Leyendo algunas investigaciones de universidades colombianas, me encuentro con este texto: “Sólo en Colombia, los derrames de petróleo, superan 11 veces la tragedia del buque petrolero Exxon Valdez en Alaska en 1998, considerado uno de los mayores incidentes de contaminación de petróleo en el mundo, derramando más de 11 millones de galones al mar; o en el golfo de México en 2010 donde se vertieron 13 millones de galones en el océano Atlántico” ,“para dar un ejemplo, solamente en el Oleoducto Caño Limón Coveñas, en cerca de 19 años de operación, han ocurrido más de 1000 ataques, que han provocado el derrame de 3 millones de barriles de petróleo crudo que han ido a parar a cuencas y ecosistemas tropicales”. (Velásquez J. 2017)
Paralelamente, el marco jurídico colombiano ha avanzado desde la Ley 2111 de 2021, que tipifica, entre otras, el ecocidio en el artículo 333 del Código Penal, que es definido en su parágrafo 2do “como el daño masivo y destrucción generalizada grave y sistémica a los ecosistemas”.
Finalmente, en años recientes se crea un primer panel de expertos independientes, conformado por 12 juristas, el cual publicó el primer informe sobre la definición de ecocidio, con el fin de tipificarlo como crimen internacional en el Estatuto de Roma.
Señala el mencionado panel: “A los efectos del presente estatuto, se entenderá por ecocidio, cualquier acto ilícito o arbitrario, perpetrado a sabiendas de que existen graves daños que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.
Arrancó la semana con las imágenes del “tubo” en llamas, y con ello, el cambio frente a los atentados a la infraestructura petrolera. Durante algunos meses, el proceso de diálogo permitió un cambio al respecto, y algunas ilusiones alcanzaron a pasar la mente de quienes esperamos cerrar este capítulo de violencia contra el ambiente, la gente y todo lo que de allí se deriva. Pero, la realidad, el ataque sistemático contra los tubos (Caño Limón, Bicentenario, etcétera), nos evidencia, que esa acción pretende ser continuada e intensificada. Desde las ciencias de la evaluación de impactos, esto es lo que se denomina una generación de impactos acumulativos y sinérgicos, lo cual significa que no es simplemente el resultado que cada atentado, derrame, el que está afectando el ecosistema en su conjunto, sino el acumulado de cientos de ataques, durante décadas, que van impactando el ecosistema, y van minando su resiliencia, es decir su capacidad de recuperación natural, independientemente de las acciones que se lleven a cabo para la recuperación del crudo. La sinergia, es cuando el ecosistema entra en crisis, por un efecto conjunto que magnifica la crisis del sistema, aumentando su magnitud, duración, e impacto, más allá de lo que cada variable expresa.
En el suelo, la vegetación, el agua, por señalar algunos elementos, cada derrame, va generando una carga adicional que hace más difícil que la anterior, la recuperación de las funciones de cada ecosistema afectado. Es cierto que hay otros impactos que se suman al derrame de petróleo de los atentados, pero esto no quita su magnitud, ni tampoco el efecto de su sistematicidad, periodicidad, y ubicación. Estas regiones, afectadas por diversidad de impactos, incluyendo actividades licitas, llevan una carga adicional que los pone cada vez más cerca de puntos de inflexión donde se puede perder la resiliencia y se conviertan en espacios inhabitables para comunidades locales más allá de lo que también impactara la base ecosistémica.
Siempre existirán disculpas y formas de echar la culpa “al sistema”. Que la explotación petrolera legal hace lo mismo, que el modelo extractivo nos condena a la pobreza y sumisión, que el extractivismo es la raíz del conflicto, o que la transición energética son una imposición del neocolonialismo europeo en su guerra contra Rusia, suelen ser argumentos de cada declaración para justificar lo injustificable. Los impactos de las actividades petroleras y mineras, legales o ilegales, han sido puestos en una mesa de diálogo, lo cual de por si es inédito y evidencia la enorme apertura política para generar consensos. Sin embargo, “pegarle al tubo”, pareciera más fácil que hablar seriamente sobre transición energética, o del papel de los hidrocarburos en la transición, o de la relación de los atentados con la extorsión.
Nada de esto cambiará seriamente una política energética, ni los criterios para aliviar los impactos sociales y ambientales de las industrias extractivas. Esto, se hace dentro del marco legal, que algunos ven con tanto desdén como de arrogancia autista. Los grandes cambios se generan poco a poco, con trabajo social, técnico, político y legal, en medio de la emergencia planetaria por un calentamiento que está íntimamente relacionado con esta industria, que a su vez será pivote fundamental de la transición. Durante este año y el anterior, hemos visto numerosos eventos donde la participación de las organizaciones denota un inmenso interés en transformar los modelos de seguridad energética para el país; pero, todo ese interés se puede ver truncado abruptamente mientras se configura un ecocidio a los ojos del mundo. Es hora de retomar la discusión, juiciosa, y consecuente con la premisa de respetar la Madre Tierra.
