Hace años, recorría las playas del rio Caquetá, al sur del resguardo Mirití, buscando los nidos de tortuga charapa, para proceder a su reubicación en zonas donde terminaban su periodo de incubación sin riesgo de que se perdieran por aumentos súbitos del caudal. Cada playa estaba monitoreada, sabíamos su ubicación, su altura frente al nivel del río en cada estación, y la condición del sustrato arenoso y arcilloso que determinaba también la viabilidad de la eclosión y, por la temperatura interna, el sexo con que nacían los tortuguillos de una especie amenazada, que a finales del siglo XIX había alumbrado las calles de Popayán con el aceite que comerciaban los indios Carijona con los payaneses.
Hoy, esas playas quedaron convertidas en enormes cráteres por donde ha pasado la extracción minera ilegal y armada durante las últimas dos décadas, y ya las tortugas encuentran más difícil tener las playas de anidación, sus poblaciones están en riesgo y la alimentación de las poblaciones indígenas también: hubo una época en que la charapa era un poderoso motivo para hacer mingas para tumbar chagra con hachas entre Yukuna, Mirañas, Boras y otros más.
Ya en el contexto nacional actual existe cada vez más una enorme influencia de la extracción ilegal de oro en las rentas nacionales, así como en las cifras de exportación. Supondría yo que, si hay tal actividad, es porque existe una oferta grande, en gran parte del territorio nacional, donde no ha sido regulado su acceso ni determinados los parámetros técnicos para su implementación. Algo que se repite una y otra vez desde las movilizaciones sociales hasta las mesas de dialogo con grupos armados, es la reiteración en buscar el acceso a la explotación del oro, y que este no sea solamente otorgado a grandes empresas mineras. La democratización en el acceso al recurso es probablemente el centro de la discusión y la ‘punta de piola’ para resolver gran parte de los conflictos que se dan en varias partes del país.
En otra esquina de esta discusión están los conflictos por la visión del ordenamiento productivo del territorio, que podríamos ejemplificar en lo que ha ocurrido en algunas partes del país con las propuestas de creación de Áreas de Producción Alimentaria, (APAs) y los procesos departamentales para la generación de zonas mineras. En ese orden de ideas, lo que empieza a configurarse es un escenario donde hay mayor conflicto o restrictividad por la reglamentación formal del uso del suelo entre lo agropecuario, lo ambiental y lo minero, el cual está llegando a un punto de máxima tensión. Pero por el otro lado está la tensión en el acceso al recurso aurífero en unos casos directamente sobre áreas que han sido tituladas anteriormente a empresas, y en otros donde los actores armados ya controlan las zonas de producción y regulan a quienes pueden acceder y las formas de tributación para alimentar su capacidad militar y política.
Desde lo ambiental, los conflictos del oro no son solamente porque su extracción se está dando en zonas donde hay restricciones de usos del suelo —ya sean las reservas forestales, los parques nacionales, los páramos y los ríos—, sino porque su impacto directo e indirecto está degradando esos territorios de forma acelerada por la enorme movilización de poblaciones que genera, así como el desarrollo de conectividad vial no planificada y las presiones de alimentación y energía que se dan alrededor de estas actividades. Miles de toneladas de sedimentos están cayendo sobre ríos que están disminuyendo poderosamente su capacidad de sostener los ecosistemas acuáticos funcionales. Otros miles de hectáreas de suelo han perdido su capacidad productiva, además de su cobertura, quedando enormes pasivos ambientales y poblaciones cada día con menos posibilidad de supervivencia y seguridad alimentaria. Sin la restauración de estos ecosistemas degradados, será imposible pensar en una salida con justicia ambiental y social.
Al no tener una caracterización detallada de toda la oferta, además de un proceso actualizado de reglamentación para nuevas zonas que aparecen con potencial aurífero, pues se da este fenómeno de invasión masiva del territorio nacional por parte de diferentes grupos, unos armados, otros ilegales a la sombra y otros legales que terminan el trabajo sucio para darle salida a ese enorme negocio. Lo que estoy proponiendo es avanzar en figuras de uso del suelo que incluyan la visión de interés nacional sobre los servicios ambientales prioritarios, así como darle criterios técnicos al desarrollo de minería de distintos niveles de intensidad que puedan ser mitigados y manejados para ecosistemas cuya resiliencia lo permita, y el desarrollo técnico de exploración y producción que reduzcan el impacto ambiental de los sistemas que se usan hoy.
Entonces, la pregunta obligada es: ¿podemos pensar en una zonificación que permita darle salida regulada a la presión que hay de la demanda y oferta del mercado del oro y que además incluya una democratización en el acceso al recurso? ¿Es posible pensar en esquemas de asociación de empresas y grupos comunitarios de manera amplia?
Soñar no me cuesta nunca, y menos cuando la actual condición es indeseable y está potencializando el conflicto social armado y económico del país.
