El terremoto que acaba de pasar en Colombia deja al desnudo un asunto esencial en lo que ha sido la vulnerabilidad del país, tanto urbano como rural, ante los fenómenos naturales extremos debido a las condiciones de ubicación de los asentamientos humanos y el uso del suelo rural. La forma en que se da el poblamiento, que aun sigue siendo espontaneo, no planificado, y más aún, donde los grupos de mayor vulnerabilidad están ubicados en zonas de mayor riesgo, genera una enorme vulnerabilidad, así como la necesidad de replantear la planeación del uso del suelo, incluyendo la reconstrucción en zonas afectadas por el terremoto, que son inviables para mantener nuevamente asentamientos. Repetir la historia sin cuestionarla es condenarnos al fracaso.
La concentración de zonas afectadas por el sismo, además de tener incidencia por las condiciones constructivas, también coincide en regiones cuya geología propició una mayor afectación sobre la infraestructura. Y en casos como el de Cali, la relación con antiguos cauces o zonas de depósitos aluviales y humedales indica un patrón de vulnerabilidad mucho mayor. Inmediatamente se vienen a la memoria las enormes zonas de grandes ciudades que han sido construidas sobre áreas con este nivel de inestabilidad como es el caso del Campín o la Calle 72 en Bogotá, donde cientos de edificios no han necesitado de temblores para estar literalmente inclinados, hundidos, y fracturados sobre los antiguos humedales de la ciudad, que sucumbieron ante la presión comercial sobre el suelo de construcción urbana. Otro fenómeno similar es el de las enormes zonas de asentamientos en áreas de laderas de todas las capitales del país ubicadas en franjas de cordillera, donde cada año cientos de familias son afectadas en el invierno, muchas de ellas con fatalidades, ante los deslizamientos en masa que se dan por saturación de suelos en épocas invernales, sumados a la exposición directa y al peso de las viviendas.
En las zonas planas, miles de familias en pueblos y ciudades tienen cada año la desgracia de quedar inundadas por las crecientes cada vez más recurrentes de los ríos como resultado de los eventos climáticos extremos, la sedimentación creciente y la perdida de cobertura forestal en riberas, además de la ocupación de centenares de humedales, ciénagas, lagunas y meandros que ya no pueden funcionar como vasos reguladores. Muchos siguen con la nostalgia de los grandes diques para encajonar ríos, tema que ya ha evidenciado su fracaso en muchas partes del mundo, y que en Colombia, con La Mojana, nos demuestra que se deberá replantear la idea de ocupar sus planicies inundables con sistemas que no incluyan la estacionalidad de la ocupación de las aguas en grandes zonas que hoy no lo hacen.
Lo anterior es una llamado a pensar en estrategias de largo plazo que permitan un reordenamiento de los asentamientos urbanos y rurales, que incluyan la variabilidad climática y el riesgo de desastres, de lo cual estoy seguro que hay información de calidad en diferentes instituciones nacionales, municipales y en la banca multilateral. Una información que no debería ser desdeñada en momentos en que el país se apresta a hacer un esfuerzo financiero monumental para iniciar la reconstrucción de varias zonas estrategias de la nación, tanto en suelo urbano como rural, y en su pobrísima infraestructura de conectividad.
Entiendo que en un país pobre como Colombia ningún gobierno quiera meterse en un proceso de esta magnitud, pues requiere una enorme inversión financiera, un costo social y político alto —nadie quiere que lo reubiquen o que le discutan sus expectativas de vida en donde se encuentra— y una planeación seria del uso potencial del suelo que va en contravía de muchos intereses económicos particulares. Pero también creo que vale la pena revisar el costo que tiene, en vidas y en plata, el que cada año haya “desastres naturales” que son previsibles, y cuyo principal riesgo está asociado a una desconexión entre la planificación, el mal uso del suelo y la inversión pública que consolida ese uso inapropiado del suelo en las zonas de alto riesgo.
Se requieren varias décadas para corregir estas condiciones de vulnerabilidad al riesgo que nos ha puesto en evidencia un terremoto, sumado al inicio de un fenómeno de ‘Super Niño’, y la historia interminable de inundaciones y deslizamientos en épocas invernales. Pero es posible que una oportunidad de planificar a mediano plazo sea una iniciativa con visión de Estado para corregir el pecado original de poblamiento espontáneo, azaroso y codicioso, para pasar a uno donde la información técnica se convierta en guía para la inversión pública, ordenada y responsable. Los eventos climáticos extremos y los impredecibles fenómenos naturales como los sismos, serán un recordatorio permanente de esta necesidad. Ojalá haya quienes, en las oficinas de Planeación, ya sea nacional o regionales, pueda darle cuerpo a una mirada prospectiva de la ocupación territorial, aprendiendo del pasado y mirando a un futuro “predecible” en su magnitud de cambios. No hay chance para los “terraplanistas”, así sea rentable políticamente.
