Veía en estos días una discusión álgida por la instalación de una infraestructura en la Isla de Gorgona para actividades de vigilancia y control.
Muchos esgrimían toda clase de argumentos sobre los impactos de esa infraestructura, o de sus actividades, del personal, en fin, de cuanto había a la mano para el debate. Pocos ponían sobre la mesa los tremendos impactos producto del tráfico de narcóticos y actividades de pesca industrial en sus aguas y rededores. Al parecer, “el gran hermano” logra desplazar el debate a otro eje, el de soberanía, que también será esencial en los debates que vendrán con otros casos de economías ilegales, áreas protegidas y fronteras.
La medida fue adoptada con un conjunto de acciones, que claramente muestran un intento de abordaje integral de las necesidades de gestión de un área protegida, y de articulación regional con las comunidades locales, la academia, y las actividades económicas asociadas al ecoturismo. Sin embargo, la discusión giró en torno a la instalación de la infraestructura de vigilancia.
Y entonces, me pregunto, qué sabe el común de la gente sobre lo que está ocurriendo hoy en las áreas protegidas del país: nada, o casi nada. Mas allá de bañarse en sus playas, “caladril” al cachete, o en el mejor de los casos “pajariar”, y hacer senderismo, es poco lo que el país logra adentrarse en las áreas. Infortunadamente ese territorio, que puede llegar a sumar casi el 20 por ciento del total nacional, está seriamente amenazado por actividades ilegales de gran calado, que además de amenazar sus ecosistemas, han amenazado, amedrentado, “corretiado”, asustado, entre otras, a sus funcionarios.
Desde hace un par de décadas, las diferentes áreas protegidas del país han venido siendo ocupadas, controladas, planificadas, intervenidas por actores económicos, unos con cara de legales, otros no; unos en armas, otros no, pero todos con intereses de largo plazo en estas zonas, que además de sus recursos naturales (oro, coltán, madera, especies exóticas), son ideales para establecer rutas de movimiento de coca, armas, tropas, migrantes, mercurio, oro, secuestrados, en fin… cuanto negocio haya disponible.
A esto se suma el hecho de que algunas áreas del país también han sido refugio de comunidades que huyeron de la violencia y encontraron acogida y tierras disponibles, algo que en sus zonas de origen era casi imposible. Grupos armados encontraron allí refugio, base social, motivos de lucha, zonas de repliegue, abastecimiento, transporte, entrenamiento, caletas, fuentes de financiación, en fin, ideales para su control permanente y de largo plazo.
Para completar el escenario, muchas de estas zonas se encuentran en áreas fronterizas; fronteras, unas de ellas, con líneas imaginarias de adyacencia, otras surcadas por ríos cuyo nombre nadie sabe ni pronunciar. Otros, en el mar, con fronteras donde las lanchas rápidas se ríen mientras pasan la mercancía o grande barcos pesqueros con radares calculan el movimiento en “zona restringida”. En fin, para cualquier estratega, encontrar cientos de kilómetros de frontera con tal nivel de vulnerabilidad constituye un plato irresistible para controlar precisamente estos santuarios, y conectarse con verdaderas “autopistas” de tráfico ilegal hacia los demás países de la región, que tienen condiciones similares al nuestro, en términos del abandono histórico de estos territorios. Hoy, la principal actividad de economías ilegales en el continente se focaliza en estas zonas fronterizas de este país y sus vecinos, con una aparición masiva de grupos armados de diferente pelambre, que garantizan los mercados, la movilidad y la demanda para alimentar sus negocios.
Durante años he visto cómo diferentes ministros de Defensa, generales y demás partes de la jerarquía, se reían de nuestras preocupaciones frente a lo que sucedía en las áreas. A algunos les parecía risible, preocuparse por un pedazo de “monte” al cual solo veían como teatro de operaciones. A otros les parecía que era meterse en “arenas movedizas”, donde fácilmente se percibían colusiones, corrupción e intereses, que eran evidentes al levantar el tapete. Algún general dijo que ellos no habían sido entrenados para “sacar vacas” o servir de escolta a un guardaparque. Ni lo uno ni lo otro han hecho, y menos desarrollar mecanismos de control territorial que permitan a la institucionalidad pública regresar a los territorios y ejercer sus funciones, como debe ser, en vez de pensar en “operaciones” que solo condenan más los territorios y a los vulnerables. Y claro, comidilla para aquellas miradas tendenciosas que se quejan de una militarización de la gestión ambiental, pero no se quejan de la acumulación de tropa “irregular” en las mismas zonas, y del constreñimiento a la población. La militarización ha sido en doble vía o no es. Y la desmilitarización también deberá ser así.
Así como hemos insistido en la modernización de las capacidades de los cuerpos de bomberos, a raíz de los impactos de incendios en esta temporada, también debe abordarse el tema en los parques nacionales. Es imposible manejar el 20 por ciento del territorio nacional con una planta de personal subdimensionada, mal pagada, sin régimen laboral especial, mal dotada, pero principalmente, sin una política de gestión integral, que le permita retornar a los territorios de lo que fue desplazado o está presionado, con soluciones integrales para las comunidades, incluyendo los temas de tierras, sustitución, participación en la gestión, en fin, planteando un nuevo modelo de gestión territorial que incluye una mirada más allá de los bordes del “polígono”.
Muchas de estas áreas son a su vez territorios indígenas o de comunidades negras. También habitan dentro o alrededor comunidades campesinas. La evidencia muestra que una relación poderosa con esas comunidades, así como los actores institucionales del territorio y la nación, son necesarios para una mejor gobernanza, desarrollo económico y mantenimiento de los ecosistemas a proteger. Las economías ilegales de gran escala no se resuelven con “talleres de concertación” como sugieren los románticos de la “conversación-conservación”. Pero, es necesario, sin lugar a dudas, una capacidad superlativa, para abordar las amenazas que se derivan de las economías ilegales y sus agentes, en los diferentes parques del país, empezando por las porosas fronteras de un país olvidado, al parecer, de adrede. ¿Están preparados para dar el salto?
