Más de 53 indígenas habrían sido desplazados, según señalan, por grupos armados ilegales.
En una sensible carta enviada al presidente Iván Duque, indígenas del Resguardo Indígena Llanos del Yarí Yaguara II, conocidos como “protectores del Parque Chiribiquete” le pidieron ayuda al mandatario pues denuncian que fueron desplazados por actores ilegales presentes en el territorio que habitan.
Según señala la carta, firmada por la gobernadora del resguardo, Yerley Bocanegra, el vicegobernador Daniel Sanchez, el tesorero Edynson Rodríguez y la secretaria Nubia Palomino, más de 53 personas fueron desplazadas y están hacinadas en San Vicente del Caguán, Neiva y Bogotá.
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Consideramos que nuestra vida está en peligro, razón que nos obliga a abandonar nuevamente nuestro resguardo y hacer esta denuncia ante usted, señor Presidente.
El resguardo indígena Yarí Yaguara II está integrado por la comunidad interétnica de los pueblos Pijao, Piratapuyo y Tucano, conocidos por ser protectores del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare).
Y según han señalado, son de los más golpeados por la deforestación por parte de actores ilícitos que buscan sembrar cultivos ilegales o realizar ganadería extensiva en esta zona del país. De acuerdo a cifras del Ideam, en 2020 se deforestaron 2.538 hectáreas de bosque virgen dentro del territorio que conforma el resguardo indígena Yarí Yaguara II.
«Porque hemos querido evitar la aniquilación de la selva amazónica, sujeta de derechos, y la siembra de cultivos de uso ilícito en nuestro resguardo, el pasado abril nuestra gobernadora y demás autoridades propias recibieron amenazas directas de grupos armados», enfatiza la carta.
Hoy, los más de 53 indígenas desplazados se encuentran «hacinados en San Vicente del Caguán, Neiva y Bogotá, sin obtener respuesta ni atención alguna por parte del Estado, aun habiendo denunciado nuestra vulnerabilidad ante la Personería de San Vicente del Caguán y la Defensoría del Pueblo», señala la misiva.
Por eso, han pedido a través de la comunicación dirigida al presidente Iván Duque, que haya una mayor presencia del Estado que les permita proteger sus territorios de la deforestación sin que exista el peligro de perder la vida.
«Consideramos que nuestra vida está en peligro, razón que nos obliga a abandonar nuevamente nuestro resguardo y hacer esta denuncia ante usted, señor Presidente, que esperamos sea atendida de inmediato. Decidimos no quedarnos en nuestras casas esperando que nos sea arrebatada la vida por defender nuestros derechos y el territorio. Pero tampoco consideramos justo callar. ¡No esta vez, no ahora!”. Esperamos el accionar del Estado para proteger nuestro territorio inalienable, imprescriptible e inembargable», señala el documento.
Los más amenazados
Este año el informe anual de la ONG británica Global Witness, colocó a Colombia por segunda vez consecutiva como el país donde más son asesinados líderes ambientales. Según sus cifras en 2020 fallecieron en el país 65 defensores.
Un tercio de los ataques presentados el año pasado en el país fueron contra indígenas —que a nivel mundial fueron el objetivo de 5 de los 7 asesinatos en masa contabilizados en 2020— y afrodescendientes, y casi la mitad fueron contra personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala.
