Se aprobó por fin en plenaria del Senado el proyecto de Ley de Trazabilidad de la cadena ganadera libre de deforestación, quedando pendiente la última fase de discusión en la Cámara de Representantes. Todo mi reconocimiento para los congresistas Juan Carlos Losada, autor de la ley, Marcos Daniel Pinedo, ponente en Senado, y Julia Miranda, anterior ponente en Cámara, quienes han persistido durante varias legislaturas para llegar a este resultado. Como lo he señalado en varias ocasiones, el proceso de poblamiento ganadero en Colombia, es de los más activos en el continente, con un incremento del 30 por ciento del hato nacional desde 2017 hasta el año pasado, lo cual significa un numero cercano a los seis millones de animales, según los datos del ICA. Un caso similar, pero en menor intensidad, lo tiene Bolivia, que aumento en un 16 por ciento su hato, que bajo la influencia de inversionistas brasileros que encuentran tierras baratas y subsidios, han avanzado enormemente en el negocio bovino.
El poblamiento de esta última fase de la ganadería en Colombia ha encendido las alertas, por estar íntimamente ligada a las zonas de deforestación más sensibles del país, así como en áreas por fuera de frontera agropecuaria, que han incidido significativamente en el cambio de cobertura forestal de manera permanente y la apropiación de tierras públicas. Los datos señalan cómo en los departamentos más afectados por la deforestación, es decir los del arco amazónico (Meta, Guaviare y Caquetá), más de 1.2 millones de animales nuevos han entrado en los municipios donde se han deforestado más de 600.000 hectáreas en este periodo entre 2017 y 2024 y otras 800.000 en pastos disponibles previamente. Otros municipios, ubicados en Meta, Casanare, Arauca, Chocó, Córdoba, Catatumbo y Antioquia, también presentan una concentración del hato reciente, lo que indica cómo es necesario generar herramientas que permitan orientar la zonificación ganadera, en virtud de sus oportunidades económicas, y su arraigo social, y las condiciones de los mercados internacionales que cada día son más exigentes con la necesidad de demostrar una debida diligencia para probar que los cadenas comerciales de agrocomoditties no provienen de áreas deforestadas.
Efectivamente, la reglamentación europea para el tema de debida diligencia, que entrará en vigencia en enero de 2025 si no hay sorpresas, señala el requerimiento de la debida diligencia, y nos recuerda cómo, además de la deforestación, se debe evidenciar el cumplimiento de la normatividad ambiental, lo cual significa estar a tono con el ordenamiento legal de usos del suelo. Allí se tendrá que dar un salto cualitativo no solamente en la adaptación de los productores a estos requerimientos, sino que, paralelamente, se deberán generar los estímulos económicos de mercados selectivos que sean capaces de concretar comercialmente la oferta de una cadena libre de deforestación. Pagar más por un producto con estas características es el paso que el mercado debe generar para estimular el tránsito de la práctica ganadera hacia la trazabilidad y mayor rentabilidad, lo cual, dicho sea de paso, no debe ser sólo un escenario del mercado internacional. Mercados como los de Jordania, Líbano, Egipto, Emiratos Árabes y otros países del cercano Oriente, que además compran ganado en pie y sin trazabilidad, deberán ser reemplazados o complementados por los europeos, norteamericanos y chinos, ojalá en canal y trazables.
El involucramiento de los beneficiaderos, grandes superficies y plantas de transformación en este ejercicio debe redundar en que el mercado colombiano empiece a incorporar este requisito de manera rápida, y los consumidores también lo hagan dentro de sus criterios de consumo. Es necesario que las nuevas generaciones de colombianos, ávidas de prácticas sostenibles en su diario vivir, tengan garantizado el derecho a conocer el origen de los productos que se ofrecen en el mercado, y sobre ello tomar decisiones informadas y responsables. No más churrasco con olor a selva quemada ni pandebono con queso deforestador. Una ayudita de las Cortes para hacer vinculante este derecho a la información seria vital para acelerar el proceso hacia la sostenibilidad.
Estando en Perú esta semana, teníamos una reunión con otras organizaciones haciendo el análisis de los proyectos de infraestructura de conectividad en la cuenca amazónica, y es evidente cómo se está acelerando la planificación de conectividad, particularmente de Brasil hacia China, los dos grandes colosos que patean el tablero regional. La demanda de soya, sorgo, carne, aceite, carbón, petróleo y minerales de transición, así como las posibilidades de conexión digital, están en plena ebullición, y el gran puerto de Chancay ha “bajado bandera” dando inicio a una serie de proyectos viales, multimodales y ferroviarios que se abren paso por selvas y ríos de la gran cuenca. Los costos de transporte hacen parte esencial de la rentabilidad de estos grandes negocios y es evidente que la infraestructura está subdimensionada e incluso inexistente en algunos casos.
Para el caso colombiano, la salida y movilización de productos de exportación, incluyendo el ganado, que, a diferencia de Perú y Ecuador, aquí si es un producto con posibilidades de crecimiento y rentabilidad, o el caso de las proyecciones agroindustriales de la Orinoquía, van a ser determinantes en la toma de decisiones para desarrollar un plan de conectividad que responda a estas necesidades. Colombia posee, a diferencia de otros países, unos Lineamientos de Infraestructura Vial Verde que ya son vinculantes, y podrían ser el apalancador de recursos que vayan hacia un nuevo modelo de planificación territorial y conectividad de gran escala. Esto requiere, una revisión a fondo de los modelos de licenciamiento, de evaluaciones estratégicas, de actualización de los POT en las zonas de impacto acumulativo, de inclusión de políticas para la protección de poblaciones vulnerables que no tengan derechos territoriales reconocidos legalmente, y obvio, de un salto cuántico en los diseños de ingeniería para hacer infraestructura resiliente al cambio climático.
Vale la pena aquí señalar cómo hay un ejemplo de lo que el país no debe seguir haciendo, y es el caso de la vía Bogotá a Villavicencio, donde ni el trazado, ni la ingeniería, ni la planificación del uso del suelo, ni la magnitud de la obra, se compadecen con las condiciones actuales de tráfico, y mucho menos, del potencial crecimiento del comercio de nuestro país hacia el Pacífico; hacer una nueva vía en gran parte o la totalidad del trazado es el nuevo reto de la infraestructura verde en Colombia.
Es curioso como dos motores de desarrollo económico pueden ser hoy también impulsores de cambios hacia decisiones de sostenibilidad de gran escala, y en donde se requieren propuestas, sinergias y complementariedades entre los sectores productivos y el ambiental, para darle una oportunidad de esperanza al país.
