Urge preparar al país para asumir la prioridad de restaurar millones de hectáreas que han sido deforestadas en los últimos años en el país y reconvertir un conjunto de sistemas productivos que, en general, aún no cumplen con criterios de sostenibilidad. Los datos de Colombia –según el Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030–en materia de producción agrícola con criterios de crecimiento verde, fue de 0,32 por ciento para 2019 (¡dato más “reciente”!!), lo cual nos pone de frente nuestro rezago en esa materia y explica el porqué de la degradación de los ecosistemas al nivel que están. Estamos “sucios y el agua lejos”.
Por ello es tan significativo el acuerdo que se dio entre Fedegán y el Gobierno nacional para avanzar en ese proceso de compra de tierras y adjudicación, pues además del potencial efecto sobre las metas de reforma agraria ponía el tema de la reducción del área ganadera en casi una tercera parte de su ocupación actual, liberando 14 millones de hectáreas para usos forestales, agrarios o de servicios ambientales. Aquí viene un asunto fundamental, y es determinar las condiciones en que se encuentran las tierras disponibles y ¿cuál es el mecanismo financiero y técnico para restaurar aquellas zonas que lo requieran?
En un territorio donde hay más de 30 millones de bovinos, con tendencia al alza por las condiciones de aumento en la demanda, hoy se podrían transformar millones de hectáreas en suelos que se encuentran degradados y baja capacidad de carga para destinarlos a procesos de reconversión, ya sea en modelos silvopastoriles, agrarios, forestales o de producción de servicios ambientales. Las políticas de financiación para la reconversión productiva pueden ser un buen reto para el cierre de este gobierno y en particular para el que vendrá, pues es urgente pasar la página de la variabilidad en reducir la deforestación, a la política de restauración nacional de ecosistemas en la escala y magnitud que corresponde, para empezar a cerrar la brecha enorme que existe entre los bosques y otros ecosistemas perdidos y la bajísima tasa de restauración nacional que venimos exhibiendo en las últimas décadas. Para citar una cifra reciente, la deforestación en los últimos siete años está un poco más arriba de 1.200.000 hectáreas, mientras la cifra de la meta de restauración nacional para el último cuatrienio fue de 753.000 hectáreas (ecosistemas terrestres y marino costeros) y la tasa promedio de restauración nacional efectiva, en los últimos años, es de 50.000 hectáreas por año. Patético.
Mientras tanto, en países como Brasil el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) acompaña de manera decidida la propuesta del desarrollo del arco de restauración amazónico, con financiación y líneas de negocios especiales para recuperar las áreas que han perdido su cobertura y que están bajo sistemas productivos de alto impacto. Claro, aquí se juntan aspectos de estímulos financieros, así como tributarios, pues en varios estados se hacen reducciones tributarias para aquellos que emprenden los procesos de restauración sobre las zonas degradadas y deforestadas, y finalmente, dado que existe un catastro rural bien desarrollado, así como disposiciones para exigir el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad.
Lo anterior pone retos de tareas pendientes de largo plazo en Colombia, como lo es tener un catastro rural actualizado, un sistema de tributación rural en funcionamiento pleno en las áreas donde la tenencia de la tierra aun es mayoritariamente informal, así como un proceso de adjudicación y formalización de derechos en sus diferentes expresiones según las categorías de uso del suelo. Ello implica el desarrollo de líneas de financiación claras para diferentes sistemas productivos, que sean viables económicamente, que tengan encadenamientos comerciales y que puedan estar apalancadas por la formalidad en la tenencia. Aquí vuelvo a reiterar lo dicho en columnas anteriores: los modelos productivos en las áreas de vocación forestal deben estar enfocados en la restauración y en poder combinar, de manera virtuosa, los mercados de servicios ambientales, la asistencia técnica gubernamental y las líneas de créditos blandos para población vulnerable.
Debemos salir de la mirada anacrónica de las plantaciones forestales de gran escala como modelo para las poblaciones locales, o inclusive, los modelos de extracción forestal o no maderable enfocado en grandes ‘aserríos’. Este obstáculo, tan claro en los marcos legales de las corporaciones regionales, y la distancia de Finagro, reconociendo sus primeros avances en el ‘enverdecimiento’ de los créditos de fomento para el agro, y la Agencia de Desarrollo Rural, pulverizan el discurso del uso forestal sostenible para comunidades locales. El resultado de esta política es que el mal llamado sector forestal aportó el 0,7 por ciento del PIB nacional en el año 2021.
El marco de complejidad en el asunto de la restauración puede incrementarse al mirar las metas de la adquisición de tierras a través del Fondo de Tierras, donde existe la meta de entrega de tres millones de hectáreas, y tan solo se han comprado 500.000 donde habrá una necesidad prioritaria de asegurar la restauración en aquellas áreas donde su integridad se ha perdido y, por tanto, la capacidad productiva y de resiliencia para mantener procesos productivos sostenibles. De tal suerte que la meta de restauración nacional no puede verse desligada de la capacidad real y operativa de hacerlo y, como se ha visto, aún hay un trecho grande entre la financiación, la capacidad técnica, la demanda comercial y la información predial básica. Y por ello, es lógico que para el campesino de a pie la vaquita sigue siendo su aliada en la sobrevivencia diaria.
