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Ambiente más allá de baile, poncho y silencio

junio 1, 2026
Opinión

Escrito por:

Rodrigo Botero

Publicado en:

Junio 2026

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Las elecciones presidenciales son un termómetro interesante para identificar cuál es el nivel de importancia que algunos temas tienen para la población, y por ende, cómo cada candidato y su equipo los aborda. Claramente, el tema ambiental no es uno prioritario en esta ocasión, y allí se abren riesgos importantes de señalar. En un mundo donde la disputa económica entre grandes potencias se ha concentrado en el control del petróleo, las ‘tierras raras’ y el oro, es un poco ingenuo pensar que con el actual diseño institucional el país podrá lograr que, literalmente, se lo “chupen” entre la Ruta de la Seda y el Escudo de las Américas.

¿Estamos preparados realmente para planear, mitigar y compensar los impactos de una activación de gran escala de proyectos minero energéticos en el país? No lo creo, y menos aun cuando una parte importante de candidatos repite, incesantemente, que el Estado debe ser reducido, y que la aplicación de las leyes ambientales debe ser con pragmatismo y sin posiciones “extremas”. Es decir, donde todo se haga bajo la premisa que todo es posible con tecnología, recursos o compensaciones, y la conservación estricta desaparezca. Otros tendrán que enfrentar la presión social por la legalización de actividades realizada por grupos sociales, que además, en medio de la presión de grupos armados, pretenden hacer pasar de agache los tremendos impactos ambientales de la minería informal masiva, bajo la premisa de que todo lo comunitario tiene licencia social, y por ende es irreversible.

Aunque parezca complejo, es importante poner sobre la mesa los impactos que tienen las decisiones de declaración como grupos terroristas del Comando Vermelho y el Primer Comando Capital por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, ya que la presión militar y política para adelantar acciones en las zonas de frontera no está ya únicamente en el borde ecuatoriano, donde Noboa ha mostrado toda su intención de jugar un papel clave en la estrategia de Washington. Poco a poco, las acciones militares en las fronteras del país coincidirán no solamente con la presencia y movilidad de grupos armados, ya sean colombianos o de otras naciones, sino sobre áreas de extracción, comercio y movilidad de minerales estratégicos, además del oro, que ya es de por sí es el gran impulsor de las economías ilegales en todo este cinturón periférico.

Aquí, las políticas de ambiente, seguridad, soberanía fronteriza y desarrollo económico empiezan a confluir, y ese discurso no pareciera fluir aun de manera elaborada en las campañas, pero más incluso en la misma narrativa pública, donde, en general, esta dinámica se observa de manera fragmentada ya sea cómo un problema exclusivo de criminalidad y grupos armados, o de narcotráfico, de degradación ambiental o de  pobreza, mientras que la evidencia nos muestra que solo puede ser abordada como un problema multidimensional y complejo.

Mientras esto sucede en la mayor parte del cinturón fronterizo colombiano, hacia el interior el abordaje es de euforia desarrollista. Hace pocos días, un amigo me contaba cómo hay una fila de inversionistas esperando en Miami el resultado de las elecciones en Colombia, Perú y Brasil, para dar largada a una esperada carrera por iniciar proyectos, principalmente de minerales, energía e infraestructura, que vienen con esperados cambios normativos que despejen el camino de las “trabas sociales y ambientales” que existen en las legislaciones de estos países del cono sur, las cuales ya han sido removidas en algunos casos con técnica de motosierra o bisturí, según el caso.

No se habla mucho de ello, pues es un tema sensible, pero claramente los procesos de licenciamiento y consulta previa, están en la mira de muchos sectores de la industria, y son hoy considerados un bloqueo al desarrollo de los proyectos, un mero compromiso de “lista de chequeo” y una negociación cada vez más perversa con las comunidades locales. Coincido en que hay casos desastrosos de consultas que se han convertido en una negociación perversa, o de licencias que no han estado dimensionadas con los estándares técnicos y temporales de algunas obras; pero también conozco decenas de casos de consultas sin el menor respeto, cumplimiento de requisitos o interlocución sesgada sin representatividad, que han destrozado territorios y, así mismo, estudios de licenciamiento que siguen minimizando impactos para reducir responsabilidades empresariales en la compensación, siendo el tema de impactos acumulativos y sinérgicos uno de los que se siguen evadiendo sistemáticamente.

Como somos un país de extremos, seguramente unos propondrán eliminar reglamentaciones de licenciamiento, acelerar los tiempos, retirarnos de la OIT (para salir del compromiso de la consulta previa). Y otros propondrán incluir la “licencia social” como un requisito vinculante para el desarrollo de proyectos, mientras que los grupos armados siguen haciendo sus modelos de transformación territorial sin preguntar, consultar, compensar o nada parecido. Mundo al revés.

El nuevo gobierno, cualquiera que sea, será recibido por un súper Fenómeno del Niño, que pondrá a prueba el funcionamiento de una institucionalidad maltrecha en sus niveles de corresponsabilidad. Sera necesario que ciudades y gobiernos regionales vayan de la mano con la información técnica no solo sobre los datos meteorológicos, sino sobre su disponibilidad de agua de consumo, energía, sistemas contra incendios, dificultades de movilidad fluvial, impacto en los cultivos, desabastecimiento alimentario, emergencias sanitarias, especies vulnerables y, en fin, todo lo que viene. Para lo cual hoy deberíamos poder contar con una estructura institucional que ya empiece a funcionar de manera articulada, y el nuevo gobierno no entre a improvisar.

Desde los retos internacionales hasta los cambios políticos hemisféricos, pasando por los conflictos normativos y de desarrollo económico, el rol del conflicto armado en la degradación ambiental y los impactos climáticos de los eventos extremos, hay un abanico de temas que tendrán que ser parte de la agenda ambiental, más allá del “debate” presidencial, y de las campañas de bailes, ponchos y silencios.

AmazoniaAmazonia colombianaCambio ClimáticoConflictoConservaciónDeforestaciónDerechos territorialesGobernabilidadGobernanzaMineríaOpinión

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