Esta semana veía el anuncio de Elon Musk sobre su entrada, via Tesla, a Colombia y solo me cabía en la cabeza un objetivo mayor al de vender carritos en este pequeño país: poner un pie cerca de las minas de coltán, aquel mineral que todos buscan con desesperación en la carrera de comunicaciones, energía y militar en la que están metidos. Al mismo tiempo, veía las fotos de un ciudadano chino posando junto al ‘combo’ del 33 en traje de pelea, y con fotos de armas largas y máquinas que supuestamente sirven para hacer partes de armas, para un grupo ilegal que mueve toneladas de oro y se quiere pelear el control del mismo coltán que busca Musk. Nos llegó la disputa por minerales estratégicos, en vivo y en directo, antes de que nos despertáramos con la noticia de los tales nexos. Nexos que en la guerra han existido desde décadas atrás, con distintos actores y niveles de sofisticación.
A pesar del escepticismo que me genera este contexto, sigo creyendo, con clara ingenuidad, que hay una luz de esperanza en lo que sucede en el tema ambiental y territorial de la mesa de paz entre el EMBF y el Gobierno. Celebro que los parques nacionales amazónicos estén en el centro de la discusión, que los modelos de reconocimiento de derechos territoriales sean diversos y recojan experiencias con gobiernos anteriores (como la relocalización voluntaria de poblaciones, realizada en el segundo periodo de Uribe 2006-2010), y que en las palabras restauración, sostenibilidad, economía forestal, comunidades y desarrollo sostenible hayan aparecido numerosas veces en un texto inédito para los procesos de paz en Colombia, con aplicación territorial especifica, sin ambigüedades, con metas y tiempos precisos.
Arranco por decir que celebro que, por vez primera, se haya puesto sobre la mesa de negociación un aspecto crítico para la seguridad ambiental del país, como es la voluntad de trabajar conjuntamente por la no expansión de nuevas ocupaciones en Chiribiquete y otros parques de la Amazonía. Eso implica un reconocimiento mutuo de la frontera agropecuaria en esta región y su necesidad de protegerla.
Se señala, nuevamente, la voluntad para trabajar en procesos de relocalización local, y en generar procesos de reconversión y restauración en los sitios actualmente ocupados. Este detalle, que para algunos pasará inadvertido o lo verán con desdeño, implica ni más ni menos el principio de acuerdo sobre un tema de fondo y estructural, que es la visión general sobre la zonificación de la Amazonía, sus procesos de ocupación y producción.
Es por ello que paralelamente a las acciones que se plantean para la protección y restauración en esta joya ambiental y cultural de nuestro patrimonio también se proyecte una intervención en el borde de colonización, que corresponde a las zonas del Distrito Ariari Guayabero, así como parte de la Ley 2 y otra zona sustraída, que en general se podrían denominar como el ‘_buffer_’ de la Amazonía colombiana.
Como lo he señalado en anteriores columnas, esta región comprende, específicamente, el área de mayor densidad y expansión de vías que a su vez han sido señaladas en el documento de acuerdo, por vez primera igualmente, en el sentido de no continuar su expansión o nuevas aperturas. Así como lo mencioné en la columna ‘Chiribiquete como oportunidad’, y en la que me refería al documento de la Amazonía soberana del EMBF, encuentro que hay potencialidades en el abordaje que se ha dado a este acuerdo, basado en la zonificación consensuada, la coincidencia en la necesidad de restaurar y generar modelos agroforestales como sistema prioritario de uso del suelo, y la inclusión de la producción alimentaria como prioridad por encima de actividades tradicionales como el caso de la ganadería extensiva.
Estos acuerdos sobre lo ambiental están parados en una premisa, y es la capacidad de generar procesos de formalización y regulación de la tenencia de la tierra en las zonas del arco amazónico de deforestación. Por ello también resulta muy significativo que se señale el apoyo de las partes al proceso de caracterización de las familias que se encuentran en las zonas de mayor sensibilidad ambiental y determinar la ruta de atención, de una parte, por la ANT, que avanzará en el barrido predial, para la titulación de baldíos adjudicables. Con respecto a las zonas de reserva campesina, sé que tenemos diferencias profundas con algunos amigos del sector ambiental, que no ven apropiada esta figura por generar expectativa en la titulación y, por ende, en el mercado de tierras, lo cual podría ser una grave amenaza para el mantenimiento de la cobertura boscosa. Yo difiero, y creo que, por el contrario, es una oportunidad para sacar las tierras del mercado de interés del gran latifundio ganadero especulativo, y así enfocar los esfuerzos en el desarrollo de la economía forestal, como bien lo señala la normatividad, pero además la evidencia científica que ha mostrado cómo el manejo sostenible de bosques por comunidades puede ser una herramienta valiosa para generar bosques más diversos, dinámicos e inclusive crecientes, como lo demuestran las experiencias centroamericanas. El otro modelo, ya creado en la legislación colombiana, de Concesiones Forestales Campesinas, aun espera su oportunidad en particular para comunidades no residentes, que podría ser un complemento ideal para los mosaicos de áreas de manejo comunitario orientados a la producción forestal sostenible.
Todas estas oportunidades que se abren no dependen exclusivamente de la mesa y sus acuerdos; de hecho, creo que es un derecho de las poblaciones locales y del país en general, y de la aplicación de las políticas básicas ambientales, de derechos de la tierra y desarrollo agropecuario básicos, que en cualquier parte del territorio deben implementarse. Seguramente, al recoger el Acuerdo de Paz de 2016, también encontraremos temas que impulsen este último punto, que pareciera un bálsamo en medio de semejante tormenta entre anuncios de filtraciones, acuerdos bajo la mesa, conexidades siniestras y, lo peor, la guerra entre grandes potencias por los minerales estratégicos que alimentan nuestros conflictos internos.
