No dudo que vienen tiempos difíciles para la protección del ambiente en Colombia, cuando se quieren copiar decisiones para iniciar un desmonte del aparato ambiental con la disculpa de que esto se ha convertido en un impedimento para el desarrollo económico, y ha sido además tomado por el ‘falso ambientalismo’, en donde han metido en el mismo costal desde los activistas radicales hasta la ciencia. Desde proponer el desmonte del licenciamiento ambiental, pasando por la reducción de los criterios para incluir impactos indirectos, acumulativos y sinérgicos, hasta incluir la modificación de la legislación sobre Áreas Protegidas para permitir desarrollos de hidrocarburos, minería, infraestructura y todo el paquete de ‘Proyectos de Interés Estratégico para la Nación’. En Brasil y en Perú se discuten actualmente proyectos que van en esta línea, afectando millones de hectáreas de ecosistemas protegidos que están a punto de caer en las lógicas de la transformación para el desarrollo económico. Laboratorios regionales de transformación legal, que llaman.
Las decisiones tomadas en Estados Unidos, más allá del retiro del acuerdo de París, y de retirar los fondos de cuanta agencia internacional, además de USAID, para los temas ambientales, con especial saña en el tema de cambio climático, se vienen multiplicando en otras instancias como el retiro anticipado de funcionarios públicos de agencias ambientales sin que se vuelvan a ocupar estas plazas, así como el debilitamiento financiero y jurídico.
Esta fórmula, aplicada a las Agencias del Departamento del Interior, como el Sistema de Parques Nacionales, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Servicio Forestal, el Bureau de Tierras Públicas, el Servicio Geológico, como también a las agencias como Nasa, o la de asuntos atmosféricos y oceanográficos, y cómo no, a la EPA (Environmental Protection Agency, por sus sigla en Ingles), que es el análogo de la ANLA, ha tenido un tremendo impacto en los Estados Unidos y ahora, se riega como una pandemia por nuestros países.
Esta idea de eliminar la oposición del ‘Estado profundo’ al desarrollo económico, como lo señalaba Musk, aplica para el sector ambiental con diferentes estrategias, empezando por la conocida fórmula de eliminar sus ministerios, cosa que ya ocurrió en Colombia y ahora en Ecuador, con la disculpa de “hacer eficiente el Estado” y, obvio, de ponerlo debajo y tutelado por negocios como energía, vivienda o agricultura, o bajo el eufemismo de desarrollo económico. Pero igual, cuando no se puede por esta vía, se acude a otra que también es efectiva, que es la reducción presupuestal, y por ende, con personal subdimensionado frente a la demanda de la gestión, pero también con perfiles que no logran estar muchas veces a la altura de los retos que implica enfrentar todo el volumen de la demanda pública ni tampoco su complejidad, lo que da pie a la famosa frase del sector privado: “ni tienen nivel técnico, ni responden a la velocidad que requiere el desarrollo económico”. Aplica por igual a las críticas que le hacen a la ANLA, las corporaciones, parques o el ministerio, a los cuales ven con recelo y desdén.
Pero, además de tener claras las ganas de algunos sectores de reducir a su mínima expresión la institucionalidad ambiental y su marco legal, también es importante revisar con sentido crítico lo que está ocurriendo. La creciente tendencia al bloqueo social de gran cantidad de proyectos, de proyectos de cualquier tipo –ya sean mineros, de carreteras, eléctricos, hidroenergéticos, de energías alternativas o petroleros, entre otros–, muestra un preocupante panorama donde cualquier proyecto, de entrada, es condenado sin remedio. Y son alternativas de compensación, mitigación, manejo de impactos, aplicación de estándares ambientales y sociales para áreas de alta sensibilidad: en fin, pareciera que ya nada es posible en muchos casos. A veces no solo es el bloqueo social, sino que también entran a terciar los grupos armados, que ya sea bajo la infiltración, negocian la tarifa, o definitivamente bloquean donde no hay contraprestación suficiente a su demanda. Y de remate, la institucionalidad, en ocasiones, también tiene ‘manzanas podridas’ que de a poco se vuelven bulto, y tienen hastiado el sector privado.
Esto, sin contar con el tema de consulta previa, que también está llegando a un punto de explosión de tensiones. Y hay posiciones que van desde querer desaparecerla, en tanto que otros quieren reglamentarla y abreviarla, y otros a continuar con ésta como mecanismo de presión y extorsión económica. A esto se pueden sumar hoy los paros, asambleas, consultas y cuánto mecanismo existe para manifestar posiciones de rechazo a las iniciativas de proyectos económicos, pero también a la reglamentación misma del Estado frente al ordenamiento del uso del suelo, que puede ir desde el paro por la delimitación y zonificación de los páramos, como el rechazo a la creación de las áreas de protección agroalimentaria por parte de otros sectores.
Con las ONG ambientales también se vienen raudales y espineros. El gruñido de Trump a Soros es la mejor expresión de la rabia acumulada. Para todas las tendencias hay su menú, y para ello, ver lo que el ‘ecosocialismo’ venezolano ha hecho liquidando al ambientalismo de la sociedad civil, lo mismo que los intentos de la Pachamama boliviana. En Perú, la ley APSI saca los colmillos intentando controlar presupuestos, temas, territorios y enfoques de intervención de las ONG. Aquí en Colombia, cada gobierno intenta controlar la APC e iniciar el camino del control o sumisión. Bolsonaro declaro a las ONG como las que iniciaron los incendios de la Amazonía. Burdos todos en su estrategia para liquidar la democracia y diversidad ambiental.
Una institucionalidad pública ambiental empobrecida, debilitada y en contracción, solo sirve a intereses particulares que se quieren imponer sobre el interés general. Es muy importante poder avanzar en acuerdos de Nación, en medio de esta campaña que se avecina, para proteger y fortalecer esta institucionalidad y marco legal ambiental, así como transformar y dar los debates de lo que nos tiene estancados, con mayores conflictos y con la tentación de algunos de aprovechar este panorama para borrar de un tajo lo construido en décadas y lanzarse ferozmente a los territorios para “traer el desarrollo que el ambientalismo condenó”. Atentos, pues.
