Las inundaciones en Córdoba encendieron nuevamente las alarmas sobre el funcionamiento del sistema ambiental colombiano y su escasa capacidad de regulación. La combinación de agencias e instrumentos no está funcionando y en ambas orillas hay quejas. De una parte, un sector del país asociado al adelanto de proyectos de desarrollo económico, señala que en general los procesos de licenciamiento y permisos son demasiado lentos, engorrosos, inútiles y muchas veces cargados de corrupción. Del otro lado, en el lado ambiental, hay quejas permanentes sobre la calidad de los estudios de licenciamiento, sobre la resistencia de las empresas a incluir cada vez más los estudios sobre impactos indirectos, acumulativos y sinérgicos, y sobre el uso del poder político y económico para pretender incidir en las decisiones finales de las autoridades ambientales sobre los instrumentos de licenciamiento y permiso, e inclusive sobre la imposición de penas. En síntesis, no hay dialogo entre el desarrollo y la conservación, y el país tiene cada día más escenarios de impacto ambiental de gran escala y, por otro lado, un rezago gigante en inversiones de básicas de desarrollo en diferentes frentes sectoriales.
Los ejemplos son numerosos, y creería que es importante buscar una salida que no implique la desaparición o minimización del “otro”. No creo que —en la misma línea de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y otras replicas latinoamericanas—, la salida sea desaparecer los ministerios de Ambiente, volviéndolos apéndices de los sectores de minas, energía o agricultura, ni tampoco decapitar la independencia de las agencias de licenciamiento ambiental, o modificar la legislación para “flexibilizar” las restricciones ambientales en las zonas del país que la ciencia ha permitido identificar por su alta sensibilidad a la transformación, pero, más importante aún, el mantenimiento general de una estructura ecológica que nos permita como país —no solo local o regionalmente— poder adaptarnos de mejor manera al calentamiento global y a los eventos climáticos extremos que son cada día más visibles.
Tampoco creo que la solución esté en determinar la inviabilidad a priori de cualquier actividad o proyecto que implique transformaciones territoriales, ya sea desde la perspectiva de infraestructura, minería, energía y agricultura, de acuerdo con una reglamentación del uso del suelo que aún nos permite desarrollar instrumentos técnicos para la mitigación, compensación y minimización de impactos ambientales y sociales, y respetar las restricciones absolutas donde se ha determinado previamente.
Las agendas intersectoriales son una necesidad estructural de país, en donde se deben poner sobre la mesa aquellos proyectos y criterios de intervención que son vinculantes para Colombia, sin desmedro de las responsabilidades de cada uno. Esas agendas intersectoriales, que han tenido episodios tan importantes como lo fue en su debido momento la promoción de la ley de infraestructura verde por parte de los ministerios de Ambiente y Transporte, deberían ser impulsadas de forma prioritaria, y evitar choques, rivalidades innecesarias y protagonismos políticos que solo se traducen en rezagos de país, sea cual sea el ganador de la pelea de turno. Las disputas entre ministerios, y más aún, entre sus propias agencias, son un asunto cuya complejidad y repercusión hay que abordar rápidamente, donde habrá aspectos de gerencia, de lineamientos de política, de cultura institucional, de comportamientos arraigados en el funcionario público colombiano y, obvio, de un necesario liderazgo y capacidad de articulación ponderada por parte de un Departamento Nacional de Planeación cada vez más debilitado.
Pero si bien estos elementos de visión intersectorial y de ponderación entre lo ambiental y del desarrollo son necesarios y deberían poder retroalimentarse, también es cierto que, en el fondo, también hay otro elemento que subyace en este caótico escenario de rivalidades: la ausencia de una propuesta general de ordenamiento territorial que nos permita tener una perspectiva de largo plazo en torno a nuestra zonificación productiva, de poblamiento y de determinantes ambientales. Una hoja de ruta necesaria para concentrar de manera más armónica la inversión pública y privada frente al modelo de desarrollo económico y de sostenibilidad ambiental que requiere el país. Claro, esto es una pequeña caja de Pandora, pues pondrá a flote todas las tensiones que hay frente a las expectativas de diferentes grupos económicos, poblacionales, sectoriales, étnicos e internacionales sobre su visión de país, y pone en juego la idea de “interés general” que cada vez más se difumina en esta polarización exacerbante en la que vivimos en estos tiempos de la negación del otro.
Es urgente para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo abordar este reto de ordenamiento territorial, cuya ausencia está potenciando los conflictos por los usos del suelo proyectados por los gobiernos de turno, las visiones y expectativas de los departamentos, municipios y territorios étnicos con sus autonomías, los sectores privados, las comunidades campesinas y, por otra parte, un sector ambiental fragmentado entre ministerios, licenciamiento, corporaciones, sistema de parques e institutos de investigación. Si queremos futuro, debemos llegar a acuerdo de nación y ordenar desarrollo y conservación, en vez de confrontación eterna.
