El oro de hoy, es el narcotráfico de ayer. Creo que cualquier proceso de negociación, dialogada o por sometimiento, que quiera llegar a las entrañas del conflicto, deberá incluir el acceso a los yacimientos y depósitos auríferos que hay a lo largo y ancho del país, sobre los cuales recae hoy gran parte del peso de la bonanza económica en muchos territorios, así como el crecimiento inusitado de las exportaciones “legales”, y de la financiación del conflicto. Y el caso de la Serranía de San Lucas es un ejemplo de ello.
Pocas oportunidades de dejar una huella imborrable en la sostenibilidad de la Serranía de San Lucas, como la que tiene este Gobierno para declarar el Distrito Nacional de Manejo Integrado. Este territorio, que se encuentra en el corazón de la cuenca media del Magdalena, juega un papel estratégico en la regulación del agua de esta parte del país, además de ser la pieza maestra de la conectividad entre los biomas del Pacifico, la planicie caribeña y los Andes, entre el gran Paramillo y el Catatumbo. En los últimos 10 años, la Serranía ha sido afectada poderosamente por una explosión sin precedentes de minería de oro, tanto ilegal como formal, que ha sido atizada aún más por la disputa de los tres principales grupos armados, esto es, el EGC, ELN y disidencias de las Farc, pues además de ser un corredor estratégico que va de lado a lado del país, entre Panamá y Venezuela, en su recorrido se encuentran dos poderosas fuentes de financiación para sus estructuras, que son los yacimientos de oro y el narcotráfico.
Lo interesante de este proceso es que después de más de década y media de iniciarse, un conjunto de organizaciones sociales, acompañadas y apoyadas sin descanso por Parques Nacionales, han pasado por más de cuatro gobiernos construyendo lentamente los consensos superando los intereses de cada sector, municipio, gobernación, corporación, ministerios y gobierno de turno. En medio del recrudecimiento de la guerra, así como de las presiones armadas por el dominio territorial, se ha mantenido una consigna que me parece fundamental: el reconocimiento de la función reguladora hídrica de la Serranía, y la necesidad de mantener sus bosques para su funcionamiento. Hoy ya hay ríos y quebradas de las cuales no se puede tomar agua por sus niveles de contaminación; la Serranía ha tenido su proceso de intervención más fuerte en construcción de trochas y vías ilegales desde que la entrada de grandes retroexcavadoras andan rompiendo monte para llegar a las vetas, impulsadas por esa decisión de los grupos armados en expansión de tomarse San Lucas con todo su poderío militar y económico.
Sin embargo, allí se encuentran aun dando su lucha por subsistir las más de 400.000 hectáreas de bosques más importantes del centro-norte del país. Y en ese contexto se ha avanzado en un proceso que pone a prueba dogmas, resistencias y expectativas de unos y otros sobre la zonificación y reglamentación que podría desarrollarse allí, donde hay procesos mineros, de agricultura, de conectividad, de poblamiento en medio de la Reserva Forestal Nacional, que a su vez tiene diferentes categorías de zonificación en virtud de los niveles de transformación que ha sufrido previamente. Muchos de quienes tiene expectativa minera quieren asegurar los potenciales procesos de sustracción de la reserva no vayan a ser frenados por su régimen de uso, y a su vez, que las actuales actividades mineras puedan ser enmarcadas bajo una categoría de uso sostenible.
Entonces, aquí quiero destacar que el primer gran consenso se ha logrado: dos gobernaciones, varias alcaldías, dos corporaciones, tres ministerios (Minas, Agricultura y Ambiente), así como asociaciones de pequeños mineros, campesinos y agricultores, ya están en un punto donde podrían avanzar en el acuerdo de una zonificación general que permita posteriormente allanar los detalles y escalas de los temas que aún no han conciliado totalmente.
Esto, para poder pasar a una fase definitiva de creación del Distrito, pasando por una resolución que ya debería estar redactándose en el Ministerio de Ambiente, lo mismo que una conciliación de posiciones entre Minas y Agricultura, y llegando a un acuerdo entre corporaciones que pueden llevar la vocería de sus gobernaciones y municipios. En términos prácticos, para los próximos 100 días se debería avanzar sobre la propuesta de ordenamiento delimitada y tener una zonificación general, construida con las contrapropuestas presentadas por los municipios y, principalmente, con las organizaciones sociales que han permanecido firmes en la idea de desarrollar un modelos de conservación y desarrollo que les permita su sostenibilidad de futuro, participando de manera central en el modelo de gobernanza que se plantee para el área, dado que es indiscutible que, en un contexto de confrontación armada, solo será posible su viabilidad contando con la voluntad y participación de las organizaciones sociales en el desarrollo de los planes de manejo que se formulen para conciliar la restauración, desarrollo económico y preservación de su patrimonio ambiental. Es hora de que la sensatez prime sobre los protagonismos, o los tecnicismos inflexibles, y más aún el espíritu leguleyo de nuestros funcionarios.
Vale la pena dedicar unos minutos de alguno de los consejos de ministros que se vienen, u otros espacios, para poner este tema en la agenda de cierre de gobierno, y se pueda sellar la preservación de la Serranía dotándola de una herramienta poderosa que, desde lo ambiental, puede ser fórmula para entender cómo el país tendrá que enfrentar en el futuro una creciente tensión entre su ordenamiento ambiental y territorial con los procesos que adelantan los diferentes grupos armados y las poblaciones que van quedando bajo su domino y orientación. La paz ambiental pasará por el ordenamiento territorial, y en ello, los grupos armado jugarán un papel central sea de manera directa o con otras formas de expresión política. Interesante reto para los candidatos a la Presidencia.
