En una carta dirigida al Gobierno nacional, algunas organizaciones del sur del Meta y norte de Guaviare, solicitan la reanudación de la Mesa de Diálogos entre el Gobierno nacional y la estructura del Estado Mayor, dirigida por Calarcá, para entrar en la implementación de los acuerdos de transformación territorial, planteados previamente en el desarrollo de esta Mesa. Dentro de los temas que se plantean allí, me llama la acertada atención de la solicitud, sobre avanzar en la delimitación física y demarcación de los linderos del Parque Nacional Chiribiquete. La ausencia de una política nacional de demarcación territorial ha llevado a numerosos conflictos, pues en Colombia existen numerosas figuras de ordenamiento territorial, que implican diversas restricciones de uso del suelo, asií como de tenencia y propiedad de la tierra, que tienen implicaciones sobre las expectativas de las poblaciones locales a este respecto, así como a las limitaciones y características de la inversión pública que se deba hacer al respecto.
Dado que en muchos territorios, incluyendo las zonas de influencia de los Parques Nacionales hay procesos activos de colonización, algunos recientes y otros más antiguos, es de vital importancia realizar estos procesos de demarcación territorial de manera conjunta con la población local, teniendo además la oportunidad de involucrar autoridades locales y nacionales que tienen competencias en los asuntos del ordenamiento de la propiedad y de la producción, como lo son las de Catastro (IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entre otras. De igual manera, la participación de agencias territoriales permite rápidamente y de manera coordinada, incorporar estos procesos de alinderamiento en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial, que a su vez pueden ser la base para los ajustes de limites veredales con información de terreno. Igualmente, los entes territoriales, podrán incorporar con certeza meridiana, y conocimiento de las poblaciones, cuáles son las zonas donde sus intervenciones para el desarrollo de infraestructura vial, desarrollo agropecuario, y generación de servicios, tiene las mejores características para orientar y consolidar los asentamientos y desarrollos territoriales alrededor de las zonas de conservación estricta del país.
Esta acción coordinada, es la que podría dar una luz de esperanza a esas poblaciones, respecto a la utilidad de estas Mesas de Dialogo, que requieren incorporar con urgencia estas prioridades de transformación territorial, las cuales deberían ser parte del quehacer institucional cotidiano, y para todo el territorio nacional. De hecho, el tema, debe ser ampliado de manera urgente, no solo al conjunto de Áreas Protegidas del orden nacional, sino también al regional y municipal, como también y de manera especial a los territorios de comunidades étnicas en el país. Una parte importante de las conflictividades de ordenamiento del país se explica en esa precariedad de información sobre los límites geográficos de sus diferentes unidades, así como la multiplicidad de sistemas de información que no se encuentran interconectados e inoperables entre sí. De ello, han resultado conflictos monumentales, como fueron los históricos traslapes entre los bloques de exploración petrolera sobre zonas protegidas, que gracias a la diligencia del entonces doctor Armando Zamora, se logró avanzar y resolver, incluyendo avances en el tema de territorios étnicos por un convenio que se desarrolló con el Instituto Geográfico para tal efecto. Igual, con el Catastro Minero, que, gracias a una sentencia del Consejo de Estado, obliga al país a retirar todos aquellos títulos que estuvieran superpuestos con figuras de ordenamiento que tuvieran restricción a ese tipo de uso del suelo en el territorio.
Cierto es, que el país, apenas comienza a ponerse a tono con las necesidades locales más urgentes en materia de ordenamiento, y para ello, se requiere un levantamiento de información que, paradójicamente, no avanza al ritmo que los conflictos si lo hacen. Cientos de veredas han sido dibujadas en mediocres modelos de “Autocad” por “contratistas piratas que hacen EOT con copy-paste”, como se les conoce en los territorios de la manigua. Esto, con unos problemas tremendos, no solo para las administraciones municipales sino especialmente para las comunidades, que padecen de los efectos de una planificación de recursos públicos que no está asociada a las condiciones reales de su ubicación y características. En muchos municipios, personalmente he trabajado en los levantamientos topográficos de esas veredas, que ni siquiera las ubican o aparecen en sus zonas de real ubicación, para poder ser nuevamente registradas en las oficinas públicas y que permitan una gestión eficiente por parte de las Juntas de Acción Comunal, para la solicitud y planeación de recursos de inversión local.
Pero, no solo localmente, se requiere con urgencia la delimitación territorial. El mundo se dirige hoy hacia los modelos de consumo con información sobre el origen de los productos. La trazabilidad es hoy un requerimiento vinculante para entrar en los mercados mundiales que se adecuan a los acuerdos y compromisos planetarios, respecto del cambio climático y la protección de la biodiversidad. La trazabilidad es la evolución de lo que hace unos años era la certificación de origen, que pasa de un mecanismo voluntario que permitía mercados selectivos, a un mecanismo vinculante, para poder acceder a competir en el mercado global. El mercado mundial, exigirá cada vez más, con precisión, la “Debida Diligencia”, que incluye no solamente el cumplimiento de las medidas para evitar que los productos de comercio sean provenientes de áreas deforestadas, sino que incorpora también la implementación de la normatividad ambiental respecto de las restricciones legales de uso del suelo, es decir, las determinantes ambientales del ordenamiento. Y allí, se abre un enorme interrogante y necesidad, de pasar del discurso a la acción, en varios sectores de la producción nacional. La legislación nacional sobre Trazabilidad será un imperativo para la agenda del Congreso en los próximos años, empezando por el de la cadena ganadera.¡¡A demarcar pues, que el tiempo corre!!
