Tremenda oportunidad tiene el país de avanzar en su primera ley de trazabilidad para la cadena ganadera. Los mercados mundiales exigen cada vez más procesos de certificación de buenas prácticas, empezando por la debida diligencia para garantizar que los productos que se comercialicen provengan de áreas deforestadas, como en el caso de la reglamentación sobre deforestación de la Unión Europea (EUDR), que exige la revisión de las áreas de origen como línea de base, a partir del 31 de diciembre de 2020 para seis cadenas que han tenido incidencia en la deforestación de los bosques tropicales en el mundo: carne, palma, soya, café, cacao y maderas.
En ese proceso, se ha dado un debate en el Congreso de la Republica durante los últimos dos años, donde diferentes proyectos para impulsar la trazabilidad de la cadena ganadera han sido radicados y discutidos, pero a la fecha no han podido llegar a su aprobación. Sin embargo, el proceso ha tenido avances en la discusión pública nacional, así como en la reflexión interna del sector, que ha venido siendo cada vez más explícito en su intención de hacer un proceso de transformación hacia la ganadería sostenible, que incluya prácticas de silvopastoreo, generación de corredores biológicos, bancos forrajeros, protección de suelos y cuerpos de agua, acuerdos de captura de carbono, liberación de áreas para conservación u otras actividades y, lo más importante, la adopción de los determinantes ambientales del ordenamiento legal del suelo. Eso quedó evidente en el último congreso de Fedegan a finales del año pasado, cuando gran parte de la agenda de este encuentro se enfocó en las experiencias y retos del sector para transformar sus prácticas, aumentando su capacidad productiva y la resiliencia de sus agroecosistemas, y adaptándose a nuevas condiciones de mercado y de consumidores con mayor exigencia.
En ese mismo periodo, se dieron las primeras discusiones en el país sobre la necesidad de garantizar a los consumidores la información sobre la procedencia de los productos que se comercializan en los grandes almacenes, con sentencias que marcan la historia como lo fue el caso de los supermercados Olímpica. En el proceso también se dio una importante discusión sobre la vacunación creciente dentro de las áreas protegidas del país o las reservas forestales y zonas de páramos, que cada vez más incrementan el hato ganadero y por ende la deforestación, y donde aún no hay una política que impida que esta tendencia continue afectando gravemente la estructura ecológica principal del país.
Este fin de semana llevamos a cabo un panel de conversación en el marco de Agroexpo, con el senador Marcos Daniel Pineda, ponente de la ley de trazabilidad de la cadena ganadera (Ganadería Sostenible Libre de Deforestación), la directora de la Asociación de Exportadores de Ganado, un representante de Fedegan y un experto internacional del Uruguay quien nos contó sobre toda la historia de la experiencia de su país para llegar al punto de ser un modelo de referencia mundial. De resaltar, que el proceso lo iniciaron en el año 1973, con registros por finca manuales por hato completo y cartografía básica. Hoy, 50 años después, tienen la totalidad del hato ganadero individualizado, con plaquetas electrónicas por cada animal con normas ISO, catastro detallado por finca, seguimiento en la movilidad, sacrifico, despiece, transformación y destino final.
En Colombia, nuestro proyecto de ley promueve la articulación de los sistemas de información del catastro (IGAC), de monitoreo de la deforestación (IDEAM) y el Sistema de identificación e Información del ganado bovino (ICA), lo cual plantea un ejercicio que articule, en tiempo real, la información que viene desde los predios, las alertas de deforestación con la vacunación, movilidad y transacciones del ganado previo a su sacrificio. Es un gran avance que, claramente, dejará un marco regulatorio que no existía, y donde se abren tremendos retos de implementación, empezando por la georreferenciación de los predios de origen, su demarcación, catastro y, más aún, la identificación individualizada de los animales a través de la doble plaqueta -electrónica y visual- que logre trazar efectivamente, desde origen hasta el destino final, el ganado en sus zonas de cría, levante, engorde y sacrificio.
Se viene, pues, un proceso que, con un marco regulatorio general con la ley que se propone, requiere de una implementación y reglamentación precisa, que exigirá la identificación individualizada de los animales (electrónica y manual), avances en el catastro predial, información sobre las áreas y hatos de vacunación, empezando por las zonas donde mayor incidencia de la deforestación nacional, y paralelamente, en el registro geolocalizado de fincas que se articulen con el sistema interoperable de movilidad, deforestación y catastro general, para, posteriormente, hacer un trabajo de filigrana en los sistemas de registro de las plantas de sacrificio para el caso del mercado nacional, así como en el seguimiento a los procesos de exportación llegando a puertos y embarque.
El buen ambiente para la presentación de la ley también se ve reflejado en el acompañamiento internacional de esta iniciativa. Los embajadores de la Unión Europea, Noruega, Reino Unido y Alemania, entre otros, han sido explícitos en su apoyo a esta iniciativa para el fortalecimiento de los acuerdos comerciales de Colombia y su sector ganadero, en el marco de los criterios de sostenibilidad que hoy rigen el mercado mundial, así como los esfuerzos comunes para evitar la deforestación y la mitigación del calentamiento global. Ojalá que el Congreso colombiano pueda estar a la altura de este importante hito, y se logre su discusión y aprobación en esta legislatura, y que no se diluya en las confrontaciones viscerales que hemos visto recientemente. La trazabilidad de la cadena ganadera es un indicador de acuerdos sobre lo fundamental que requiere el país, y estamos a punto de lograrlo.
