(Gracias, Fundación Alejandro Ángel Escobar)
Cuando el Estado carece de capacidad territorial suficiente, el vacío no permanece vacío: otros actores construyen reglas, ejercen coerción, regulan economías y disputan las rentas provenientes del territorio y transforman el paisaje a su antojo, incluyendo aquello que llamamos “valores de conservación ambiental”. Eso es lo que he pretendido explicar de mil maneras, desde que hace 10 años empezamos a monitorear la deforestación, precisamente luego del acuerdo de paz con las FARC., donde veíamos un cambio enorme en la velocidad de transformación del territorio que no estaba ligada exclusivamente a la pérdida de bosques, sino a un proceso amplio de repoblamiento, que incluyó desarrollo de miles de kilómetros de vías, entrada de millones de vacunos, creación de decenas de veredas, una explosión de cientos de dragas recorriendo ríos y nuevas zonas de cultivos de coca, corredores de marihuana. Pero, al mismo tiempo, creación de guardias campesinas, reclutamiento desaforado de menores de edad, y una pérdida progresiva de la presencia y gestión institucional de todos los sectores en el territorio.
Esto ha sucedido en los últimos 10 años, en los que han existido diferentes orientaciones políticas de gobierno central, lo cual indica que hay un problema estructural en el funcionamiento de un Estado en varias regiones del país. Y especialmente donde confluyen las instituciones débiles (y por ende susceptibles a la corrupción o sometidas), las economías ilegales en gran escala, los grupos armados y poblaciones en alto grado de vulnerabilidad, así como ausencia de derechos básicos y pobreza multidimensional, y que terminan sometidas por voluntad o por violencia sistemática donde se generan nuevas reglas y formas de administración de justicia, tributación uso del suelo y seguridad a este nuevo orden. Yo he insistido en llamar este fenómeno como “cooptación subnacional”, y llamo la atención de que esta condición si bien es muy fuerte y extendida en territorios como la Amazonía, también se presenta en zonas como Nariño, Cauca, Chocó (Andén Pacifico) o en el eje Chocó-Antioquia-Sur de Bolívar- Santander, el eje Arauca-Cesar, o en la Sierra Nevada, por mencionar casos emblemáticos.
La existencia de territorios en alto estado de conservación, como los parques nacionales, los resguardos indígenas y áreas de comunidades negras, se han convertido en un ‘objetico’ estratégico de la disputa por este control territorial, que es la base de los diferentes proyectos de captura de un Estado fallido subregional, que usualmente son visibles públicamente por el componente de violencia física, pero muy pobre, y sospechosamente, analizados en la ausencia de economías licitas fuertes o de dotación de bienes públicos, o de acceso a derechos básicos de justicia, alimentación, tierra o salud. La conservación, en Colombia, y en algunos países fronterizos, coincide con las zonas donde las instituciones son más débiles, los derechos ciudadanos más vulnerados, la economía dominante más ilegal, la ‘seguridad y justicia’ cada vez más ejercida por grupos armados ilegales, la inversión y el sector privado ausente cada vez más y las inversiones en bienes públicos (como carreteras, escuelas y puestos de salud) son hoy determinadas por los grupos armados ―incluso con recursos públicos―, y los funcionarios públicos son amenazados, desplazados o parte de la nómina ilegal. Todo esto impulsado por un motor de demanda internacional sin freno ni moral, que compra coca, oro, coltán, niobio, marihuana, carne, tierras y aceites sin preguntar de dónde vienen y cómo llegaron.
En palabras del premio nobel James Robinson, a quien pude escuchar directamente este año, el crimen organizado no solamente aprovecha la debilidad institucional, sino que puede contribuir a reproducirla. Si controlar tierra, oro, madera, ganado, coca o corredores genera rentas extraordinarias, existen fuertes incentivos para impedir que aparezcan instituciones capaces de regular efectivamente esos recursos y eso es exactamente lo que está ocurriendo en los territorios de los cuales depende la seguridad climática de la nación. Esto nos ha llevado a proponer un enfoque de ‘seguridad multidimensional’ para la atención del ambiente de manera integral, empezando por recuperar el reconocimiento de derechos de las poblaciones que hoy son víctimas ―Global Witness nos vuelve a registrar como el país más riesgoso del mundo para defensores ambientales―, el fortalecimiento de la institucionalidad con competencias en esos territorios, el desarrollo de economías lícitas que sean una opción para las poblaciones y, obvio, recuperar la seguridad física, el acceso a la justicia y la participación política de las poblaciones. Y claro, corresponsabilidad internacional, pues el motor económico de este desastre está en las grandes economías del mundo.
No habrá ambiente sano para todos sin Estado integral.
Este jueves recibimos en la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Mención de Honor en la categoría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Recibimos con humildad esta distinción, que recoge nuestro esfuerzo de estos años por salir de la frontera conceptual del ambiente disociado de la realidad territorial e internacional, y más aún, de generar información para la mayor cantidad de personas que independiente de sus disciplinas, o formación académica, puedan acceder a datos confiables, en tiempo real, y con una visión interdisciplinaria que no caiga en la tentación de simplificar lo complejo.
Gracias por ayudarnos a perseverar en este tiempo cuando generar información certera para la incidencia es cada vez más difícil y riesgoso.
