Terminó esta semana el Foro de Bosques Tropicales en Oslo (OTFF por sus siglas en ingles), con importantes mensajes, sobre retos y oportunidades para los ecosistemas boscosos y sus poblaciones, así como para quienes desde el lado del desarrollo económico y financiero tienen impacto en sus decisiones sobre el futuro de los bosques con mayor incidencia en la regulación climática, la biodiversidad y las poblaciones étnicas más vulnerables del planeta. Centenares de asistentes, provenientes de Asia, África, Europa, y América, desde ministros, directores de organizaciones financieras, universidades, organizaciones étnicas, centros de investigación, sociedad civil organizada, estuvieron debatiendo una interesante agenda, que marca lineamientos de acción hacia el futuro próximo.
Desde la necesidad de movilización de nuevos recursos económicos para la protección y manejo sostenible de los bosques, pasando por las responsabilidades del sector productivo, especialmente los productores agropecuarios y minero energéticos,- “los commodities”-, así como el increíble apoyo de las nuevas tecnologías de monitoreo del cambio de cobertura y planeación de uso del suelo; por supuesto, el reconocimiento de derechos territoriales para pueblos étnicos y comunidades locales, incluyendo todas las modalidades de titularidad del suelo y del bosque, al igual que los derechos de uso. También, avances y retos sobre los mercados de carbono, y el rol de los pueblos étnicos en la implementación de fondos destinados al manejo de bosques; el papel de las economías ilegales y el crimen ambiental en la presión sobre los bosques, y la corresponsabilidad internacional en la trazabilidad de estos productos que están en el limbo de la legalidad.
Lo más interesante de este mosaico de prioridades temáticas fue precisamente la evidencia de trabajarlas de manera complementaria, concurrente, sinérgica, adaptándola a las condiciones de cada país. La ministra de ambiente de Indonesia mostraba cómo habían logrado generar una tendencia de disminución de la deforestación, basados en los derechos de población vulnerable sobre los bosques, los acuerdos con el sector agropecuario y la aplicación de la ley sobre el crimen ambiental, haciendo esfuerzos sostenidos, durante décadas, evidenciando la escala temporal que requieren estas intervenciones. La ministra congolesa llamaba la atención sobre la corresponsabilidad en los procesos de conflictos transfronterizos con grupos armados que afectaban los territorios protegidos de su país. Un grupo de empresas brasileras y sector financiero, mostró su modelo de trabajo para movilizar recursos público privados, en la asociación con empresas de comunidades locales que usan la biodiversidad. Desde Tailandia, se ven los esfuerzos para seguir los flujos financieros internacionales que demandan maderas que son explotadas ilegalmente en esta parte del mundo; y en Perú, los esfuerzos de lucha contra la minería ilegal de oro, están fuertemente ligados al vínculo con las organizaciones de la sociedad civil y los medios de prensa independiente, que evidencian lazos de corrupción nacional con los mercados internacionales.
Al final de la reunión, tuvimos la oportunidad de intercambiar prioridades de acción con más de 60 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en todo el mundo en la protección de los bosques tropicales. La tendencia de muchos países de querer intervenir en el direccionamiento de los fondos, actividades y zonas de trabajo de las ONG es cada vez más sensible y evidencia la fuerte erosión democrática que se presenta, al querer desconocer el rol en el fortalecimiento de Estado, incluyendo el control social, fiscalización y seguimiento, sobre las intervenciones de los periodos gubernamentales de cada país. La independencia de la Sociedad Civil es una columna vertebral de la democracia, y es un pilar del Estado Social de Derecho, así como su capacidad de articular la institucionalidad pública con las poblaciones más vulnerables, es garantía del ejercicio de derechos fundamentales de estas poblaciones. Pero todo esto, es percibido como un obstáculo indeseable en muchos regímenes, ya sea que se identifiquen como de “derecha o izquierda”, pero lo cierto, es que el talante autoritario es su común denominador.
Finalmente, tuve la oportunidad de hacer parte de un panel sobre las modalidades de conflictividad y crimen ambiental en la región, con foco en países andino amazónicos. Un espacio donde pudimos evidenciar la necesidad de trabajar con una escala regional, las diferentes modalidades de crimen ambiental, pues esta es una intervención que está direccionada por grupos de enorme poder financiero, político y operativo, y ligados con mercados internacionales. Evidenciar las debilidades y limitaciones de cada país, para enfrentar estos fenómenos, que han desarrollado una intrincada red de intervención en los gobiernos desde lo local a lo nacional, y desde los mercados ilegales hasta aquellos que se mueven con legalidad de “cuello blanco”, fue muy significativo, y llama a la acción de los planes y acuerdos planteados en la Declaración de Belén, en el marco de OTCA. También, para despercudir las burocracias internacionales de la Interpol, de su visión segmentada y parcial, sobre los conectores entre el crimen ambiental y los sistemas de lavado dineros provenientes de estas actividades. Las Fiscalías tienen ante sí un reto monumental, para revisar sus aproximaciones, no solo respecto del tipo de crímenes de alto impacto, sino sobre sus perpetradores, lo cual abre también el espacio para la investigación de flujos financieros internacionales y nacionales.
Claramente, hay una agenda de muchos retos, y para consolidar los avances de estos años en los bosques del mundo, y Noruega ha sido un excelente anfitrión, y facilitador del intercambio entre muchos actores, tanto de los gobiernos como de la sociedad civil. Un ejemplo del talante democrático tan necesario de fortalecer en estos tiempos de egos polarizantes.
