Las pretensiones de reconocimiento territorial y de autoridad ambiental deben ser minuciosamente estudiadas, so pena de crear nuevos conflictos. Vuelvo a recordar cómo, desde hace varios años, los resguardos indígenas en Colombia y territorios de comunidades negras vienen siendo objeto de presiones, ya sea por invasores de tierras, dedicados al narcotráfico y minería, así como de ganado, y otros cultivos “legales”. Pero como si fuera poco, en muchos de ellos, se hacen pistas ilegales, trochas, campamentos, zonas minadas, corredores “militares”, de cuanto grupo armado ilegal alberga este país. Claro, si tienen esa presencia, van por los jóvenes, y reclutan, “por las buenas” o por las malas, y se llevan el relevo generacional de la diversidad cultural del país, para convertirlos en “máquinas de guerra” como dijo el señor exministro.
El asunto no para allí, pues, ya no solamente se copan los territorios físicos, sino que se está yendo por el trofeo mayor: la base social y política, acompañada por la autonomía administrativa, financiera y política de los resguardos y territorios colectivos negros. La codicia, por sus recursos, su gobierno propio, sus planes de vida como instrumento de desarrollo territorial, y su independencia, hacen de estos territorios un botín tremendamente apreciado. Y esa codicia, está llevando a un exterminio de cuanto líder indígena o negro, Cabildo, autoridad tradicional, o Asociación de Autoridades Tradicionales, se oponga al dominio de los grupos armados.
Semana a semana, vemos cómo mueren y desaparecen líderes indígenas en todo el país; también líderes de comunidades negras y campesinas. En su gran mayoría, ligados estos homicidios, a la acción de los grupos armados y su “pedagogía del poder”, basada en infundir temor y terror a las poblaciones. Cuando ampliamos el análisis sobre dónde se dan estas acciones de terror, encontramos que están ligadas a las zonas más conflictivas entre grupos armados por la disputa de recursos económicos para la financiación, así como de corredores de movilidad, armada o de economías ilegales, y por la resistencia de las formas organizativas locales. El asunto de la conectividad espacial de los territorios étnicos es vital, pues más allá de la función ecológica, hoy están en la mira de los actores de la guerra que ven en esa conectividad una ventaja estratégica muy apetecible.
Para complejizar más el asunto, en el otro lado vemos autoridades ambientales regionales y nacionales, en su mayoría con debilidades conceptuales, operativas, jurídicas y financieras, para abordar el trabajo cooperativo y de coordinación con las autoridades públicas indígenas. La ausencia de credibilidad y legitimidad crece vertiginosamente, entre su torpeza y el sombrío juego de quienes van jugando esta sucia partida de guerra. Y ahora, se exportan modelos de “Guardias” donde nunca han existido, y donde los viejos shamanes se están viendo desplazados por los muchachos del palito, mientras el mambeadero se ve cada vez más desolado, ya que los ausentes están en la “escuela de formación”. También, se traen para darles cátedra a las organizaciones campesinas, quieran o no, y fortalecer este embrión de milicia, que se expande tan rápido como la aparición de acciones armadas alrededor de los nuevos planes estratégicos expansivos. Frente a la torpeza institucional, estos tigres se erigen como la nueva forma de control territorial, de aplicación de la “normatividad interna”, de regulación y relacionamiento con el Estado. Una cosa es la legítima forma de organización tradicional indígena, en sus resguardos, y otra, la expansión de un modelo de reemplazo territorial de autoridad institucional, en territorios campesinos, negros, y ahora, urbanos. Por ejemplo, la aparición de migraciones caucanas en el oriente y sur del país, dice mucho sobre ese plan expansionista.
Dentro de la política de paz, debe estar priorizada la discusión sobre el futuro del ejercicio de la autoridad ambiental institucional, donde es indispensable, reafirmar su competencia y legitimidad dentro de un Estado Unitario, así como su transformación conceptual, legal, operativa, y además de su adaptación a trabajar de manera coordinada y sinérgica con las Autoridades Públicas Indígenas, y otras formas de organización social. No se trata de reemplazar una con otra, ni tampoco de subordinar, pero sí de construir territorialidad con visión de país. Ahora que está en boga en cuanta reunión hay -y son muchas-, hablar de “gobierno a gobierno”, es importante resaltar, que es de Gobierno nacional a Gobierno local.
La capacidad sancionatoria ambiental del Estado, de ejercicio de la autoridad, y de operación debe salir fortalecida de este momento histórico, donde la construcción de paz, no significa la renuncia a la protección del interés general frente a las particularidades étnicas o territoriales. Y menos, cuando hay actores armados que están instrumentalizando las condiciones sociales, jurídicas y territoriales de nuestro país para consolidar su modelo de transformación política, económica y territorial. No es cosa menor en un país donde hay un poco más de la tercera parte del país en territorios étnicos, algo más 20 millones en Áreas Protegidas continentales, y otro en reservas forestales con poblamiento. Nos jugamos la gobernanza territorial de medio país, con actores que los están sometiendo con ferocidad, y la timidez de un Estado que se resiste a entender su repercusión.
