Colombia adolece de fuentes de inspiración colectiva que nos permitan concretar una identidad fuerte y, por tanto, sueños y valores comunes, en los que haya un consenso por encima de las diferencias políticas. Creo que una de esas fuentes de inspiración que necesitamos es nuestro patrimonio público ambiental, del cual Chiribiquete es nuestro mejor referente. A pesar de ser un país con enorme biodiversidad, único en el mundo, con paisajes y especies exóticas e irrepetibles, y de tener abundancia de agua, suelos fértiles y bosques, el común de nuestra población permanece ajeno y desinteresado por lo que ocurre en los territorios de los cuales depende nuestra seguridad climática y la consolidación de una incipiente democracia.
El país, que ha venido concentrando su población en los dos últimos siglos de vida republicana en la región central y caribeña, ha determinado que ese gran cinturón periférico, que ha sido llamado “territorios nacionales”, “zonas de orden público”, “territorios de consolidación” y otra larga lista de adjetivos, evidencia la dificultad que ha tenido Colombia para entender que las diferencias geográficas, culturales, sociales e históricas de estos territorios deben ser incorporadas en nuestro sistema político, en vez de intentar tozudamente homogenizar nuestra mayor ventaja comparativa: la diversidad, en toda la extensión de sus manifestaciones.
Tuve el privilegio de escuchar a James Robinson, Nobel de Economía 2024, quien daba importantes puntadas sobre el estancamiento del país durante décadas en ciertas zonas, con los mismos problemas. En general, es el país rural, la gran periferia, donde el acceso a bienes y servicios públicos, junto con instituciones en agonía eterna, se ha quedado congelado en el tiempo, bajo diferentes modalidades: ya sea alianzas políticas corruptas con la ilegalidad o el dominio de cualquier actor que controle el territorio y la institucionalidad pública, armado o inserto dentro del establecimiento. El centralismo no es más que una representación del ejercicio del poder que se repite una y otra vez en todas las escalas de gobierno. A su vez, cada vez más, lo local pierde la perspectiva del interés nacional. Tremendo enredo del que tenemos que salir algún día.
Esa exposición me permitió revisar nuevamente todas las columnas escritas en los últimos dos años, y veo que hay una idea recurrente: la de estar parados en el mismo punto durante décadas, sin lograr salir del atolladero. Una de las ideas que más retumban es la disyuntiva entre conservación y derechos de las poblaciones campesinas inmersas en el conflicto armado, las economías ilegales, la descoordinación institucional, la discontinuidad en políticas que deberían ser “de Estado”, la debilidad y corrupción institucional en diferentes niveles, la ausencia de modelos económicos alternativos a la ilegalidad y una participación social limitada a instancias no vinculantes o al clientelismo electoral.
El conflicto social, armado y económico del país se concentra cada vez más en estos territorios, casi siempre alrededor de un parque nacional y su reserva forestal —o territorios étnicos—, desde la frontera del Darién y el Parque Katíos, con las Autodefensas Gaitanistas, pasando por los parques de Paramillo, la Sierra Nevada; luego en el Catatumbo, entre el ELN y el frente 33; el Cocuy, con los elenos; La Macarena, Nukak y Chiribiquete, con el EMBF y el EMC; La Paya, con los Comandos; Sanquianga, con la Coordinadora; y Bahía Málaga, con el ELN, por mencionar solo algunos de los más relevantes.
Por ello, es más importante que nunca recoger las experiencias que ha tenido el país en el último siglo y repensar una política de Estado que permita modificar esta tendencia de conflictividad, indicadores de pobreza multidimensional disparados, baja inversión pública, reemplazo de la institucionalidad pública por actores armados, connivencia de clanes políticos que actúan de la mano de estos grupos y, sobre todo, recuperar la legitimidad del Estado en su relación con las poblaciones locales. El asunto del relacionamiento social es mucho más delicado que simplemente cumplir una lista de chequeo para garantizar “participación” y ejecución de proyectos. Hoy, la institucionalidad pública en Colombia ha perdido gran parte de la confianza de las comunidades, y otras han sido sometidas y cooptadas por una horrible historia de violencia, según el grupo armado que controle el territorio. En cada Junta de Acción Comunal —veredal, zonal, regional y así sucesivamente—, junto con cabildos y otras instancias, los actores armados y las economías ilegales han hecho la juiciosa tarea de insertarse, quiéranlo o no las comunidades, y empiezan a ser un factor de decisión cada vez más fuerte. Esa “guerra” contra la población y las organizaciones sociales es la que tiene hoy a Colombia en el primer lugar del mundo en asesinatos y amenazas contra líderes sociales y ambientales, según datos de Global Witness para 2024.
En medio de este berenjenal, creo importante destacar algunas oportunidades que podrían ser el foco de nuevos modelos de transformación territorial, basados en economías de la biodiversidad, desarrollo local participativo, asociaciones público-privadas y dotación de derechos básicos en tierras, justicia y seguridad. El Sistema de Parques Nacionales llevó con éxito un proceso de desarrollo local en el Parque La Macarena hace 25 años, donde conjugó participación, sustitución voluntaria, ordenamiento territorial, coordinación interagencial, cooperación internacional, vinculación del sector privado y alineación de las agencias públicas frente a la intervención territorial.
Ese mismo ejercicio se está planteando nuevamente en el Parque Nacional Chiribiquete, probablemente el ícono nacional más importante del patrimonio público y de reconocimiento mundial. En un momento en el que finaliza un gobierno y pronto empezará una nueva administración, es fundamental rodear y apoyar estos procesos, que no deben depender exclusivamente de la existencia de diálogos con actores armados, sino convertirse en una nueva apuesta del Estado por crear políticas integrales de largo plazo para un territorio nacional plagado de conflictos en las zonas de mayor biodiversidad, pobreza y economías ilegales, así como por el reemplazo del Estado por nuevas formas de control territorial.
