La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Center for Clean Air Policy (CCAP) analizaron el comportamiento de la deforestación en áreas donde se han financiado proyectos REDD+ del mercado voluntario de carbono, un insumo que arrojó varias recomendaciones para que mejoren su efectividad.
La agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra como la conversión de tierras forestales en pastizales, son la principal fuente de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Colombia. En 2018, este sector concentró el 59,1 % del total de emisiones del país.
Esto evidencia que la deforestación es el principal problema ambiental y de contribución al cambio climático en el país, generado por motores como la apropiación de baldíos, la ganadería extensiva, la construcción de vías, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito.
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Debido al desarrollo de instrumentos, normatividad y mecanismos financieros, en los últimos años Colombia ha avanzado en una apuesta que permite reducir los GEI y la deforestación: los mercados de carbono a través de proyectos REDD+ (reducción de emisiones por deforestación y degradación).
Aunque estos instrumentos han demostrado ser eficientes para implementar proyectos de certificación y comercialización de resultados de mitigación, a nivel global han sido objeto de críticas por la calidad y beneficio real en materia ambiental.
Ante esto, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Center for Clean Air Policy (CCAP) evaluaron el comportamiento de la deforestación en áreas donde se han implementado proyectos REDD+ del mercado voluntario de carbono en Colombia.
A partir de un análisis se encontraron 123 proyectos forestales en 14 millones de hectáreas del país, de los cuales 71 son REDD+ y 52 de reforestación o restauración. El 56 % está en fases de factibilidad o idea y el restante entre procesos de verificación y recepción de pagos.
“16 proyectos REDD+ han certificado resultados de mitigación, 10 son desarrollados en áreas de consejos comunitarios afros, cinco en resguardos indígenas y uno con campesinos. 13 de estos proyectos cumplieron con los requisitos para un análisis de medias de tasas de deforestación”, dice el análisis de FCDS y CCAP.
El análisis mostró que las tasas de deforestación son menores en las áreas de los proyectos REDD+. Sin embargo, evidenció que es mayor el efecto de los procesos de titulación colectiva y gobernanza territorial (resguardos indígenas y consejos comunitarios afrocolombianos).
“Los proyectos REDD+ con resultados de mitigación no se ubican predominantemente en los núcleos activos de deforestación. Aunque constituyen un sistema de contingencia ante amenazas futuras, su aporte en la reducción de la deforestación nacional es limitado”, advierte el análisis.
Recomendaciones
Según Rodrigo Botero, director de la FCDS, el objetivo principal de este análisis es tener una mirada independiente sobre el desempeño de los proyectos REDD+ y generar recomendaciones para mejorar su efectividad.
“Es importante aclarar que solo se analizó el impacto de los proyectos del mercado voluntario de carbono en las tasas de deforestación, es decir que no se evaluaron en términos de reducciones o absorciones de GEI”.
Entre las recomendaciones del CCAP y la FCDS está mejorar el monitoreo constante sobre la eficacia de las inversiones canalizadas a través del mercado voluntario de carbono y los proyectos REDD+, incluyendo su impacto en las tendencias de deforestación.
“Estos proyectos requieren un abordaje diferenciado respecto al comportamiento de la deforestación en las áreas donde se ubican. Por ejemplo, aquellos con tasas de deforestación cercanas a cero deben distinguirse en el tratamiento de los que enfrentan procesos activos de pérdida de bosque”.
Fortalecer las estructuras de gobernanza comunitaria de los bosques en el marco de las iniciativas REDD+ debe ser una prioridad. “Esto se puede propiciar desde la política pública a través de la formulación de un sistema de salvaguardas vinculante diseñado a la medida de los proyectos del mercado voluntario”.
Por su Parte Martin Perez, coordinador de mercados de carbono en CCAP, menciona que los mercados deben ser una herramienta para el bienestar comunitario y ello tiene dos pilares, el primero la calidad pues sin ella las empresas sistemáticamente dejarán de financiar los proyectos mediante la compra de carbono certificado y en segundo lugar, la gobernanza comunitaria sobre los proyectos, pues la efectividad en la conservación de los bosques nunca se logrará sin la gente conviviendo armónicamente con los ecosistemas y si los recursos se quedan en la intermediación. Estas variables deben ser del interés de las empresas privadas que compran los certificados y preferiblemente tener un marco institucional público que garantice su cumplimiento.
“El carbono certificado proviene de los cambios de comportamiento y en esencia del fortalecimiento de comunidades rurales para la administración sostenible de sus territorios, por ende también es una agenda social”, dijo Pérez.
El análisis recomienda que la agenda de los mercados de carbono y proyectos REDD+ se articule con estrategias para mejorar la presencia estatal y la seguridad en los territorios en cuestión, a fin de mejorar la seguridad jurídica y viabilidad de los proyectos y garantizar los derechos de las comunidades y actores involucrados. Así, se busca consolidar los mercados de carbono e iniciativas REDD+ como un elemento importante dentro de una agenda más amplia de desarrollo, construcción de paz y conservación a nivel local y nacional.
Para Botero, adicionalmente, la mejora de los proyectos REDD+ en Colombia debería incluir, de forma paralela, avanzar en la agenda de titulación de tierras, aclaración de la tenencia, uso y acceso, y fortalecimiento de la gobernanza territorial.
“Es relevante que la agenda se articule con estrategias para mejorar la presencia estatal y la seguridad en sus territorios. Se busca consolidar los mercados de carbono e iniciativas REDD+ como un elemento importante del desarrollo, construcción de paz y conservación”, puntualizó.
