Año tras año, la deforestación va dejando un área acumulativa de bosques y suelos que pasan a pastos con ganado principalmente, algunos a zonas de cultivo transitorios y otras a actividades ilegales. Esta mancha de deforestación sigue creciendo porque nuestro esfuerzo sigue estando enfocado en evitar la deforestación (que no está mal pero no es suficiente), mientras que los procesos de restauración, ya sea de manera activa, o por regeneración natural o una combinación de estas, ha sido tímida y lenta. En el lenguaje de los mercados, hemos podido reducir emisiones, pero aún no fijamos carbono adicional. Igual, biodiversidad y agua.
Tímida y lenta, porque los volúmenes de áreas a intervenir, la ausencia en el modelo de negocio, la escasa institucionalidad para implementar masivamente un proyecto, la lentitud en la adecuación normativa para el uso de productos maderables y no maderables del bosque, y, principalmente, la falta del motor económico para impulsar restauración a largo plazo, que logre llegar al punto de equilibrio financiero, ha dificultado volverla una realidad.
Para dar una idea, en la Amazonía cada año (en promedio casi una década) se han perdido 100.000 hectáreas, y solo se llega a unas 10.000 de restauración anualmente, según me contaban amigos del SINCHI. Y, obvio, no es lo mismo un bosque primario a una sucesión vegetal o “rastrojo”, que puede demorar entre 30 a 80 años dependiendo del paisaje para volver a su estado original.
Por ello, la necesidad de avanzar paralelamente en las estrategias de reducción de emisiones, es decir, disminuir deforestación, pero igualmente, de recuperar a través de la restauración los bosques que se han transformado en otras coberturas. Para hacerlo, hay que tener un modelo de negocio. El sector rural es escéptico, y con razón, ante propuestas de mediano y largo plazo, como las de manejo forestal, cuando en su cotidianidad pueden recibir ingresos desde el primer momento, ya sea con arriendo de potreros, con leche o venta de animales en pie a la puerta de la finca. Ni hablar cuando las economías ilícitas son también una alternativa, aun más rentable y menos incierta.
Hoy contamos con numerosos modelos forestales y agroforestales que pueden tener viabilidad financiera de mediano plazo, que tienen opciones de generación de valor agregado con transformación local y potencial de expansión en mercados nacionales e internacionales. Pero, requiere una inversión inicial grande, que rebasa cualquier capacidad para campesinos vulnerables, así como un acompañamiento técnico durante todo el proceso, que puede durar entre 10 y 12 años según los tipos de bosques, especies a aprovechar, áreas y especies a usar, número de productores, capacidad de almacenamiento, transformación, distancia a centros de consumo y estandarización de la producción, entre otros factores. Los periodos de crecimiento de palmares, maderables y otras especies útiles deben estar apalancados financieramente, mientras se cosechan los bosques en pie.
Pero mientras se llega a ese punto, se deberá avanzar en estrategias de producción de corto plazo que permitan mantener la economía rural de las familias, incluyendo los sistemas agroforestales y silvopastoriles, que dinamicen y diversifiquen la producción local, mientras se hace el proceso de restauración y recuperación de suelos y bosques. Cadenas de frio, con innovación, transporte con energías alternativas y maximización de la infraestructura de transformación local son sueños en donde el conflicto armado se ha ensañado aun con estas iniciativas, que buscan salir en medio de la balacera. Una oportunidad especial está en la posibilidad de implementar modelos de silvopastoreo de gran escala en las zonas sustraídas de la reserva forestal, donde la disponibilidad para recuperar suelos degradados, generar conectividades, capturar carbono, recuperar microcuencas y proteger biodiversidad puede ser una prioridad de política económica, agropecuaria y ambiental, que en el marco de la zonificación productiva intensifique el sistema ganadero y libere áreas para restauración.
Es precisamente aquí, donde se requiere, un impulso financiero gubernamental, de mediano plazo, para que asegure ingresos a las familias que restauren mientras los modelos de forestería entran a punto de equilibrio, y además donde se reduzcan emisiones, se capture CO2 y se recupere biodiversidad y conectividad en gran escala, vinculando ingresos de los mercados regulados. Lo anterior, con una premisa fundamental, y es el reconocimiento de derechos territoriales de la población restauradora, que debe ser priorizada como garante de un bien público general.
Estuve hace unos días en Ecuador y es gratamente sorprendente el avance que ha tenido en un modelo de apoyo gubernamental con el programa Sociobosque, así como un sistema de monitoreo creíble, y una serie de provincias que avanzan en procesos de planificación del desarrollo conjuntamente, bajo una perspectiva de mantener los bosques y aplicar a un modelo REDD jurisdiccional que parece ser el más grande de la cuenca. Decisiones de largo plazo en este sentido dan resultados, más aun cuando se hacen alianzas con la cooperación internacional para concentrar esfuerzos financieros y técnicos que aseguren la continuidad y éxito en las metas propuestas.
Ojalá que los mecanismos financieros con que cuenta el país se puedan estructurar de tal forma que permitan implementar una política nacional de restauración y producción sostenible de bosques naturales y enriquecidos como estrategia para estabilizar la frontera agropecuaria y lograr el bienestar de las poblaciones rurales, la transformación territorial en zonas de conflicto armado y la reconversión de las economías ilícitas. Todo lo anterior, bajo la premisa de que el Estado pueda implementar sus acciones sin riesgo para la población ni las instituciones: un reto para las mesas de dialogo que no da espera.
