Las preocupaciones ambientales de la población colombiana han sido minimizadas históricamente; solo ahora, cuando día a día se reportan en los grandes medios las zonas de racionamiento de agua, el nivel de los embalses, las zonas donde llovió, o los ríos y diques que se desbordan, las avalanchas que se caen, entre muchos otros fenómenos, vemos cómo, definitivamente, el medio ambiente tiene un rol preponderante en la vida nacional.
Las discusiones territoriales animan cada vez más una forma de abordaje cada vez más compleja, donde es evidente la relación entre el uso del suelo, las condiciones climáticas, la zonificación ambiental y de los asentamientos, así como la pobreza y necesidades básicas insatisfechas y por tanto, la focalización de la inversión publica. En Colombia, además, la presencia de grupos armados que median en el impulso de algunas formas de uso del suelo, desde lo ilícito a lo “agroindustrial”, le pone un poco más de picante, a este coctel explosivo en que se está convirtiendo el impacto de los eventos climáticos extremos en un país desordenado, que reacciona a punta de “desastres naturales”.
A pesar de esta calamitosa situación, hay eventos que me animan a pensar que hay una generación venidera que puede torcer esta tendencia. Estuve esta semana en el Congreso, presentando algunos datos de transformación en los bosques amazónicos y para sorpresa mía, el auditorio de la Comisión Quinta estaba a reventar, con numerosos asistentes, de diferentes matices, que iban desde la institucionalidad pública, los pueblos indígenas, la cooperación internacional, hasta sectores productivos y económicos. Había interés genuino, tanto de escuchar como de participar en el Foro, y de interactuar con un grupo diverso de sectores políticos, representados en senadores y representantes que hacen parte de las Comisiones incidentales de Bosques y Cambio Climático.
En las intervenciones de los diferentes ministerios y agencias pude observar avances importantes en la aproximación a la problemática, que usualmente era vista como un mero problema de “leñadores empobrecidos” en la visión bucólica, o de “grupos terroristas”, en el enfoque simplista de los legalistas. Desde la discusión sobre incentivos económicos perversos, o estímulos “marrón” del Ministerio de Hacienda, hasta el cuestionamiento sobre los modelos de conectividad regional, o el proceso de municipalización de los territorios indígenas, así como la decisión de avanzar en derechos territoriales campesinos en la reserva forestal sin que ello signifique una sustracción o cambio en la reglamentación del uso forestal planteado por el Ministerio de Agricultura, indican un avance sustancial en la búsqueda de salidas a la crisis planteada por la galopante deforestación amazónica.
Por supuesto, también se vieron vacíos importantes. Los datos presentados por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), fueron tremendamente importantes y sugieren una revisión de los efectos indirectos de las estrategias de sustitución y reconversión productiva. Por ejemplo, cambiar coca por vacas es tanto o más insostenible que el problema abordado. Peor aún, cambiar coca por otra actividad económica, en zonas invadidas, como resguardos o parques, es un estímulo perverso para nuevas ocupaciones, y genera confianza legítima en quienes esperan ahora una consolidación de sus expectativas de ocupación y uso territorial. Lo que ha ocurrido históricamente en el resguardo Nukak-Makú, es el mejor escenario para entender lo peor de la inversión pública sin criterios de focalización y ordenamiento. Décadas de atención al proceso de invasión al resguardo por parte de economías cocaleras han invertido cientos de millones en vacas, vías, jagueyes, entre otras cosas, que han consolidado ese cambio en la función social y económica de la propiedad. Han cambiado la selva por hatos, y los indígenas Nukak por prósperos “empresarios del campo” con ánimo de emprendimiento exportador.
Toda esa inversión, que en algunos casos fue inspirada por la atención a población campesina vulnerable, que, tanto en el resguardo como en la reserva forestal, recibió millones de pesos en la “reconversión” de la economía ilícita. Pero, como ha sido costumbre, se dejó de lado el tema central del ordenamiento, es decir el proceso de titulación o reconocimiento de derechos, que da como resultado, miles de hectáreas transformadas, con inversión pública, y unos apetitos voraces de los “cometierras” . En pocos años, todas esas extensiones, han sido compradas a los campesinos cocaleros originales, que ya había convertido sus zonas en veredas formalmente constituidas, y ahora, hacen parte de grandes fincas, que ya están en el mercado de tierras, con valorización a bordo, y matrícula legal, -vía vereda- , para seguir recibiendo inversión pública. Este modelo opera, en toda la media Colombia que hay al oriente de “Los Rosales”-
Inversión que, como lo vimos, pasa por el Congreso, DNP, los ministerios, los departamentos y alcaldías, cuando menos, y por supuesto, la banca pública. Hay proyectos de cooptación subnacional de Estado en marcha, y este es uno de esos más de 5 billones que ha costado la deforestación de los últimos seis años en la frontera agrícola, incluyendo la compra de 1,7 millones de bovinos que han llegado, a medio millón de hectáreas deforestadas y adecuadas con pasto, y más de 4000 km de trochas. Pero esta inversión ha sido posible gracias a la inversión pública que consolida y legaliza esta operación. El modelo de apropiación de tierras en la Amazonia, depende de que continúe esta inversión pública sobre lo deforestado, así como la impunidad, y la disponibilidad ilimitada de tierras.
En medio de este debate, me preguntaba si el interés y la vocación genuina de funcionarios y sociedad civil que vi en el Congreso se puede convertir en una fuerza poderosa que enfrente este poderoso entramado de poderes nacionales políticos, económicos y territoriales, que pone en entredicho en futuro de la Amazonia y de nuestro país. Espero que así sea, y a eso dedicaremos nuestro esfuerzo de vida.
Vea aquí la presentación completa sobre Inversión Pública y Deforestación de la Amazonia:
