La amenaza crece sobre el bosque tropical continuo, mejor conservado y más grande del planeta –más de 300 millones de hectáreas–, que se encuentra en la Amazonía continental noroccidental donde se concentran los grandes territorios indígenas, de áreas protegidas y bosques en tierras públicas de los países amazónicos. De ese bosque depende la seguridad climática continental, en especial por su papel en la regulación de los ríos voladores, la retención de agua superficial y el enfriamiento atmosférico. Es decir, disponibilidad de lluvias, temperaturas y caudales regulados, indispensables en tiempos de crisis climática.
Lo anterior en un marco donde la mayor biodiversidad del planeta está asociada directamente al mayor número de territorios y culturas indígenas conocidas y refugio de los últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario del planeta. Todo este impresionante valor de la humanidad, concentrada en nuestros países, está amenazada gravemente debido a la locura mundial por el negocio de oro –el ‘narcótico’ que tiene adictas las economías de los grandes países–, metales de transición –la obsesión de otros–, ganadería, apropiación de tierras, lavado de activos, megaproyectos de infraestructura, así como una demanda internacional de narcóticos cada vez mayor, que se entrecruza con la oferta de armas y recursos públicos que está transformado y sometiendo el territorio y su gente a pasos agigantados.
Esta semana participé en el Foro Brasilero de Seguridad Pública, celebrado en Manaus y con foco en la región amazónica, en un evento convocado por la sociedad civil, con amplia participación del gobierno federal y los estaduales, así como los sectores privado, académico y de organizaciones civiles y algunos expertos de diferentes países de la región. Los participantes coincidieron en la urgencia de abordar de manera paralela el mejoramiento de las condiciones socioambientales, la recuperación de la seguridad pública y el combate al crimen transnacional bajo un enfoque mixto donde las políticas para mejoramiento de las condiciones de vida de la población local es la única garantía de sostenibilidad frente a las operaciones de seguridad. La presencia del Tren de Aragua, del EMC, de los Comandos de la Frontera y del Estado Mayor de Bloques, además de la cada vez más fuerte presencia del Comando Vermelho y el Primer Comando Capital –más al sur–, en un gran corredor de coca, marihuana, oro, armas, tráfico de personas, madera, biodiversidad y lavado de activos, entre otros negocios del portafolio, hacen de esta frontera una zona de interés para estos países, así como para la comunidad internacional que ve con preocupación el crecimiento de las economías ilegales en esta región y sus repercusiones más allá de las fronteras. Además, una tentación para la nueva directriz del gobierno de Estados Unidos de hacer intervenciones militares en “el ataque a carteles que ponen en riesgo su seguridad”; tremendo riesgo el que se abre frente a esta política de intervención.
Es evidente que la gran preocupación, en particular del gobierno estadual de Amazonas, está centrada en las grandes cantidades de cocaína y marihuana que pasan por su territorio, mas no así en los centenares de dragas que van camino hacía Colombia, Venezuela y Perú a sacar oro de sus ríos y comercializarlo en Manaus. De las tres fronteras, poca preocupación y anonimato de las condiciones en que centenares de indígenas están viendo violados sus derechos, mientras sus territorios son convertidos en corredores de ilegalidad. La situación de involucramiento dentro de las economías ilegales es generalizada, ya sea como cargadores de droga y proveedores de insumos y alimentos, lancheros, pescadores, cazadores, cocineros, lo que sea, por el camino de la sumisión armada o de la seducción del dinero. Lo cierto es que la comunidad ribereña ve en estos negocios –y con razón– , su opción cotidiana de vida, su expectativa de crecimiento económico y su marco de referencia de relacionamiento con actores que ponen las condiciones, todo esto, ante el fracaso rotundo del modelo de Estado propuesto por estos países que ni hacen presencia contundente y tampoco descentralizan en lo comunitario. Y mientras tanto, las pequeñas elites políticas regionales siguen viviendo del modelito de los recursos públicos para las zonas urbanas. Esto no sólo en Colombia, sino en los países vecinos, donde lo que está fuera de lo urbano no existe.
En vez del desfile de candidatos payasos poniendo banderas, debería abrirse la discusión sobre el modelo de política fronteriza de cara a la nueva carrera presidencial, que me temo querrá coger el tema por la superficialidad de la isla Santa Rosa, en vez de la crisis regional del suroriente colombiano.
Me queda la enorme satisfacción de presenciar un foro en Brasil, donde, convocado por la sociedad civil, en medio de importantes diferencias políticas, logra convocar, exponer posiciones, presentar datos, propuestas y deliberar sobre una región que históricamente ha sido invisibilizada, y de repente cobra protagonismo debido a la aparición en grandes dimensiones del crimen transnacional. Me quedan las ganas de tener en Colombia la posibilidad de abrir una conversación de esta magnitud sobre políticas de seguridad que van mucho más allá de la visión de defensa y se adentre en las necesarias políticas de desarrollo social, inclusión, descentralización, economía regional, investigación, educación con enfoque biocultural e integración fronteriza, entre otras variables clave, que serán necesarias para proponer una tendencia de largo plazo que permita proteger este rincón del planeta que sigue cuidando la salud climática de todos.
