Que en un Acuerdo de Paz se aborde la discusión sobre el cambio climático y su implicación en los sistemas productivos agropecuarios, el cierre de la frontera agropecuaria o la restauración de los ecosistemas degradados en medio de las conflictividades, es un hito histórico. Buscar proteger nuestro patrimonio público ambiental, así como los funcionarios públicos ambientales, los lideres sociales y ambientales, las organizaciones civiles, los pueblos étnicos que protegen nuestra biodiversidad y los servicios ambientales claves de la nación, es un paso acertado en la priorización de la política de paz.
Estos y muchos otros temas aún retumban en mi memoria, y donde además tengo clara la larga fila de actores estratégicos de la nación, que quieren poner sus puntos de vista, su experiencia propia, sus expectativas y temores, alrededor de la gestión ambiental y productiva del país. He escuchado comunidades locales, empresas, gremios, ONG ambientales, funcionarios, entre muchas otras personas, que quieren poder contar lo que están viviendo, así como la génesis de sus problemáticas, y lo que creen, podrían ser soluciones, unas parciales, otras estructurales, unas de corto y otras de largo plazo. Vamos a propender por abrir esos espacios, y tener una síntesis que el país conozca.
Tenemos que ser tremendamente asertivos para poder responder a las preocupaciones que expresen todos los actores involucrados en el territorio, entendiendo que debe ser una conjunción de esfuerzos que involucren los canales institucionales, pero también rutas desde la sociedad civil, ojalá apoyadas por la cooperación internacional.
Las tensiones, algunas, también se sienten en el Congreso, más allá de los renombrados casos de las reformas que el Gobierno quiere impulsar. A pesar de la importancia de temas tan sensibles como la relación entre deforestación, apropiación y acaparamiento de tierras, con la ganadería en la región amazónica, y su repercusión con la apertura de mercados internacionales, me genera mucha incertidumbre la invisibilidad, y tímido impulso el proyecto del ley que propone adoptar un sistema de trazabilidad de la cadena ganadera, que permita estimular la zonificación ganadera en las zonas aptas legalmente para esta actividad, y de otra parte, el desincentivo al desarrollo de este sistema productivo en zonas deforestadas, además de aquellas en que la restricción legal del suelo señale su inviabilidad.¿Dónde está el apoyo de Fedegán, de los ministerios, o de Hacienda para dar la viabilidad fiscal del proyecto?
No será posible para el país, avanzar en los mercados de la Unión Europea o de Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, sin que un sistema de trazabilidad ganadera sea adoptado y desarrollado en el país, donde podamos garantizar que el origen de los productos de esta cadena no se encuentre en zonas que han sido deforestadas, o se halle en zonas cuyo suelo tenga restricciones legales para dicha actividad (incluyendo las zonas que se han invadido en territorios indígenas). Colombia debe avanzar hacia un sistema de producción ganadero moderno, sostenible, con trazabilidad, ordenado de acuerdo al estatus legal del suelo, que libere decenas de miles de hectáreas degradadas para ser restauradas y usadas en actividades intensivas, incluyendo la generación de servicios ambientales, y no continuar con el sistema extensivo insostenible de la premodernidad.
Paralelamente, registro con alegría el acuerdo que se realizó con la Andi, para trabajar conjuntamente con las empresas en la adopción de prácticas que permitan una transición ordenada a la reglamentación de la Unión Europea sobre Debida Diligencia, para evitar el comercio de productos y subproductos que provengan de zonas deforestadas con posterioridad al año 2020. Esta reglamentación, incluye, productos y subproductos de las cadenas de ganado, soya, palma, café, cacao y madera, las cuales claramente tienen una incidencia para la economía colombiana, que debe adaptar cada vez más su reglamentación a los estándares internacionales, y de forma paralela, acompañar y apoyar los productores y gremios interesados en avanzar en los mercados internacionales, así como preparar la transición para que los mercados nacionales también lo hagan, y se promueva una cultura de consumo selectivo en el país, que privilegie aquellos productos que tienen estándares de sostenibilidad y trazabilidad en el origen de su producción.
Con estos escenarios, donde la sociedad civil, el Congreso, las empresas, se mueven de manera paralela, en la búsqueda de soluciones a la conflictividad ambiental que se presenta en diferentes escalas y territorios del país, no me cabe duda que es perentorio insistir en fortalecer los lazos, puentes y escenarios para tramitar y resolver la conflictividad, fortaleciendo el ejercicio de democracia ambiental que promueve la Constitución Nacional. El movimiento, la discusión, las posiciones antagónicas, la deliberación, pueden y deben tener cabida en todo momento para avanzar en acuerdos básicos de país, para un futuro sostenible y resiliente ambientalmente, pero ante todo, con capacidad para superar definitivamente las tentaciones de la violencia.
Esperemos que este movimiento que se observa en el país, pueda ser orientado de manera constructiva, propositiva, creativa, para darles respuesta a todas las necesidades e intereses de grupos poblacionales diversos, muchos de ellos vulnerables, así como a grupos empresariales y gremios que le apuestan al desarrollo sostenible e incluyente, y a un sector político e institucional que debe ser un patrimonio de la nación para proyectarnos a un país en paz, con el ambiente y con la gente. Espero, y creo, que los distintos grupos que se encuentran en diálogos de paz, se involucren en este proceso de manera irreversible, y donde la bilateralidad de los compromisos asegure que este sea un propósito de todos.
