las comunidades indígenas aisladas que viven en estas regiones, nos parece indispensable actuar antes de que esta tendencia esté fuera de control, y para lograrlo necesitamos datos e información robustos, y espacios de concertación e incidencia con los países de la región. Ese es el objetivo de este nuevo proyecto de la Unión Europea con dos socios reconocidos, la Fundación por la Conservación y el Desarrollo Sostenible en Colombia y el Instituto Igarapé en Brasil.»
La Amazonía Noroccidental enfrenta problemáticas ambientales y sociales sin precedentes. Entre 2015 y 2023, esta región, que abarca Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia, perdió aproximadamente 18.993.131 hectáreas de bosque, casi el tamaño de un país como Uruguay, según datos del Global Forest Watch. Si la deforestación sigue al ritmo actual, podría alcanzarse un punto de quiebre en 2035, con consecuencias irreversibles para la biodiversidad, el clima del mundo y las comunidades que habitan esta región.
Además, existen retos en materia de seguridad, con economías ilícitas cada vez más interrelacionadas, como el tráfico de drogas, la minería ilegal y la ocupación de tierras. Factores como la gran extensión territorial, la abundancia de recursos naturales, la limitada presencia del Estado y los bajos costos de producción han facilitado la proliferación de actividades ilegales y conflictos sociales. De ahí que abordar la interdependencia climática, ambiental y de seguridad significa proteger la Amazonía Noroccidental y preservar el 25 % de la biodiversidad planetaria y el 38 % de las selvas tropicales del mundo.
Rodrigo Botero, director de la FCDS, explica la relevancia de este proyecto: “Así como los impactos de la degradación y pérdida de bosques de la Amazonia Noroccidental no conocen fronteras y afectan el equilibrio ambiental del mundo, para los flujos de criminalidad tampoco existen las fronteras. En este sentido, es fundamental analizar los patrones y motores de deforestación desde un lente regional. La conexión entre los países amazónicos es epicentro de actividades criminales que afectan tanto a las comunidades locales como a los ecosistemas. Comprender estos patrones permite diseñar estrategias de control territorial, gobernanzas y conservación más efectivas”.
“No vamos a alcanzar la meta de 1,5 grados si no conservamos la Amazonía. La Amazonía vive un riesgo del punto de no retorno, como muchos científicos han identificado, y parte de estas amenazas son las economías ilícitas que hoy están presentes en el territorio amazónico. Por eso este proyecto es tan fundamental: necesitamos entender profundamente estas dinámicas transnacionales y actuar de forma coordinada entre los distintos países para proteger el bosque”, menciona Melina Risso, Directora de Investigación del Instituto Igarapé.
Para la Unión Europea, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Instituto Igarapé, la Amazonía es un ecosistema clave para la consolidación de la paz, la estabilidad climática y la biodiversidad mundial. Comprender a profundidad las dinámicas que afectan a la región y actuar con base en información rigurosa, es vital para proteger su riqueza natural mientras se involucra activamente a las comunidades que la habitan y la conservan, promoviendo la gobernanza ambiental y la defensa de los derechos humanos, más allá de las fronteras que comparten este bioma clave para la vida en la tierra.
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Diego Muñoz
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