Revisando las propuestas y discusiones de candidatos presidenciales de los últimos gobiernos, debo señalar que me sorprende gratamente cómo se ha avanzado en la narrativa de los debates, que, a mi juicio, transmiten con profundidad la complejidad con que hoy los retos ambientales ponen un país a salir de recetas convencionales de ambientalismos desprovistos de enfoque sistémico.
La presión mundial por recursos naturales —especialmente minero-energéticos y de alimentos—, el calentamiento global, los procesos de transición energética, la desregulación ambiental, los conflictos sociales, la expansión agrícola, la necesidad de infraestructura de transporte, la participación social, los préstamos de la banca multilateral para grandes proyectos con estándares ‘para competir’ con otros bancos, son parte de la larga lista de temas que claramente se salen de la órbita de los ministerios de Ambiente y sus agencias, pero que seguramente también requieren de una visión y gestión convergente que nos evite el eterno desgaste de la ausencia de corresponsabilidad, liderazgos con trasfondos politiqueros e, inclusive, negacionismo cada vez más en boga por quienes ven que los negocios están estancados con “alarmismos apocalípticos”.
Cuando se ponen las cifras de inversiones potenciales en sectores de minería y energía, o de agricultura intensiva, el asunto se calienta aún más en un país con retos enormes en materia fiscal, pues evidentemente todos andan buscando fuentes de financiación que permitan salir del endeudamiento galopante. Pero, al igual, respondiendo a una competencia mundial por minerales estratégicos en la carrera de la Inteligencia Artificial, y por ende de seguridad y defensa de los países más emblemáticos en esta disputa, es decir Estados Unidos y China. Lo que decida cada candidato frente a las pretensiones —y formas— de estos países, y una larga cola de otros que van por la misma línea, será determinante para Colombia en materia ambiental en las próximas décadas, en las que el calentamiento pondrá su cuota de impacto irreversible, y donde nuestros esfuerzos de adaptación se deben planear con estrategia de largo plazo para lo que resta del siglo, y no en un minúsculo periodo de gobierno de turno. Allí aún no se ven discursos de ese talante en los actuales y anteriores candidatos, lo cual me sugiere que la incertidumbre es transversal a todos, y que aun la discusión de políticas de Estado es solo un “sueño idealista” de algunos que vemos con preocupación esa intensificación en la transformación de territorios, un mercado mundial creciente de largo plazo en recursos minero energéticos y una debilidad normativa, operativa y conceptual en nuestra institucionalidad pública. Y, para rematar, una conflictividad social que se “negocia”, consulta tras consulta, pero sin un marco de referencia que permita salir de ese bucle perverso.
Los candidatos y sus equipos, cuando ha habido forma de hablar con ellos, reaccionan con una mezcla de asombro y escepticismo al revisar cifras de deterioro ambiental, gobernabilidad, derechos humanos y economías ilegales, que configuran un escenario de inseguridad multidimensional en grandes áreas del territorio, especialmente en la gran periferia continental desde el Catatumbo, el Orinoco, la Amazonía y el Andén Pacífico, e incluso algunas áreas del Caribe. Aquí se da el contraste entre la importancia política de las grandes ciudades de la zona andina y caribe, con poblaciones enormes que deciden una elección, y los presupuestos del futuro, en contraste con una periferia nacional poco poblada, con tremendos indicadores de ausencia de derechos para poblaciones locales, con impactos ambientales cada vez más severos, así como economías ilegales cada vez más poderosas de las cuales la gente local vive en muchos casos gracias a ellas, y con grupos armados asociados con elites políticas locales que ejercen de gobiernos mixtos, reemplazando con éxito cada vez más un Estado que nunca llegó y falló. Entonces, fue interesante ver que, en los debates, los candidatos pusieron el tema de “seguridad multidimensional” o “intervenciones integrales” como punto de partida para cambiar estas tendencias en grandes zonas del país, alejándose del discurso simplista de la “seguridad pura y dura” ante la evidencia de los datos y el análisis de la complejidad.
Ni los discursos del Estado eficiente, acabando o fusionando ministerios de Ambiente, como tampoco los de la bioeconomía en un país imaginario, o el de comunidades ajenas a los intereses de grupos armados ni su estigmatización facilista y revictimizante, ni la canonización del interés internacional por los recursos minero-energéticos, o la satanización de las relaciones internacionales con todos los países, empezando por los del continente —para mencionar algunos retos de corto plazo—, serán suficientes para abordar la complejidad de una política frágil, —por decirlo cariñosamente— que brilla por su ausencia en el panorama electoral: la seguridad climática de la nación para este siglo XXI, que depende de esta multiplicidad de variables y escalas de análisis.
Entre tanto, la Agencia de Administración Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos (NOOA, por su sigla en inglés), y otras agencias mundiales de análisis climático, nos ponen en alerta por la venida de un Fenómeno del Niño entre fuerte y muy fuerte, que se sentirá empezando el segundo semestre de 2026 y seguirá en 2027. Es decir, al próximo gobierno le espera un recibimiento con retos climáticos complejos, y una reorganización de la gestión ambiental intersectorial que no da espera, en medio de una cultura institucional históricamente fragmentada. Ojalá pasemos la oscura página de la hiperpolarización, y definamos acuerdos de largo plazo para proteger el patrimonio público ambiental y nuestra zonificación productiva y ambiental, así como nuestra adaptación al calentamiento global, que viene con eventos extremos cada vez más fuertes y conflictos sociales al alza en medio del absurdo abandono de los territorios proveedores de recursos naturales estratégicos.
