¿Operaciones sin Seguridad?
Me preguntaba un amigo, que opinaba sobre las anunciadas operaciones militares en Chiribiquete. Le respondí que era predecible y lógico. La utilización de los Parques Nacionales, como corredores de movilidad, repliegue, entrenamiento, apoyo logístico, movimiento de armas, fuente de oro y otros minerales, así como, de rentas asociadas a la economía cocalera, y muchas ventajas estratégicas más, no es nueva, y se remonta a más de dos décadas atrás, cuando las Farc lograron desarrollar un circuito enorme de corredores entre diferentes regiones del país, que les permitieron una capacidad tanto ofensiva como de repliegue y fortalecimiento muy importantes. Esto, sin mencionar, la importante influencia (que no es lo mismo que ser parte de ellas) sobre las organizaciones sociales alrededor de estas áreas, y la agenda política que se planteó a su interior, con mayor o menor incidencia de acuerdo a las características y resistencia de los liderazgos sociales, así como del sectarismo y utilitarismo del comandante de turno o de las características del Estado Mayor de Bloque del entonces.
Así las cosas, una parte importante de los más importantes golpes militares durante ese periodo del conflicto colombiano, se dieron dentro de los Parques, como fue el caso del Tinigua, Las Hermosas, Paramillo, Sumapaz, Picachos, Puinawai, por solo mencionar algunos casos de los más sonados. Estas acciones también fueron acompañadas de acciones de erradicación de coca, ya fuera manual, voluntaria, forzada, o asperjada, así como en algunos casos también hubo incautación o destrucción de dragas dedicadas a la extracción ilegal de oro.
A pesar de toda la conflictividad armada dentro y alrededor de estas áreas, durante los primeros años de operaciones militares, la situación no cambió respecto a la gobernabilidad territorial, como tampoco al deterioro ambiental, ni a las condiciones socio económicas de la población campesina en estas zonas. Solo fue, hasta el segundo periodo de Uribe, cuando se desarrolla una estrategia integral de atención al territorio, donde era evidente que el Estado había sido reemplazado en 4 variables fundamentales:
- El acceso de la población a derechos de tierra, justicia, educación, vias de comunicación y seguridad, estaban bajo el control y gestión directa del grupo armado.
- La economía local, estaba basada en una relación sinérgica entre la apropiación de tierras públicas , la ganadería, y la utilización de recursos provenientes de impuestos a las transacciones cocaleras, la extorsión y la tributación de los productores ganaderos principalmente.
- La presencia de las instituciones públicas dependía de la decisión del grupo armado, así como del relacionamiento con la población, sus inversiones y tipos de proyectos, y por supuesto, la capitalización política de las acciones gubernamentales por parte del grupo.
- El control territorial, uso de las armas, definición de reglamentos, aplicación de la “ley propia”, supervisión de las normas de convivencia, destierro, muerte, penalización, estaba bajo control del grupo armado.
El desarrollo de una política de atención integral a los territorios de mayor intensidad en el conflicto armado, empezando por el Área de Manejo Especial de la Macarena, derivó en la generación de condiciones para establecer un diálogo de paz con las Farc, que concluyó en el Acuerdo de 2016. El cambio, en las condiciones ambientales, económicas, institucionales y de derechos de las poblaciones en su momento, particularmente en La Macarena, marcaron un punto de inflexión en la concepción de la seguridad territorial que contrastaba con las décadas de operaciones militares “puras y duras”, que no habían logrado modificar este reemplazo de Estado que se gestaba paralelamente. Por primera vez, el concepto de pobreza tradicional, fue transformado por el de p at obreza multidimensional, que daba cuenta de una realidad obviada en décadas: el conflicto armado estaba alimentado principalmente por una ausencia del Estado en la garantía de derechos económicos, ambientales, institucionales, de servicios, y de reconocimiento de ciudadanía plena.
Actualmente, hay una concentración de diferentes grupos armados en la región amazónica, casi todos conformados por antiguos miembros de las Farc. Cada grupo, ha intentado replicar algunos de estos modelos, con diferentes niveles de éxito, con un costo social, humano (con un reclutamiento forzoso desaforado y subregistrado), económico y ambiental muy alto, que en general se puede asociar al peso ponderado de las economías ilícitas en su proceso de crecimiento y consolidación, además de la forma de imposición de un modelo de ocupación territorial – que incluye migraciones de población de otras zonas del país en este territorio- , el cual no le da valor a las formas de conservación del bosque que ha desarrollado el Estado colombiano, que se expresa en el impulso a los procesos de deforestación, ampliación del hato ganadero en estas zonas, desarrollo de una red vial que se ha expandido sin consideración sobre las áreas de conservación y la consolidación cada vez mayor de corredores cocaleros y de explotación de oro en corredores fluviales.
A pesar de las implicaciones ambientales y sociales señaladas, también es cierto que los grupos han logrado un modelo de desarrollo económico, conectividad, distribución de tierras y poblamiento que los últimos gobiernos no han logrado equiparar, haciendo evidente, que el Estado no ha tenido la capacidad para mantener una idea continua de recuperación de la gobernabilidad de manera integral desde el Acuerdo de Paz, sino que los grupos han tenido una forma más concreta y tangible de disputar esa territorialidad.
Con esta heterogeneidad de grupos y territorios que hoy existen, aunado a su crecimiento en capacidades militares y económicas, principalmente, el gobierno actual, empieza una campaña militar, que incluye bombardeos y una anunciada fumigación de coca. A pesar de toda la evidencia histórica sobre la necesidad de atender los demás frentes de política social, económica, institucional para garantizar una efectiva sostenibilidad ambiental, aún no se ha presentado públicamente ninguna iniciativa que de cuenta de una visión integral sobre la recuperación territorial, y más aún, sobre un concepto de seguridad multidimensional que se corresponda con las condiciones estructurales que han propiciado el actual estado de cosas, que linda con lo inconstitucional. Las poblaciones que están en esas regiones, que han sido víctimas de la conflictividad, no pueden ser revictimizadas, y deben ser parte central de una seguridad que los acoja prioritariamente.
Los bosques, las áreas protegidas, los ríos y demás valores estratégicos de conservación dependen de una intervención integral, de seguridad multidimensional, que va mucho más allá de operaciones militares y fumigaciones. Aprender de la historia es un imperativo de cualquier nación que pretenda pasar la página de la violencia.
