La biodiversidad, los bosques y la democracia se pierden a la velocidad del precio del oro en una gran parte de nuestra Amazonia. De manera obsesiva, sigo explorando la terrible condición de la zona más biodiversa y conservada del planeta; la Amazonia noroccidental, donde confluyen seis países amazónicos incluida Colombia. Allí, un elaborado, complejo y siniestro modelo, con características económicas, políticas, armadas, sociales y culturales se viene consolidando, mientras lo que conocíamos como partes de los Estados se va derrumbando rápidamente.
Algunas de las características de este modelo, incluyen, con mayor o menor preponderancia:
La economía ilegal es más fuerte que la promovida por el Estado. El precio del oro está en el nivel más alto de la historia, animado por guerras y mercados especulativos además de jeques que compran sin saciedad y con suciedad, mientras la trazabilidad es una quimera, como lo demuestra el famoso almacén “Costco” en Washington, donde ahora se venden barritas de oro junto a la sección de chicles y chocolates sin trazabilidad alguna. Igual, la coca vuelve y repunta, creciendo en varios países, y el consumo disparado, todos siguiendo el camino al oriente del continente, coronando el África, paso previo a Europa. Caso similar al de la marihuana, que ahora consolida este corredor entre el occidente colombiano, en el Cauca, con el mercado brasilero y del sur continental, que está casi al nivel de rentabilidad de la coca. Y por supuesto, con un mercado del oro, que logra pasar tan fácilmente a la cadena de la “legalidad”, pues la gran máquina de lavado tiene el combustible perfecto para invertir millones en tierras, ganado de fachada, y otras actividades en zonas ya consolidadas de la frontera agropecuaria continental.
Dados los bajísimos niveles poblacionales y su baja participación en el famoso PIB, históricamente los gobiernos han destinado una fracción exigua de su presupuesto, para el funcionamiento institucional, y menos aún, para procesos de inversión que jalonen el desarrollo de economías formales más allá de lo que deja la actividad minero energética legal, que es baja comparativamente al tamaño de territorio. Entonces, para la población local, es claro que sus posibilidades más cercanas, están en las economías ilegales y todo lo que de allí se desprende. Es absolutamente difícil, lograr desarrollos económicos legales, que sean atractivos para las poblaciones en medio de este chorro de dinero que impulsa el dúo coca/oro, y la facilidad con que este precioso metal se incorpora en las cadenas financieras “licitas” que van de lo nacional a lo internacional y todos, mirando para arriba.
El control territorial lo tienen los grupos armados ilegales y la aplicación de justicia se hace bajo un marco de ilegalidad e informalidad, basado en las reglas de los actores ilegales. En estas zonas fronterizas se han instalado diferentes modalidades de grupos armados, con capacidad de hacer presencia territorial permanente, control sobre la población e imposición de reglamentos, normas, leyes, en fin, de sus sistemas de ejercicio de autoridad, que resultan tristemente mucho más efectivos, claro, perceptible para toda la población, lo cual hace que además, desconozcan y rechacen la legislación y normatividad de los gobiernos, y más aún, de aquellos del orden subnacional o local. El uso y control de las armas y administración de la justicia ha pasado a manos de estos grupos.
La lealtad de la gente es hacia los grupos armados ilegales y sus formas de organización. No reconocen el marco legal de los estados, que poco o nada inciden, ya sea positiva o negativamente en sus cotidianidades. La gente percibe que sus necesidades económicas se resuelven por la vía de los grupos ilegales, así como de la administración de “justicia” o imposición normativa bizarra, que incluye, la posibilidad de ”traer” inversión pública e institucionalidad, cuando lo consideran pertinente los grupos, así como su rechazo e imposibilidad de entrar al territorio, por considerarla inapropiada a sus intereses, lo cual ha llegado a ser una práctica cotidiana en la mayor parte de las zonas donde alguna vez hubo presencia institucional, en temas como el Catastro, dentro de lo más llamativo. También reconoce que el control y seguridad territorial, depende de estos grupos, y por tanto, se pierde rápidamente esa pizca de lealtad hacia los sistemas gubernamentales, tan lejanos y apáticos, a la suerte de estas poblaciones, que, curiosamente, no suman ni el 1 por ciento de la población total de los países de la cuenca. Gobiernos que no han sido capaces de transformar positivamente las realidades de estas poblaciones, y ahora, padecemos todos, su involucramiento en estas nuevas formas de gobernanza y cooptación territorial. Para rematar este cuadro regional, la percepción local es que muchas veces las instituciones gubernamentales son parte del modelo económico y político de la ilegalidad. Ya no son solo corruptas, sino cooptadas, es decir funcionales al modelo.
He asistido a algunos paneles de discusión sobre los impactos de las políticas sobre cultivos ilícitos en Colombia y la discusión sobre su regularización en el marco de la COP en Cali, así como los impactos ambientales y sociales de la actividad de minería ilegal de oro en la región amazónica continental. Desafortunadamente, aún se minimiza el impacto sinérgico de este tremendo motor de financiación de un “ParaEstado”, que se va consolidando en la zona más importante para la biodiversidad, el cambio climático, y más aún, de la democracia regional. Tremendo reto que ojalá se pueda abordar en las metas propuestas dentro de los planes de biodiversidad de los países de la región, pero más aún, en las declaraciones de corresponsabilidad de los países compradores de commodities como el oro, que se devoran estas selvas, sus gentes y países, sin preguntar siquiera qué quedó después de engullirnos.
