Repito: La cooptación es el fenómeno que se está dando en el territorio más grande del país, con menor cantidad de población, menor inversión per cápita, institucionalidad más débil, mayor número de kilómetros de frontera terrestre sin control (por donde pasa toda la coca, el oro, las armas, la marihuana, o lo que sea necesario, rumbo al oriente continental, incluyendo los costos de la “vigilancia estatal”), que a su vez es foco de economías ilícitas como la extracción de oro y coltán, el lavado de activos, la apropiación y acaparamiento de tierras públicas, el tráfico y procesamiento de narcóticos, la deforestación, así como la utilización de recursos públicos de gobiernos locales y nacionales. Y, por supuesto, la existencia y crecimiento de grupos armados en la totalidad de su territorio, que ejercen en gran parte de él como una forma de Estado paralelo, más fuerte y reconocido socialmente, así no sea del gusto de la población. La presencia de los grupos armados ilegales y su ejercicio de gobierno, en alianza con sectores políticos y económicos (¿y militares?) “formales”, es el resultado de un modelo de Estado que ha fracasado y necesita con urgencia una visión integral para su recuperación política, económica, ambiental y social.
La región amazónica colombiana aporta menos del 1 por ciento del PIB nacional (DANE 2024), siendo el 42 por ciento del territorio nacional, con una extensión de un poco más de 48 millones de hectáreas, con cuatro fronteras terrestres, 2 por ciento de la población colombiana –más del 80 por ciento en cabeceras urbanas– , más de 55 grupos étnicos diferenciados lingüísticamente, 26 millones de ha en resguardos indígenas, 11.5 millones de ha en Áreas Protegidas y 5 millones de hectáreas en reserva forestal. Conserva, aún, 40 millones de hectáreas de bosques bien conservados y es la gran reserva de seguridad climática y de biodiversidad del país, por su contribución a la evapotranspiración que llega a los Andes en forma de ríos voladores, amén de regular un poco más del 40 por ciento del total de agua superficial nacional. Esta contribución no se incorpora aún en las cuentas ambientales nacionales y, menos aún, en los criterios de distribución presupuestal, que solo ve cantidad de población y, menos aún, gobernabilidad, soberanía fronteriza, biodiversidad, seguridad climática, poblaciones marginales, transición económica o inversiones de los acuerdos de paz. Solo reaccionamos cuando hay conflicto, y la respuesta es igualmente conflictiva. La población amazónica adolece de economía formal robusta, de acceso pleno a la justicia, y también depende de la “seguridad” de grupos ilegales. Y los políticos locales son cada vez más funcionales a la cooptación y la corrupción, y los recursos naturales se van degradando rápidamente. Así no se puede.
Posee un hato ganadero creciente, que puede llegar a ser el 20 por ciento del total nacional, y más de 8.000 km de trochas construidas en los últimos siete años de manera ilegal o informal, así como una industria de hidrocarburos focalizada en el piedemonte putumayense y caqueteño de pequeña producción frente al total nacional. Existe una extracción informal e ilegal de oro en casi todo su territorio, así como enormes yacimientos de coltán y tierras raras (aquellas que buscan Elon y Xi), sin que hasta la fecha haya un registro del volumen de recursos que este genera, y mucho menos cuánto se queda en la región y cuánto se va. A 2025, hay unas 50.000 hectáreas de coca en el departamento del Putumayo (20 por ciento del nacional), y un par de focos en el Guaviare, La Macarena y nuevamente en el eje Yarí-Caguán que alcanzan a sumar unas 15.000 hectáreas. Todo un coctel de economías ilícitas, con demanda internacional y no solo doméstica, que dominan las pobres iniciativas legales que nunca llegaron.
En una semana para recordar, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cabeza del magistrado ponente Luis Manuel Lasso, emitió sentencia histórica frente a una Acción Popular en defensa del interés colectivo de la Amazonía, dando una serie de órdenes y conminando al Estado colombiano, para abordar de manera integral este proceso de cooptación que se expresa en degradación ambiental, deforestación y pérdida de gobernabilidad de la región amazónica. Recoge la estructura de la Sentencia 4360 de la Corte Suprema que reconoce la Amazonía como sujeto de derechos, y le da fuerza a diferentes aspectos que le otorgan mayor amplitud a la intervención del Estado. Es decir, una visión que va más allá de lo ambiental, que no se queda en la mirada sesgada de la aplicación de la ley como única herramienta, y que llama la atención sobre un problema de pérdida de control territorial y de derechos de las poblaciones locales, así como de la corresponsabilidad del sector privado y de los países demandantes de materias primas sin regulación de trazabilidad.
El Tribunal insta a la Presidencia de la Republica a establecer un mecanismo político y administrativo del más alto nivel para la coordinación de acciones de recuperación del bioma ante el claro fracaso de depositar en un solo sector una responsabilidad de Estado; llama a las partes respectivas a darle cuerpo y un plan de acción a los acuerdos establecidos en el marco de la OTCA en Belem y Bogotá, donde por primera vez los Estados reconocen la perdida de gobernabilidad regional y la necesidad de trabajar articuladamente para contener la criminalidad trasnacional.
Por vez primera se señala la necesidad de revisar las denominadas políticas o incentivos perversos para la biodiversidad y el cambio climático, como pueden ser aquellos referidos a la ampliación de la frontera agropecuaria a través de las inversiones en infraestructura de carreteras violando la normatividad ambiental, o la expansión ganadera en la reserva forestal o, más aún, los programas de sustitución de cultivos ilícitos en áreas protegidas.
La sentencia nos ofrece un potente instrumento, y es la orden a los ministerios de Ambiente y Agricultura de implementar la regulación que fortalezca la frontera agropecuaria y su rol en la planeación de la inversión pública, y que sean jurídicamente vinculantes. Probablemente, es el aspecto más crítico en el control de la inversión de los gobiernos locales, y del “contra ordenamiento” territorial de los grupos armados, así como de los congresistas de “amplio espectro”.
Finalmente, la sentencia ordena a las entidades accionadas promover la regulación, vía legislación, decretos y actos administrativos que se enfoquen en el desarrollo e implementación de los sistemas de trazabilidad de los principales motores de transformación territorial en la Amazonía que se han dinamizado en el mercado nacional e internacional como lo son las cadenas cárnicas, lácteas y del oro.
Gracias honorables magistrados. Tremendo esfuerzo, que muchos colombianos agradecemos.
