Una profunda esperanza me suscita la actuación de la defensora del Pueblo, Iris Marín, y su equipo. Defensora del Pueblo y de la Naturaleza, como reza su nuevo lema. Cambia la forma y la profundidad, en un marco conceptual donde los derechos de la naturaleza se ponen en un mismo plano con la humanidad, denotando ese viraje del antropocentrismo con el que nació la institución hacia una posición donde se rescata el derecho de la naturaleza y de la población a su disfrute pleno. Sabe que, sin una condición ambiental sólida, no habrá proyecto nacional de equidad, sostenibilidad ni paz. Este cabio estructural lo reseñó con detalle la decana de la facultad de Derecho del Externado, en medio de un auditorio lleno de expectativa.
La conmemoración del Día de los Derechos Humanos en Colombia coincidió con el primer año de la defensora en su cargo, propiciando un evento de la más alta importancia, donde se escucharon diferentes voces desde instancias internacionales, expertos juristas de varias naciones, funcionarios gubernamentales y sociedad civil pudieron exponer varios asuntos del contexto internacional, los retos que existen y las propuestas para abordarlos con esperanza. El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puso sobre la mesa la crisis del multilateralismo, y los nuevos paradigmas de las fuerzas disruptivas del equilibrio mundial. Las tendencias a despreciar la normatividad, la separación de poderes, las instituciones públicas, el control y manipulación de la información y redes sociales con fines políticos, el negacionismo climático, el uso de la fuerza desproporcionada e indiscriminada en conflictos entre naciones y contra pueblos, así como el feroz ataque contra la diversidad y la equidad: un coctel poderoso que se expande por todo el mundo y pone a prueba todo lo aprendido durante décadas en función de proteger los derechos de la gente y del planeta.
Algunos de los expertos internacionales destacaron el contexto especifico de la desregulación ambiental, la reducción de la institucionalidad de sus competencias, presupuestos y marco normativo. Y al llegar el momento de la conversación sobre la paz y los escenarios territoriales, se escucharon desgarradores testimonios de lo que viene sucediendo en cada feudo de las dictaduras locales, y la impotencia del Estado para impedir la pérdida de derechos básicos, como lo señalaba una líder social: “el derecho a dormir tranquilo en casa, a bañarse, a hablar en público, a tener hijos y peor aún, esperanza”. El comisionado de Paz recordó cómo en cada mesa se ha intentado incluir agendas de protección a las poblaciones como un eje transversal de discusión, de lo cual soy testigo, así como también soy testigo de la frustración de ver esos territorios con mayores problemas de los que había al empezar. El rol de las mujeres en la construcción de acuerdos territoriales para la paz pareciera ser una oportunidad inmensa, dada la relevancia de este enfoque en la gestión y talante de la defensora, que da línea a muchos funcionarios públicos, independiente de su investidura, en frecuentes intervenciones públicas desatinadas.
En la conversación sobre el eje ambiental, destacamos la tremenda contradicción existente entre el robusto sistema colombiano, que se precia de tener una Constitución ecológica, y la participación de las altas Cortes en procesos que son inéditos en el mundo, como lo es la declaración de algunos territoritos del país como sujetos de derechos, y la elevación de los territorios étnicos como víctimas del conflicto. También, la incorporación de las penas ambientales restaurativas como una opción para el sistema penal de la Justicia Especial para la Paz, o el establecimiento de regímenes especiales de manejo en áreas traslapadas entre áreas protegidas y territorios indígenas y, más aún, la sentencia de protección del territorio de los jaguares del Yuruparí en la Amazonía.
Somos faro jurídico en el contexto latinoamericano, y muchos anhelan desarrollos similares en otros países. ¿Cuál es el siguiente paso con las Cortes ante el colapso de la institucionalidad ante cada designación de territorios sujetos de derechos? Reestructurar el sector ambiental debe ser una oportunidad para su fortalecimiento, aprendiendo del año 93 a la fecha, y dando un paso adelante antes de que los vientos de reducción del Estado se ensañen con ‘el palo en la rueda’ del desarrollo.
Pero todo este arsenal jurídico y de derechos pareciera ser inversamente proporcional a la capacidad institucional publica para garantizar su aplicación, así como a la vulnerabilidad de las comunidades locales que son custodios de más de la tercera parte del territorio nacional y su patrimonio ambiental. La exacerbación de la conflictividad armada en los territorios colectivos y de comunidades campesinas, específicamente alrededor de economías ilícitas, corredores de movilidad y recursos naturales, nos pone ante una situación antes no vista: esos territorios son hoy una apuesta estratégica de los actores de la guerra, pues su control físico, político y económico equivale a tener más de una tercera parte del país bajo su dominio y la conectividad con mercados, socios y rutas internacionales.
Por ello, como lo dijo un destacado expositor, los actores armados se disputan hoy hasta la designación de una junta veredal, un cabildo indígena o una asociación campesina. Por ello, tenemos conjuntamente con Brasil y Perú más de la mitad de los asesinatos de defensores ambientales y de territorios del planeta (donde la implementación de Escazú, por ahora, tiene saldo en rojo intenso). Por ejemplo, tenemos más de la mitad de los funcionarios públicos de las áreas protegidas en algunas zonas, amenazados, constreñidos, desplazados y muchas de sus sedes ocupadas o vandalizadas por actores armados. ¿Llegó la hora de revisar el modelo de gestión ambiental, su institucionalidad, la participación social y el balance entre estos? ¿Podemos hacer algo en conjunto con los países de la región, con la oportunidad de tener una secretaria general adjunta de la OEA, la cual pudo escuchar a la defensora y los expertos en su llamado a la acción?
Estas realidades las aborda la defensora del Pueblo y la Naturaleza, con realismo, pero sin perder el optimismo y la fe en los lideres y comunidades locales, en los funcionarios de institucionales públicas que no se doblegan ante la adversidad, en la cooperación internacional que ve su liderazgo transparente en medio de las conspiraciones partidistas, y en el multilateralismo que ve en ella una oportunidad para que Colombia no caiga en la tendencia mundial de la polarización y la exacerbación de la crisis climática. Gracias señora defensora.
