En medio de un calor infernal, y las noticias de incendios propagándose por varias partes del país, escuchaba una serie de anuncios para darle cuerpo a una estrategia para la estabilización de la frontera agropecuaria. Reiterar y fortalecer la vocación de uso forestal de la Amazonia, manteniendo su estatus de reserva forestal sin sustraerla y combinarla con modelos de reconocimientos colectivos e individuales para pobladores vulnerables, es una enorme noticia, que rompe una tradición de más de 60 años, donde las reservas forestales eran consideradas zonas que impedían la existencia de comunidades o el desarrollo de usos forestales sostenibles. El cambio es rotundo: la discusión y decisión es sobre el uso, y no sobre las comunidades allí asentadas. Igual, sobre el tipo de beneficiario, que debe ser población vulnerable usuaria de los baldíos de la nación, en vez de acaparadores y traficantes de tierras públicas.
De igual manera, se abrió otra figura, que implica, usar bosques, sin que necesariamente tengan asentamientos en su interior, es decir, población residente a través de la creación de las Concesiones Forestales campesinas una figura novedosa en Colombia que ha permitido el más importante desarrollo de la economía forestal campesina y empresarial en países como Guatemala, que después de tener una deforestación y violencia rampante en sus bosques y áreas protegidas durante décadas, cambia esa tendencia y muestra una economía creciente de productos maderables y no maderables, una cobertura forestal que se amplía en la mitad del corredor mesoamericano, así como unas comunidades y asociaciones de productores fortalecidos en su territorio, y con empresas exportadoras exitosas.
También veíamos una presentación conjunta de los ministerios de Ambiente y Agricultura –esperada, como nunca-, que prometen desarrollar mecanismos conjuntos de reconocimiento de derechos territoriales combinados con paquetes técnico financieros, de mediano y largo plazo, para apalancar el programa de pagos por conservación, que será el motor inicial para la reconversión productiva de ganadería hacia bosque, así como la restauración activa como motor de la forestería. Debe convertirse en política de Estado, para garantizar los esfuerzos de presupuesto nacional y cooperación internacional que en materia forestal o se están apropiando para consolidar esa frontera agropecuaria.
Pero, de otra parte, situaciones internacionales y subnacionales, alertan de grandes peligros. Una ola brutal de incendios forestales entre Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, nos señalan la impredecibilidad climática creciente, la relación con los cambios de uso del suelo y de cobertura, pero también la presión de las economías mundiales por todo tipo de materia prima. El precio del oro rompe récord, y la explotación ilegal se multiplica en todos los territorios, generando algunos ingresos para poblaciones empobrecidas y marginadas, pero esclavizándolas. Los grupos armados concentran su ferocidad allí, y hoy se hayan múltiples facciones, tratando de controlar los negocios que se derivan del preciado metal que llena con sus lingotes, las bodegas de cuanto banco derivan su utilidad del silencio. Esta economía está expandiendo la violencia de manera exponencial en los países de la cuenca amazónica, y nutriendo ejércitos irregulares, además de corromper fuerzas legales, y someter políticamente enormes regiones. Gran paradoja del siglo XXI, donde la cooptación de los estados, es la cuenta de cobro a la desidia y corrupción histórica de los mandatarios con las periferias nacionales.
En Colombia, la deforestación del 2024 viene galopando en las zonas de disputa entre las facciones del Estado Mayor; dado que es un proceso de colonización armada, está acompañada de una vertiginosa expansión vial, poblamiento ganadero, crecimiento cocalero, y migraciones dirigidas. A esta fecha, centenares de hectáreas en el suelo y otras cayendo, anuncian un reto mayor: como llevar este tema con urgencia a la Mesa de Diálogos, en el nivel de prioridad que corresponde. Es necesario, según lo expresado por el presidente y sus ministras, darles especial protección a las decisiones comunitarias, y de sus organizaciones y líderes, que se han visto amenazados por los grupos armados, en su decisión autónoma de vincularse a los programas de conservación y desarrollo forestal sostenible. Es realmente insólito que en el momento en que se abre esta puerta tan importante de derechos territoriales, conservación ambiental, formalización, crédito, formación empresarial, no haya un espacio de diálogo político para darle una salida a miles de personas, civiles y combatientes, que merecen un futuro diferente a la guerra.
El ecocidio de la Amazonia, se empieza a tipificar hoy como un delito, donde los inversionistas de cuello blanco, así como los operadores armados, tienen una responsabilidad que la legislación internacional no dejará pasar con impunidad, ante la lentitud y parsimonia de la justicia de nuestros países. Esperemos que en vez de continuar el incremento de esta conflictividad, los diferentes actores que tienen en sus manos las decisiones para proteger nuestra estabilidad climática, puedan encontrar en la naturaleza un camino hacía la paz.
