Los procesos de titulación de tierras en Colombia avanzan lentamente en zonas críticas donde se requiere la estabilización de la frontera agrícola. La compatibilización de los procedimientos de ordenamiento social de la propiedad y ordenamiento ambiental debe ser una prioridad en la política pública para consolidar los esfuerzos de atención a poblaciones campesinas vulnerables, así como a resguardos indígenas, y la conservación de las Áreas de protección ambiental. En medio de las dificultades propias de la institucionalidad pública aparecen retos legales y tecnológicos que se deben superar de manera urgente, como lo demuestra el tortuoso avance del Catastro multipropósito en el país. A pesar de los múltiples apoyos internacionales, financieros y técnicos, el proceso aún no despega a la velocidad que van las transformaciones en el país rural, especialmente. Y sin esta herramienta, es más complejo aún pretender desarrollar procesos de reconocimiento de derechos territoriales, cuando ni siquiera sabemos cuál es la condición real de la ocupación y el uso del suelo en vastas zonas del país. La gente en el campo ha reemplazado, con justa razón, este embeleco, a través de las “carta-venta”, que es un documento hecho entre vecinos, avalado por su junta comunal, y luego llevado a notaría, dándole formalidad a una transacción de buena fe.
En muchas zonas del país, los grupos armados, también han funcionado como agentes de reconocimiento de derechos, o de imposición, y, en sus bases de datos, tienen la georreferenciación de cada familia, tiempo de llegada, uso del suelo, y otras “variables” más. En caso de disputa entre vecinos, el actor armado siempre ha aparecido como fórmula para dirimir las disputas, retrasando siglos la “reincorporación” del Estado a las zonas rurales; de hecho, recientemente, varios grupos han avanzado -vía presión armada- en hacer levantamientos topográficos finca a finca, así como la caracterización de usos. Increíblemente, el otro país, el de la ruralidad en conflicto, se distancia cada vez más de nuestra burocracia, paquidermia, descoordinación, y falta de visión para entender las oportunidades en la construcción de paz en escalas territoriales.
¿Podremos cambiar esta tendencia? Creo que sí es posible y se debe acudir a una estrategia más flexible, pragmática, donde se puedan unir las capacidades de instituciones públicas, privadas, académicas y de organizaciones sociales, donde todo aquel que pueda hacer levantamientos de información, lo ponga en bases de datos abiertas, interoperables, que alimenten el proceso formal, que vaya desde el Catastro hasta las solicitudes de adjudicación en áreas de baldíos. El camino de los operadores catastrales, puede ser una herramienta vital, pero de igual forma, los esfuerzos de las instituciones ambientales que vienen trabajando modelos detallados de planificación predial, en el desarrollo de sistemas sostenibles de uso del suelo, que incluyen levantamientos predio a predio, e inclusive veredales.
De la misma manera, es urgente que esta capacidad institucional, conjugada, articulada, coordinada, entre lo agrario, ambiental, y de gobiernos municipales, pueda ofrecer y generar información sobre el estado legal del suelo, para miles de familias, que padecen esta ausencia histórica de Estado, y han desarrollado sus formas de asentamiento y usos, de manera intuitiva, y mediados por las condiciones de economías, lícitas o no, así como la presencia de grupos armados. Durante décadas, he recorrido territorios donde la gente se pregunta “¿dónde está?”, haciendo referencia a las restricciones de uso y ocupación. Claro, esto, cuando se empiezan a ver las dificultades de presencia institucional, inversión pública, debido a factores de restricción en el uso del suelo, de las cuales las poblaciones campesinas nunca fueron informadas. Otros, sabiendo de la confusión y desinformación, han aprovechado, y usado las herramientas legales, para crear veredas donde tenían intereses, usando las necesidades de la gente vulnerable, para crear esta figura legal que permite a los municipios invertir recursos. Han sido creadas numerosas veredas donde hay restricciones de uso, (en áreas de conservación estricta) o de propiedad (como en resguardos indígenas), que posteriormente, son compradas poco a poco, por grandes inversionistas, que terminan como dueños de veredas enteras, y en otros casos, las nuevas veredas recibiendo los hatos ganaderos mas grandes de la historia reciente en regiones como el sur del Meta, Caquetá y Guaviare. Entonces, me pregunto, ¿a quién favorece la desinformación sobre el ordenamiento territorial? ¿A quién favorece la informalidad en los procesos de titulación de tierras, y en general de ordenamiento social de la propiedad?
Como lo he señalado en varias oportunidades, el tiempo pasa, y las regiones van desarrollando sus propios modelos de asignación de derechos, de zonificación, de usos del suelo, de inversión, pues la paquidermia estatal no será un obstáculo más para que el “otro país” lo siga esperando. Se agota el tiempo, y es necesario reaccionar, en conjunto.
Esta semana, murieron personas muy cercanas, en diferentes circunstancias, que me hacen reflexionar sobre la velocidad de las transformaciones territoriales, y los cambios de tendencia en la degradación ambiental. Una de ellas, María Constanza Ramírez, con quien pude compartir esfuerzos, precisamente por el derecho de las poblaciones vulnerables a un mejor vivir y de este país a recibir los beneficios de un ambiente sano. Desde el río Caucayá, hasta el río Guejar, pasando por el Apaporis o en el Unilla, Constanza me dejó esa certeza, en su sonrisa, del camino a perseverar. Gracias Constanza, hasta siempre.
