En Colombia, una exministra acusa las ONG de secuestrar un ministerio. Un expresidente ‘verdeamarelo’, hoy condenado, las acusa de incendiar los bosques para desprestigiarlo. Un descendiente de Laureano Gómez las acusa de ser instrumento de la guerrilla. Un expresidente ‘aymara’ las acusa de ser instrumento del imperio para tumbarlo, al igual que el vecino de Miraflores. En Perú, les montan un filtro gubernamental para controlar sus recursos, y los temas en que “pueden” trabajar, siempre y cuando no se cuestione al sagrado Gobierno. Ecuador viene de estrenar una legislación en la misma dirección. Y para remate, desde Estados Unidos se cocina cada vez más el control sobre los fondos de la filantropía hacía las organizaciones tropicales, donde los temas de género, equidad o gobernanza han quedado proscritos y aún más estigmatizados que el mismo cambio climático. Y ni hablar del rugido feroz contra la Open Society y la familia Soros, a las que la derecha latinoamericana y anglosajona detesta con odio jarocho.
Ya he venido hablando de tiempo atrás sobre cómo se está configurando un nuevo escenario donde el ambiente y las ONG no solamente retroceden en su valor ponderado en la toma de decisiones políticas, sino que son ubicadas en el espectro de “barreras al desarrollo y a la autonomía de los gobiernos y el agenciamiento de intereses externos”. Un coctel poderoso de adjetivos que además encubren un perverso deseo: echarle mano a las platas que no controlan, y que se escapan del festival del político de turno. Lo de la plata es arma de doble filo para la caterva politiquera, pues además de querer pasarla por el bolsillo del ‘CVY’, tienen que mostrar eficiencia en su uso, lo cual evidentemente no es posible no solo por su aparato burocrático -maraña jurídica-, sino porque en cada paso de la ejecución aparecen todos los reptiles posibles tratando de agarrar un pedazo del presupuesto antes de que se pierda “en el monte y esa gentuza”. Y al no poder capitalizar ni política, ni financieramente los recursos de cooperación invertidos en comunidades y zonas vulnerables, se voltean feroces tanto contra quienes implementan estos programas, como contra quienes aún los financian. Por eso, los datos de inversión entre cooperación internacional vs. gobiernos en estos temas y zonas son abismalmente diferentes. “Tras de cotudos, con paperas”.
Además, como los Estados y sus politiqueros han venido erosionando la institucionalidad pública, la capacidad técnica también ha sido golpeada duramente, razón por la cual los cooperantes siempre quieren tener un balance de inversión entre lo público y las ONG que le garantiza calidad técnica, eficiencia en el uso de recursos y transparencia, además de una relación profunda con las poblaciones locales. En vez de ser un instrumento poderoso de trabajo mancomunado y sinérgico entre Estado y ONG para llegar a los sitios más complejos y comunidades más vulnerables, y fortalecer las relaciones con la institucionalidad pública progresivamente, hoy hay un cortocircuito, una desconfianza y una enorme dificultad de relacionamiento, cuando no un motivo de conflicto y señalamiento, en el mejor de los casos entendidas como “caja menor” de las contingencias e improvisación de los gobiernos.
También hay que mirar con autocritica lo que pasa de este lado. Un día, un guerrillero que me dejó intuir que jamás se desmovilizaría, me dijo que “cada político tiene su ONG de garaje para robar plata”. Y también me recalcó: “por eso, nosotros queremos decidir quién entra al territorio y quien ejecuta la plata”. Muchos territorios se están quedando sin apoyo, pues la presión de los grupos armados para controlar, orientar y extorsionar los proyectos y organizaciones está haciendo inviable la posibilidad de trabajar en esas zonas. Las organizaciones sociales, con razón, piden cada vez más espacio para ser ejecutoras de recursos, pero en ello hay niveles de riesgo que se deben gestionar. El proceso de fortalecimiento administrativo de las organizaciones sociales debe arrancar, consolidarse y encontrar cuáles son sus fortalezas técnicas y administrativas, y que ojalá puedan llegar a tener sinergia con ONG que llevan décadas de experticia y pueden jugar un papel clave en esa construcción territorial y política. No es en la anulación y desprecio de cada uno donde se encontrarán las alianzas necesarias para resolver los retos de sostenibilidad, gobernanza, incidencia e inversión local que tienen muchos territorios en conflicto social y ambiental. Hay que revisar qué pasa con aquellas ONG cuya única finalidad es controvertir todo lo que cada gobierno de turno hace, y su capacidad de construir Estado es nula, lo cual es alimento para los discursos ‘homogenizantes’ que quieren embolsar el esfuerzo de sociedad civil organizada en los “enemigos del Estado”, como bien viene sucediendo en países que van de las derechas a las izquierdas latinoamericanas. ¿A qué juegan? La salida de USAID, y de la cooperación de Estados Unidos en general, ha precipitado la crisis de la cooperación internacional en temas sociales y ambientales (además de salir de la incidencia política que ejercían por esa vía); la guerra en Ucrania ha condicionado, disminuido y puesto en remojo la cooperación europea de mediano plazo. La filantropía está en crisis: una adaptándose y otra, sencillamente, desapareciendo.
Por ello, este momento de crisis también sirve para reforzar la necesidad de hacer visible el papel que juega la sociedad civil organizada a través de las ONG en construcción de Estado en las regiones, en la atención de comunidades vulnerables, en la discusión e incidencia política constructiva, en el seguimiento a la agenda legislativa, política nacional, regional e internacional, en el respeto a los derechos fundamentales de las poblaciones, al respeto constitucional, a la transparencia, a la generación de información de calidad, asequible, en tiempo real, y muchas cosas más, en cada país donde se han constituido organizaciones que son baluarte de la democracia. Por ello da risa y tristeza ver exfuncionarios saliendo en publirreportajes a lavar su mediocridad tratando de ensuciar la sociedad civil y a la última línea de cooperación que aún persiste en trabajar con un país donde la mediocridad y resentimiento son comunes, infortunadamente. En un país que se dice defensor de Escazú, y donde matan más defensores ambientales en el mundo, hay quienes dicen frases que ponen en la mira a los que han hecho bien su trabajo, a pesar de los mediocres.