El Estado colombiano debe subsidiar la plaqueta electrónica que identifique a cada bovino en Colombia, su procedencia, y registre su movilidad y destino final. Como lo vimos la semana pasada, en la presentación que hicimos conjuntamente con Fedegán, Aexgán y el senador ponente, Marcos Daniel Pinedo, la evolución de los mercados internacionales exige de manera cada vez más certera el registro de procedencia y movilidad de los productos de la cadena cárnica proveniente de países tropicales –más aun aquellos donde el tema de la deforestación está identificado como una de las fuentes más importantes de emisiones– y, por supuesto, hace parte de los compromisos internacionales para la reducción de las Contribuciones No Determinadas (NDC, por su acrónimo en inglés).
El desincentivo económico para evitar la presión sobre los bosques depende en gran medida de limitar la capacidad de comercio de aquellos productos que provienen de zonas deforestadas y por las que, dependiendo de la cadena, se han establecido diferentes años de línea base para hacer el seguimiento. En el caso de la reglamentación europea, se ha definido diciembre de 2020 como fecha de referencia no solo para la cadena cárnica, sino para otros cinco productos, como son soya, palma, café, cacao y madera. Para limitar esa capacidad comercial, se requiere un sistema que empiece con la localización de los predios productores, el rastreo a su movilidad hasta centros de transformación, su diferenciación al unirse con otras fuentes de producto, y su seguimiento hasta el destino final, dando por hecho que los procesos de transformación también tendrán seguimiento.
Por supuesto, esto requiere registro y verificación de predios, catastro, identificación de propietarios, arrendatarios, usuarios y tenedores, en fin, todos los reaccionados con las unidades productivas y sus relaciones de proveedores con centros de transformación y consumo. Allí es donde en Colombia empezamos a tener grandes retos, pues, en general, no tenemos un sistema nacional de catastro actualizado a ese nivel de detalle, ni los gremios tienen tampoco información detallada de los pequeños productores, ni más aun de las relaciones de propiedad de la tierra y de los animales en sus diferentes etapas productivas. Y en la movilidad, menos aun cuando seguimos usando guías de movilización del precámbrico, manipulables, fuente de corrupción y donde seguimos camiones y no animales. Reingeniería urgente necesaria para el ICA y su sistema Sinigán, que, dicho por los propios ganaderos, “no sirve para nada”.
Y por el otro flanco, el ambiental, se viene el reto para el Ideam, que deberá ser capaz de tener información de alta precisión, en tiempo real, para poder compatibilizar el ejercicio de interoperabilidad con las bases del catastro y del Sinigán, en donde la deforestación, el ganado y los predios sean detectables para ofrecer información confiable. Sin embargo, hay partes del rompecabezas que deben articularse, como por ejemplo unir la georreferenciación de los predios, vacunas y hatos, pues hoy no se logra entre otras cosas porque hay sitios donde los vacunadores no llegan por control de los grupos armados, o porque sencillamente no hay intereses en registrar vacunación en sitios claramente restringidos.
Las cifras de crecimiento de ganado en municipios con alta deforestación muestran la urgencia de tener en funcionamiento el sistema de plaqueta electrónica en los animales, pues gran parte de este hato es posteriormente movilizado a otras regiones, donde finalizan los ciclos de levante y engorde, y se venden con la información del último paso, pero nunca se determina el origen inicial del ganado. Reto para los centros de sacrificio y las grandes superficies, que deben ser garantes de esta iniciativa para cambiar esta dinámica perversa del ‘todo vale’.
De la misma manera, hay un grupo importante de productores que están haciendo enormes esfuerzos por diferenciar su sistema productivo, incorporando elementos de zonificación ambiental, silvopastoreo, bancos de forraje, cercas vivas, protección de cuerpos de agua, rotación de potreros, recuperación de suelos y fijación de carbono, que merecen apoyo y priorización en los procesos de encadenamiento comercial, pues corren el grave peligro de caer estigmatizados bajo la misma sombra de quienes están monte adentro ‘metiendo’ el ganado. Incentivos tributarios para quienes lo hacen bien debería ser una agenda de los concejos municipales que le dé impulso a la reconversión productiva que muchos ganaderos, pequeños y grandes, están avanzando en medio de las dificultades de un país rural invivible.
A su vez, los desincentivos deberán evaluarse con quienes impactan de manera negativa los ecosistemas frágiles del país, y en contraste con otros motores productivos no tienen obligaciones de licenciamiento, compensaciones, permisos, ni ningún tipo de regulación ambiental. Es una oportunidad para el Congreso debatir sobre la necesidad de establecer sistemas de regulación para la actividad ganadera de acuerdo con su tamaño y prácticas, que permitan la recuperación de ambientes degradados y de servicios ambientales perdidos por efecto de las malas prácticas, así como también hacer más imperativo el tránsito a las prácticas de ganadería sostenible libre de deforestación. Sostenibilidad ganadera es sinónimo de ordenamiento territorial y zonificación productiva.
