El continente africano, específicamente en el Congo y su frontera con Ruanda, nos da una muestra de cómo opera la extracción, movilización y comercio ilegal de minerales en el mundo y su implicación sobre los conflictos internos en los países donde están los yacimientos de origen. Algo de lo cual Colombia padece cada vez más, como una enfermedad silenciosa que se traga su territorio mientras la polarización política se traga nuestra energía para reaccionar apropiadamente. Esta semana tuve la oportunidad de presentar en Bruselas mi perspectiva sobre el tráfico de minerales en el caso colombiano y su relación con grupos armados, y encontraba una similitud enorme con el modelo de operación de esta actividad armada y comercial.
Lo primero que observamos en ambos casos es que los grupos armados no necesariamente hacen la explotación mineral directamente, aun cuando en algunas zonas puedan operar su maquinaria y personal. Grupos armados como el M23 y distintas milicias controlan minas de oro, coltán y otros minerales, cobran pagos obligatorios a los mineros y comerciantes y dominan las rutas de transporte, como sucede en Colombia con la mayoría de grupos armados (AGC, ELN, EMBF, CF, SM y muchos acrónimos más…) que controlan quién trabaja, quién compra y por dónde circula. Ello les permite obtener ingresos para sostener su capacidad creciente de combatientes, armas, corrupción y ampliar su poder territorial.
El tema crítico es que esa actividad no se puede controlar exclusivamente haciendo operativos sobre las minas o zonas de yacimientos, ya sean estos en tierra firme o cuerpos aluviales, pues el modelo está basado en una articulación de las redes que conectan el control armado con mercados internacionales, funcionarios públicos corruptos, incluidos efectivos militares y policiales ―que en Colombia no se ha tocado su dimensión e impacto en la conflictividad armada en los territorios―, como también intermediarios que sacan los minerales a países vecinos (como es el caso de lo que ocurre entre Venezuela ―lo que traemos de Yapacana―, Colombia ―lo que sacamos de Sucumbíos―, Brasil ―lo que sacan en Naquén y Puré―, Ecuador, Panamá y Perú, por sólo citar el contexto continental) así como en empresas exportadoras, títulos mineros y refinadoras que permiten unir materiales de origen ilegal y legal.
La guerra, tanto en el Congo como en Colombia, tiene además raíces en disputas por la tierra, tensiones políticas y étnicas, debilidad institucional e intervenciones regionales. En conjunto, los casos de las zonas de extracción minera ilegal muestran un problema nítido de gobernanza territorial: los actores armados convierten recursos, rutas y poblaciones en fuentes de financiación y ejercen funciones de ‘autoridad’, mientras las redes comerciales permiten que sus ganancias lleguen al mercado mundial, ya sea en el Bajo Cauca, San Lucas, Chocó, Bajo Putumayo, Inírida, Taraira o Nariño.
Por eso, en este escenario, me parece relevante la participación y las cinco propuestas planteadas por el viceministro de Minas, Luis Madriñán, en la reunión de transparencia de las industrias extractivas (EITI, por su acrónimo en inglés), hace pocos días, también en la fría Bruselas. El primero consiste en seguir el oro desde su origen hasta el mercado: identificar extracción, transporte, intermediación, exportación y compradores. Es decir, no basta conocer quién entrega un cargamento si no se puede reconstruir dónde fue extraído y cómo llegó a una refinería.
El segundo compromiso es hacer visible esa información mediante sistemas digitales. Aquí el desafío es relacionar datos de títulos y producción de la Agencia Nacional de Minería con controles aduaneros y tributarios, registros comerciales, información ambiental y decisiones judiciales. El tercero busca pasar de la transparencia documental a una transparencia comprobable en campo. El Servicio Geológico Colombiano ya ha explorado la huella geoquímica del oro mediante análisis de su composición. Es una herramienta prometedora, aunque la mezcla de procedencias y la falta de muestras de referencia limitan su alcance. Debe ampliarse a otros minerales, y allí la cooperación técnica puede ser fundamental para que, en terreno, las autoridades puedan determinar los tipos de minerales que se encuentran en operaciones de extracción, movilización o comercio. (Incluyendo la traza del mercurio en el oro… ¡que sale en joyas colgadas en pasajeros ‘mula’!!!).
El cuarto compromiso es asegurar la integridad de toda la cadena. Implica contrastar cantidades producidas y exportadas, identificar beneficiarios reales, auditar transacciones, revisar refinerías y compradores, y seguir las alertas sobre financiación de organizaciones armadas. Colombia opera bajo un marco internacional que debe ser cada vez más simétrico en torno a las responsabilidades de productores y compradores. Así, el estándar EITI 2023 aporta reglas sobre titularidad, contratos, pagos e información pública, aunque no reemplaza la investigación penal ni garantiza por sí mismo la procedencia física de cada gramo de oro. La guía de debida diligencia de la OCDE exige controles proporcionales al riesgo, evaluación de proveedores y auditorías en puntos críticos de transformación. El propio EITI reconoció, días después de la intervención el viceministro, la importancia de integrar sistemas y mejorar la verificación.
El quinto compromiso (que me parece el más relevante) plantea distribuir la responsabilidad más allá del país de origen. Si una industria extranjera compra oro sin comprobar procedencia, la ganancia del mercado internacional puede sostener la actividad de los grupos armados y la violación de derechos humanos y crímenes ambientales. Una vez más, la trazabilidad del sector minero es la tarea urgente que hoy debe recaer principalmente del lado de los compradores, quienes hoy sostienen los conflictos armados y degradación ambiental más importante del continente tanto en Colombia y el Congo con sus países vecinos.
Con este marco, se abre una expectativa enorme respecto a la implementación de los acuerdos comerciales, que incluye minerales estratégicos y ‘tierras raras’, que se están formalizando entre los Estados Unidos y los países de la región, entre ellos Colombia. Seguramente, sobre ello tendremos que profundizar en próximas columnas.
