Estuve en Manaos por estos días, dejando atrás los aullidos de la feroz polarización en el ámbito criollo. Pude ver casi un centenar de organizaciones de varios países amazónicos, aquejados en estas regiones por las crisis no solamente climática, de degradación y contaminación, sino, principalmente, la de las economías ilegales, la violencia, la corrupción y, en general, la pérdida de la democracia local.
Asombrados, los diferentes participantes compartimos datos, análisis y perspectivas de lo que viene sucediendo en el territorio amazónico. El primer asunto que asoma es la creciente amenaza sobre los territorios indígenas, que cada vez soportan más, de manera paralela, los embates de los grupos de mineros, madereros, pescadores, ganaderos y traficantes, que ven en sus tierras un tesoro disponible para el más fuerte, y por el otro lado, una institucionalidad cada vez más débil en su protección frente a los proyectos extractivos de desarrollo, más lo de la ilegalidad, que hacen cada vez más vulnerables a sus poblaciones. Pareciera ser un mal generalizado, donde la respuesta de los estados frente a las necesidades territoriales de los pueblos indígenas es una institucionalidad cada vez más raquítica. ¿Estrategia o mediocridad?
Igualmente, se sienten pasos de animal grande con las propuestas de ley que pretenden flexibilizar y reducir los procedimientos de licenciamiento en lo que concierne a reducir el concepto de impactos directos, indirectos y acumulativos, de proyectos medianos y pequeños, el cual se estaba discutiendo esta semana en el Congreso brasileño, lo cual abriría una compuerta para exponer millones de hectáreas de bosques a actividades productivas y de transformación de la cobertura, sin ningún tipo de regulación. Tremendo reto para Lula, el de poder vetar el proyecto de ley en un Congreso con fuerzas opositoras dominando el tinglado, ad portas de la COP30. La presión sobre las tierras de bosques en pie sigue siendo un factor que tendrá una agenda legislativa, que incluye desde los proyectos de colonización aymará sobre la Amazonía en Bolivia, o los enclaves agrícolas de colonias menonitas en Perú, o las insistentes presiones para sustraer la reserva forestal en Colombia en zonas de ampliación ganadera.
Respecto a los minerales, el asunto del oro va cada vez teniendo más visos de política de tolerancia generalizada. Enjambres de mineros navegan por las aguas de ríos amazónicos hacen que las fronteras sean algún elemento a considerar en su operación. La variación en el pago de del oro, que hoy va desde 300.000 pesos el gramo en Manaos o Taraira, 350.000 en Iquitos, hasta 450.000 en Inírida, nos muestra cómo el negocio tiene diferentes enclaves de producción, compra, fundición, transporte y comercialización final hacia los países donde la demanda sigue tan disparada como su precio. La economía del oro es poderosa. Las ciudades, pueblos y corregimientos ven cómo llega mercancía a ferreterías y bares, mientras la gente le apuesta a esa bonanza que está en su mejor momento de la historia. Por ello, hay un reto cada vez mayor para poder sacar adelante las estrategias de medios de vida sostenible, y en particular las de usos de bosques en pie, pues su esfuerzo técnico-económico, tiempo de retorno, punto de equilibrio y rentabilidad es muy asimétrico con los indicadores del oro, y más aun en su condición de ilegalidad.
El cultivo, procesamiento y tráfico de coca ha aumentado en general. No solamente por ser un gran corredor de movilidad hacia el Atlántico y de allí hacia África occidental y Europa, sino porque Brasil ha aumentado considerablemente su consumo interno. Por ello, la participación de los grupos de criminalidad brasileños tiene hoy presencia y control en áreas de Perú y Colombia, donde manejan cadenas de transformación, transporte y distribución que dejan un margen de ganancia mucho mayor. La vulnerabilidad de las comunidades locales a esta dupla de ‘coca-oro’ es mayor aun cuando en estas zonas el control de grupos armados de diferente índole (desde las diferentes facciones colombianas hasta los grupos brasileros, ecuatorianos y venezolanos que participan en este portafolio de negocios). Es decir, no solo es un asunto de la oferta económica, sino del constreñimiento a que son sometidas las poblaciones locales con el control territorial de los grupos armados ilegales.
El encuentro nos permitió ver en un grupo amplio y significativo de la sociedad civil organizada cómo estamos llegando a un punto de alta complejidad, donde los territorios amazónicos están sometidos a una presión nunca antes vista, ya sea desde la esquina de las economías ilegales, o ya sea desde los proyectos del desarrollo económico tradicional. Y ello, además, maximizado por el discurso negacionista del cambio climático que hoy inunda la narrativa de muchos políticos, que al mismo tiempo recitan el manual de “acabar con el Estado ineficiente y burocrático”, que impide la generación de riqueza a los más “hábiles”, como es el caso de un señor que usa una motosierra como símbolo de su odio por la regulación del Estado, o el señor disfrazado de astronauta acabando con los científicos de su país encargados del monitoreo y modelamiento climático.
Todo lo anterior requiere de una acción integral, con perspectiva holística, donde el fortalecimiento del Estado debe ser una prioridad, empezando por la sociedad civil, que tan frecuentemente se deslinda –en su purismo y sectarismo– de su responsabilidad en construir Estado, institucionalidad y lazos con las comunidades locales. Igualmente, es un llamado a la cooperación internacional y la filantropía, para entender la necesidad de enfocar esfuerzos en estas columnas o bastiones de la democracia, que serán definitivos en los retos que se vienen.
