Día tras día aumentan los vuelos desde Puerto Inírida, capital del Guainía, adonde llegan centenares de visitantes tras el embrujo del cerro de Mavecure y otros nuevos destinos que se abren campo en este incierto negocio del turismo de naturaleza. Es uno de esos milagros espontáneos de este país, donde se ha dado la confluencia de un incipiente gremio de operadores turísticos, algunas comunidades organizadas, un paisaje espectacular y algunos apoyos de la cooperación internacional para el despegue de las primeras posadas.
Seguramente, la alcaldía local debe andar en otros menesteres, pues además de cobrar un insólito impuesto al turista (¡en efectivo, sin trazabilidad alguna!!), en medio de un aeropuerto que se cae a pedazos, la ciudad no pareciera percatarse del valor de esta dinámica económica legal que está refrescando profundamente ese territorio. Una ciudad donde se destaca un parque solar enorme abandonado (alguna historia truculenta me han contado detrás de esto), y la suciedad de su avenida más importante, llegando a un malecón aún más tapizado de latas, plástico, botellas y desperdicios, lo que me lleva a pensar que son otros los negocios que interesan a las autoridades locales.
Desde otro ángulo, la ciudad presenta una dinámica de actividades económicas que muestran una bonanza, amplia y consolidada. Hay ‘tuc- tuc’ (mototaxis) como enjambres por toda la ciudad, así como ferreterías y depósitos de alimentos, materiales, hierro, maquinaria, mangueras y plásticos, lo mismo que almacenes de ropa, zapatos, cachivaches, licoreras, peluquerías, billares… y compraventas de oro. En el puerto, decenas de botes ―unos que llegan y otros que salen― cargados hasta el cogote. Pregunto para dónde van y la respuesta es: “para la mina”. Para todos es obvio que el negocio y la plata están allá. Sacar oro de Venezuela y venderlo en Colombia es una forma de vida para muchas personas que dependen de esa economía, incluyendo a quienes deciden quién entra y adónde, cuyo protagonista es la Guardia, ama y señora.
Otros responden que van río arriba, donde tienen la draga, cada uno con su pedazo de tajo donde se acuerda con las comunidades cómo participa cada una. En Amanaven, la venta de combustible es un negocio que es increíblemente lucrativo, y extrañamente no regulado. En San Fernando, las cuatro calles de la plaza central están increíblemente limpias, con su jardín impecable, y gente haciendo mantenimiento, mientras la iglesia, el banco, el concejo municipal y la estación de Policía marcan su institucionalidad. Contrastes de la nueva Venezuela del Orinoco, donde la economía local se empieza a recuperar, y la actividad minera claramente es un gran motor.
Sin embargo, más allá de ese pedazo de territorio, donde hay una cierta capacidad de presencia territorial de las instituciones, aparecen otros paisajes, como es el caso de los ríos Guainía, o el Isana, adonde pocos pueden llegar y, menos aún, proveer servicios básicos, con un Estado que ha condenado estas lejanías a los presupuestos mediados por la cantidad de población. Por eso, en la mitad de la nada, por esos lados de la Serranía de Naquén, aparecen grandes campamentos bajo el bosque, rasgando la tierra, llevándose lo que puedan, y nutriendo un mercado al que no le interesa ni la legalidad de la producción ni el impacto sobre las poblaciones locales, ni los efectos ambientales de la extracción. Con una demanda internacional que paga por los minerales lo que una familia local nunca conseguirá vendiendo ‘mañoco’, y sin servicios básicos medianamente dignos, es imposible cambiar esta dinámica. Por allá en Mavecure, los guías indígenas del turismo señalan que con una o dos guianzas por semana es imposible mantener sus familias, o dedicarse por completo a esta actividad. Esa es la tremenda disyuntiva para la gente, que hace lo posible por sobrevivir dignamente.
¿Sera viable pensar en apoyar un plan de turismo de naturaleza de mayor escala para el Guainía, con el se haga un acuerdo de operadores, resguardos, gobernación, ministerios, Fontur y cooperación internacional que amplíe la capacidad instalada, trabaje sobre la profesionalización de los prestadores, genere incentivos para mejorar la recepción de turistas, aumente los destinos en el departamento y se utilice esta enorme ventana de oportunidad de una demanda nacional e internacional creciente sobre este territorio? ¿Es posible desarrollar algún tipo de actividad minera formal que este regulada, bajo un proceso de zonificación que mitigue los impactos, sea incluyente con las poblaciones locales y genere ingresos para la región y la Nación?
Lo anterior puede ser simplemente una quimera más de no darse un proceso que aborde los incentivos de la ilegalidad de la extracción de minerales. Las redes de mercado, comercialización, movilización y lavado de minerales a través de títulos y permisos mineros, ya sea en Colombia y los países vecinos, deben ser un tema central en cualquier estrategia para transitar hacia un modelo diferente de desarrollo territorial. Veamos cuál es la voluntad para abordar esto desde el mercado y no desde el operativo ‘cortina de humo’ donde los grupos armados son un pedazo más de la cadena productiva, más no el todo.
