¿Desarrollo en la Amazonía y Orinoquía? ¿Para qué y para quién?
Construcción de soberanías y autonomías territoriales
La Amazonía y la Orinoquía colombiana ocupan el 59 por ciento del territorio colombiano. Las selvas tropicales amazónicas biodiversas desempeñan un papel fundamental en el equilibrio ecosistémico del planeta y del país, ya que cuentan con una enorme diversidad biológica y cultural y de reservas hídricas, que en su conjunto constituyen una salvaguarda frente a las crisis climáticas.
La mayor parte de este hábitat está ocupado por pueblos indígenas y por áreas protegidas, y también en las zonas en donde han existido frentes de colonización, por una importante población campesina. A su vez, la región de la Orinoquía está conformada por extensas sabanas tropicales bañadas por un complejo de ríos y bosques de galería. Son ecosistemas muy frágiles y vulnerables, presentan suelos de baja fertilidad y fuertes restricciones ambientales y socioeconómicas para implementar actividades productivas industriales y extractivas intensivas, integradas a la economía global.
Históricamente allí las poblaciones locales utilizaban sistemas productivos tradicionales basados en la ganadería extensiva y agricultura, acordes con las potencialidades agroecológicas de estos ecosistemas. Los últimos dos gobiernos, Uribe y Santos, han priorizado el valor estratégico de estas dos regiones para ser incorporadas al desarrollo económico del país, a través de políticas públicas y marcos jurídicos que permitan la inversión en proyectos productivos agroindustriales en la Orinoquía; de economías “verdes” en la Amazonía; de exploración y explotación petrolera en el Meta y en gran parte del piedemonte de estas dos regiones y para actividades de minería, entre otras.
En la altillanura actualmente se presenta un fuerte desarrollo agroindustrial, que ha crecido paralelamente al proceso de acaparamiento de tierras por parte de grandes poseedores e inversionistas a través de legalización de baldíos de la nación y adquisiciones de tierras de forma ilegal y de buena fe; lo que ha llevado a la expulsión de la mayoría de propietarios y poseedores que históricamente vivían en esta región.
A pesar de estas restricciones ambientales, los grandes inversionistas han cambiado el uso de la tierra, estableciendo grandes extensiones de cultivos de maíz transgénico, caña de azúcar y palma aceitera para producción de agrocombustibles y de plantaciones forestales, que avanza a través del eje Puerto López, Puerto Gaitán, Vichada. En esta región se pretende extrapolar el modelo productivo del “cerrado brasileño”, como el horizonte tecnológico y modelo económico a seguir, a pesar de los fracasos de sostenibilidad presentados a largo plazo en esta región amazónica.
El gobierno nacional le ha mostrado al país y al mundo, a la Altillanura como la última frontera agrícola nacional, con gran potencial para establecer más de cuatro millones de hectáreas de agricultura a gran escala, para el consumo nacional y con fines de exportación. En este contexto el gobierno aprobó la ley 1776 de 2016 (Zidres) y el Conpes 3917 de 2018 que delimita las zonas con potencialidad para Zidres; el cual determinó en la Orinoquía 5.5 millones de hectáreas, de las más de 7 millones de hectáreas potenciales en el país.
La región amazónica históricamente ha presentado conflictos socio-ambientales relacionados con el conflicto armado (grupos armados); el establecimiento de cultivos de uso ilícito; deforestación en aumento; actividades minero energéticas (legales e ilegales); proyectos agroindustriales y de economías verdes (REDD+); conflictos territoriales entre resguardos indígenas, áreas protegidas y frentes de colonización; débil participación ciudadana en la definición de políticas públicas y planes de desarrollo en la región, entre muchos otros problemas.
Luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, el proceso de implementación de estos acuerdos ha sido muy pobre, especialmente en los puntos 1 y 4, relacionados con la reforma rural integral (RRI) y el Programa Nacional de Sustitución Integral (PNIS).
El gobierno por el contrario, ha sacado adelante normas que buscan profundizar el modelo agroindustrial, como son los casos de la ley 1876 de 2017 de innovación agropecuaria y el documento Conpes de Zidres; y también está tramitando un nuevo proyecto de ley de tierras que busca hacer una profunda reforma a la ley 160 de 1994, entre otras. Tampoco el gobierno ha mostrado compromiso en implementar el PNIS como estrategia de sustitución integral de cultivos de coca.
La salida de la guerrilla de las Farc de territorios de la Orinoquía y Amazonía coincide en estas regiones con otras actividades que profundizan los conflictos socio ambientales, como es el incremento descomunal de la deforestación y la quema de las selvas (según el IDEAM, en 2017, el país perdió una superficie de bosques de 250.000 hectáreas, es decir, aumentó en 40 % la tasa de deforestación con respecto a 2016); el aumento del área de cultivos de coca; el avance de la frontera agrícola; el aumento de grupos armados disidentes y emergentes y el asesinato y amenazas de líderes sociales, entre otros problemas.
Pese a este panorama que actualmente atraviesan la Amazonía y la Orinoquía, en estas regiones existen numerosas iniciativas de poblaciones y comunidades indígenas y campesinas, que buscan construir propuestas de producción sostenibles, basados en el manejo de la biodiversidad y de cultivos agroforestales amazónicos, el aprovechamiento de los productos forestales no maderables del bosque, los planes de ordenamientos territoriales indígenas y campesinas y los procesos formativos de las mujeres.
Se destacan también las iniciativas organizativas para la defensa de los territorios y de las formas de vida de estas las comunidades de las regiones.
