Ser de derecha o izquierda no es un impedimento para trabajar conjuntamente por intereses comunes, tal y como se ha planteado en las recientes declaraciones de los presidentes de Colombia y Brasil. Una prueba de que la sensatez sí es posible en estos tiempos borrascosos. De allí que me atrevo a sugerir algunos temas que podrían hacer de estas declaraciones una oportunidad para concretar un largo esfuerzo que se ha dado en la última década para construir plataformas de cooperación bilateral y regional. Temas que son de inmensa utilidad para nuestros países, y particularmente para el funcionamiento del bosque amazónico como nuestro principal instrumento de seguridad climática, en medio de la crisis global por el calentamiento y los eventos extremos, como el ‘Súper Niño’ que ya toca las puertas en esta parte del planeta.
Probablemente, la mayor oportunidad es convertir la protección de la Amazonía en una política compartida de desarrollo, seguridad y cooperación entre países de la cuenca y a nivel global. Es un referente concreto que se deriva de los acuerdos de Leticia y la Declaración de Belém de 2023, los cuales permiten construir una hoja de ruta que la actual Secretaria General de la OTCA ha venido impulsando en varios aspectos, y que, para el caso de la relación colombo-brasilera, se puede concentrar en los aspectos de control a la deforestación, apertura de mercados internacionales para la ganadería, control a la minería ilegal, desarrollo tecnológico para la transformación de minerales y articulación de modelos de desarrollo económico basado en conservación a través de áreas protegidas y resguardos indígenas.
Una primera experiencia de aprendizaje conjunto puede ser el control de la deforestación y trazabilidad ganadera. Brasil ha desarrollado una política muy importante de articulación del monitoreo satelital con información sobre predios, movilización de ganado y cadenas comerciales. El caso de Pará es un referente para Colombia, que podría inspirar lo que hagamos en el Guaviare, Meta y Caquetá como modelo de trazabilidad nacional. Soñar, siempre, soñar como motor de nuestras metas.
Por supuesto, otro tema ‘gordo’ debe ser el de la acción contra las redes de criminalidad ambiental. Profundizar la cooperación judicial, policial y financiera frente a la minería ilegal, el tráfico de madera y fauna y el lavado de activos. Recordemos que desde septiembre de 2025 se inauguró en Manaos el centro regional de cooperación contra delitos ambientales y crimen organizado, con participación de ambos países. La oportunidad es utilizarlo para investigar las cadenas completas de financiación y comercialización, con énfasis en protección de las comunidades y el ejercicio de sus derechos, que han sido brutalmente sometidos por la criminalidad transnacional (recordemos que más del 75% de los casos de muertes de líderes ambientales y de la tierra en el mundo se concentran entre Colombia, Brasil y Perú). No se puede revictimizar a la población en el combate a la criminalidad, sino convertirla en el pivote de una recuperación territorial, de soberanía, de economía legal, con comunidades que puedan ejercer derechos ciudadanos plenos. Recordemos que los indicadores de pobreza multidimensional (con datos del Banco Mundial y el BID), indican que las áreas más rezagadas del subcontinente amazónico se encuentran precisamente en las zonas de frontera. La criminalidad así lo ha entendido, y por ello ha sometido violentamente las poblaciones y capturado el Estado regional.
Para lo anterior es indispensable desarrollar una estrategia para fortalecer la gobernanza indígena y la conservación transfronteriza, donde la consolidación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) y las áreas del sistema de parques es perentoria. También lo es promover acuerdos entre autoridades indígenas, entidades ambientales y gobiernos locales para proteger territorios y corredores ecológicos a ambos lados de la frontera. Esto deberá incluir financiación directa, vigilancia comunitaria, protección de líderes y salvaguardas para pueblos en aislamiento, donde nuevas fuentes financieras derivadas de servicios ambientales pueden ser la base para un modelo innovador (no olvidar que el más increíble caso de crecimiento turístico no convencional en el país está precisamente en el Guainía, concentrado precisamente en los espectaculares cerros de Mavecure y sus comunidades y operadores asociados). Casos específicos, como el de la frontera del Guainía, en la Serranía de Naquén y los ríos Isana, Cuiarí y Atabapo, donde la extracción, transporte, comercialización de oro y ‘tierras raras’ está siendo un factor de inestabilidad política de gran escala, deberían ser un modelo de cooperación entre los dos países. Lo mismo sucede en el caso del río Puré, en territorio de pueblos en aislamiento, o lo que ocurre entre Taraira y el Parque Nacional Apaporis. Una política de seguridad multidimensional compartida sería el mayor éxito de integración regional para la zona con más presiones y amenazas sobre sus recursos, sus gentes y su soberanía.
La Amazonía entre Colombia y Brasil está amenazada por eventos climáticos extremos y contaminación por mercurio, entre otros temas. Es necesario establecer protocolos comunes para sequías, incendios, inundaciones y contaminación por mercurio, con alertas compartidas y capacidad de respuesta local. El memorando suscrito en 2026 entre el Censipam brasileño y el Ministerio de Defensa colombiano contempla intercambio de información y tecnología para monitoreo ambiental y prevención de desastres; puede servir de apoyo técnico para esta decisión y así salir de la tensión generada por la agenda internacional de minerales estratégicos.
El peso relativo de Brasil en la financiación internacional sobre la Amazonia es enorme. Es importante evaluar si es pertinente y viable trabajar en una agenda de financiación internacional y diplomacia ambiental conjunta. Y construir proyectos comunes para conseguir recursos de largo plazo destinados a conservación, restauración y fortalecimiento institucional, como por ejemplo en el marco del Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) donde se pueden combinar fuentes nacionales e internacionales públicos y privados en proyectos de largo plazo.
Finalmente está la apuesta de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para sostener programas de largo plazo. En su declaración bilateral de abril de 2024, ambos países plantearon avanzar gradualmente hacia una instancia de integración amazónica. La oportunidad está servida.
