Ningún desafío tiene tan graves implicaciones como el de detener la destrucción de la Amazonia.
Hay asuntos impostergables, que claman acción. Lo que nos mostró el especial periodístico elaborado por este diario en conjunto con el Centro ODS de la Universidad de los Andes, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y la Fundación Gaia sobre la deforestación de la selva amazónica colombiana debe trascender el dolor y la indignación. Tiene que ser semilla de acciones a todo nivel para frenar ya el deterioro de estos bosques de los que depende, nada menos, y en esto hay que ser enfáticos, las condiciones de vida que encontrarán las próximas generaciones. Y la propia vida en el planeta.
Bien claro queda la dimensión del desastre: 507.615 hectáreas arrasadas entre 2016 y 2020. Es verdad que el país afronta un sinnúmero de amenazas y desafíos, pero pocos como el de detener la deforestación de la Amazonia tienen unas implicaciones tan serias. Hacer que se entienda en toda su dimensión y en todos los niveles es cuestión de supervivencia y por eso hay que repetirlo cuantas veces sea necesario.El llamado es a asumir el fenómeno en toda su complejidad, partiendo de reconocer que tan aterrador deterioro es el reflejo de una sociedad con prioridades invertidas, hecho que se materializa en la agresión a la naturaleza y a la propia vida, tal y como lo afirma el papa Francisco en su encíclica Laudato Si’.
Cualquier cosa que se haga para detener la tala y la degradación de estos ecosistemas debe contemplar todos los factores y actores en juego. Debe partir de la base de que no hay fórmulas mágicas ni intervenciones unidireccionales que funcionen, y que es clave garantizar que quienes habitan este territorio sean aliados incondicionales del Estado, construyendo entre todos confianza.
Con todo, hay que reconocer la voluntad del actual gobierno. Los esfuerzos van desde la estrategia Artemisa, a cargo de la Fuerza Pública, hasta el pago a familias por servicios ambientales en áreas críticas, pasando por el proyecto de ley actualmente en curso que, entre otros aspectos, endurece las penas. Tal preocupación ha tenido eco en instancias internacionales.
Pero falta, y hay que aprender de los errores para hacer ajustes en lo que se viene haciendo. Hay que prestar atención a las voces que, por ejemplo, señalan la apropiación ilegal de tierras como el origen del problema, más allá de la misma ganadería. Y no descuidar las artimañas que se usan para consolidar la propiedad sobre un terreno deforestado. Algo vital es promover la recuperación física y jurídica de estos territorios, como insiste Rodrigo Botero, una de las personas que más a fondo conocen el problema.
Es urgente, también, una coordinación de todas las entidades que pueden aportar lo suyo, en particular el ICA, el Banco Agrario y el Invima. Se necesita un trabajo en equipo de las tres que permita depurar y consolidar la información existente sobre la actividad ganadera en auge en la zona, tal y como lo denunció el especial periodístico. Esto para que la ciudadanía pueda saber con certeza cuál es el origen de la carne que consume. Y es que al ser un asunto que nos toca directamente a todos, es necesario, vital, que todos aportemos, y el camino es el consumo consciente y responsable.
