Un día salíamos con mi amigo Álvaro Nonuya a pescar, cerca del barranco del Quinché –un raudalito propicio antes de Dos Islas– y nos imaginábamos un desayuno con sabaleta, fariña y mucho tucupí espeso y picante. Remamos media hora, llegamos al barranco y nos pusimos a escarbar con los remos, buscando lombriz para carnada. Al rato, Nonuya se desesperó de encontrar el barranco medio seco, y obvio, sin lombriz. Se subió a coger grillos monte adentro, y al rato regresó con la camisa en forma de talego, con una veintena de ‘patilargos’. En vez de felicidad, venía con cara amargada, y me dijo: “Este no es tiempo de grillo, el tiempo está loco”. Luego, la piraña nos dejó ‘blanquiados’ y esperando las sabaletas y sábalos que nunca llegaron: la subienda de pescado no estaba llegando a tiempo. Álvaro sentenció: “vamos comer caldo de ‘puño’ (piraña), el clima se volvió loco”. Eso fue hace 35 años.
Una semana llena de candela y tensiones anuncia lo que se viene en este final de año. Desde São Paulo hasta Lima, pude atestiguar cómo las anomalías climáticas son cada vez más intensas y frecuentes: días de calor intenso en ese Pacifico continental, mientras se daban intensas lluvias y frío húmedo en la populosa capital paulista, en épocas cuando no se registraban anteriormente. En Colombia se registraron nuevamente temperaturas máximas históricas, principalmente en la zona central y norte del país, donde el Fenómeno del Super Niño ya está haciendo estragos. Los incendios van en curva ascendente exponencial, y ponen a prueba todo el sistema no sólo de gestión de riesgos y desastres, sino la articulación del sistema nacional ambiental, pues más allá de la reacción inmediata lo que se requiere es una revisión a fondo de la relación entre el uso del suelo y la ocurrencia de incendios, poniendo el foco en el ordenamiento territorial.
Ciertamente, esa relación entre tipos de uso del suelo y la ocurrencia de incendios y su correspondencia con las condiciones geomorfológicas, de cobertura y climáticas, debe ser una guía en la priorización de acciones del sector ambiental en la inclusión de determinantes ambientales en los instrumentos de ordenamiento territorial, así como en la definición de prácticas prohibidas, o restringidas y reglamentadas, especialmente en lo que concierne al manejo del fuego como mecanismo para el cambio de cobertura y de ampliación de la frontera agropecuaria a partir del argumento del cambio de la función ecológica.
Y claro, ahora que se viene este aluvión de grandes proyectos entre agropecuarios, mineros, energéticos y de infraestructura, entre otros, será aún más importante revisar cómo están planteados los mecanismos de compensación, restauración y conectividad que dentro del licenciamiento –ya sea por impactos directos, o como debería, incluyendo impactos acumulativos y sinérgicos– se están diseñando las intervenciones en grandes paisajes en medio del ‘Super Niño’, de los incendios, de los paisajes degradados y de la escasez cada vez mayor de agua superficial de calidad.
En sensato, creo yo, que si se están planteando una serie de grandes proyectos en regiones estratégicas del país, en medio de una condición climática extrema, es pertinente evaluar la capacidad de resiliencia de estos ecosistemas ante los impactos acumulativos de las intervenciones propuestas. Pensar en intervenciones con gradualidad puede ser un camino a tener en cuenta, más allá de seguir el de la intervención total y desaforada, o de la quimera paralizante del prohibicionismo total.
El comportamiento diario en el suministro de energía, agua, alimentos, calidad del aire, caudales de grandes cuencas, salud de costas y zonas marinas, cobertura de bosques y áreas en restauración, debería ser parte de un grupo de indicadores de seguridad pública ambiental, del cual tengamos información veraz, accesible, oportuna, de calidad y en formatos públicos masivos, dado que es un tema de interés para todos los colombianos, sin distinción partidaria. Y, más aún, es un derecho fundamental.
Esa discusión tuve la oportunidad de vivirla en el Foro Brasilero de Seguridad Pública, realizado esta semana en São Paulo. Su consigna, ‘Seguridad, un derecho de todos’, llega a sus 20 años de trabajo continuo, donde cada año se celebra un evento convocado por la sociedad civil con participación de los ministerios de Justicia y Defensa, de las gobernaciones, la Defensoría del Pueblo y las facultades de Derecho, las organizaciones civiles y el sector privado. Una muestra concreta de cómo si es posible trabajar conjuntamente, con visión de largo plazo, poniendo sobre la mesa temas difíciles para ser hablados sobre la mesa, así como el fortalecimiento de la democracia como objetivo final.
Tenía razón el gran Nonuya, cuando me decía que el “tiempo estaba loco”; lo que no sabíamos en aquella época es que la humanidad seguiría incrementado la intervención sobre los recursos naturales sin freno y, más aún, que en los tiempos de extremos e inseguridad climática no tuviéramos las herramientas de discusión pública sobre información veraz y accesible para proponer mecanismos que disminuyan el riesgo de colapsos ecosistémicos en áreas de alta intervención, ahora que la carrera por los minerales estratégicos, la energía, la comida, la conectividad y los conflictos armados “de baja intensidad” tocan la puerta de pequeños países tropicales como el nuestro, con el Super Niño al frente.
