Estuve esta semana en Holanda, en diferentes espacios, tanto académicos, civiles y públicos. Tremenda expectativa con los cambios de gobierno y el enfoque de cooperación, especialmente en asuntos de atención sobre aspectos de corresponsabilidad de empresas europeas en el comercio de cadenas productivas asociadas a deforestación y degradación de ecosistemas. En la medida en que hay más y mejor información sobre los efectos de la demanda mundial de “agro-commodities” las reglas van afectando todos los niveles de la cadena, y los grandes intereses empiezan a reaccionar. Las grandes empresas productoras de alimentos, movilizan y soportan los movimientos políticos que hoy tienen a los granjeros poniendo en jaque muchos de los acuerdos de la Unión. La presión por modificar o eliminar los compromisos de protección de suelos, aguas, bosques protegidos, es enorme, y los tractores rugen en las carreteras bloqueadas mientras también rugen pintorescas figuras políticas que hablan duro, tosco, contra todo y todos. Según ellos, la culpa, es de los migrantes, pobres, que vienen de países contaminados de donde “no deberían venir”, a competir por recursos y suelo.
En Brasil, hace un par de semanas, veía el tremendo poder de la llamada Triple B (Bala, Biblia y Buey) en el Congreso; donde el poder económico y político de la expansión agroindustrial sobre los territorios recientemente transformados durante la última década han sido definitivos para que estos no hayan sido objetados en ninguna circunstancia, a pesar de que mucha de esta expansión afectó territorios de tierras públicas, reservas indígenas así como bosques y sabanas protegidas. Un país que es una potencia mundial de producción y exportación de soya y carne, y que atraviesa carreteras de lado a lado en el continente, que ha sido campeón en la deforestación mundial y de invasión a tierras indígenas (“por que los indios no producen nada”), tiene una organización política que ha servido para consolidar esta línea de la economía basada en agronegocios, y que muchas veces, son inspiradores de los movimientos negacionistas del Cambio Climático. Pude ver, por ejemplo, como frente a las tremendas inundaciones de Rio Grande do Sul, reaccionaban con “cadenas de WhastApp” en las que denunciaban que estas inundaciones habían sido el resultado de experimentos promovidos por ONG ambientalistas y sus empresas o países financiadoras, cuyo único objetivo era adueñarse de los potenciales negocios de la adaptación climática. No puedo dejar de recordar las palabras de Bolsonaro que señalaban a las ONG ambientales y a los bomberos de haber sido responsables de los incendios que marcaron un hito mundial en su volumen e intensidad.
En Colombia, se discutía la ley de trazabilidad, que pretende asegurar una cadena de ganadería libre de deforestación. A pesar de los datos y evidencias del papel que está jugando esta actividad en el proceso de apropiación de tierras y bosques públicos en el país, así como invasión de resguardos emblemáticos ( de nuevo, los indígenas son vistos como estorbo al progreso y en algunas zonas, como “inmigrantes indeseables”), aún se ven tremendas resistencias en algunos congresistas, a implementar una medida que es sinónimo de competitividad basada en transparencia en el mercado mundial. Y aquí vuelve a aparecer el fantasma de quienes usufructúan en gran escala estos negocios, asociados a tierra, recursos públicos, vacas, control territorial, y en algunos casos, no tan aislados, mover dineros de fuentes no determinadas. Es cierto, hay que proteger aquella producción legal, que se ha desarrollado en algunas zonas del país. También es necesario abordar un problema que se está saliendo de las manos, no solo desde la perspectiva ambiental, sino desde las consideraciones de gobernabilidad, cooptación y erosión de las democracias locales en zonas del país, en que se cruzan las necesidades sociales con las oportunidades de los negocios de “alto riesgo”.
La promoción del debate por el proyecto dejó lecciones importantes: se requiere mayor pedagogía con sectores financieros, así como con los ministerios encargados del comercio exterior, de los tratados comerciales; del trabajo con embajadas y oficinas comerciales de estas; de trabajo con el sector privado legítimamente interesado en ello; del trabajo con sectores del periodismo investigativo, con académicos que tienen información y análisis poderosos para enriquecer la discusión; con el sector gastronómico que cada día responde con mayor responsabilidad y aprehensión con estos temas; y claro, con los líderes de las diferentes bancadas, porque definitivamente, la deforestación debe ser un asunto nacional, no de un partido o gobierno.
Por tanto, y a pesar de que no pasó esta vez, creo que hay una oportunidad enorme, no solo de presentar el proyecto nuevamente, sino de ampliar la base de propuestas para incluir otras líneas de producción, para vincular más al sector financiero privado y público, así como a los centros de mercadeo, transformación y beneficio, que aún se encuentran lejos de meterse en el baile. Ojalá no suceda como en países de otras latitudes, donde los argumentos basados en información objetiva y veraz se pierden cada vez más y el negacionismo rabioso se apodere de nuestras decisiones políticas.
Nos vemos en la próxima legislatura, seguro que sí.
