La celebración del 20 de julio es el escenario en el que los gobiernos ponen su balance y propuesta de gestión para cada periodo de legislatura. Desde la sociedad civil es una oportunidad para revisar dónde están las prioridades pendientes y las de consolidar procesos previos. Arranco diciendo que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas está en un punto crítico y requiere una transformación de fondo, conceptual, legal, operativa, financiera, entre otros factores. Las áreas protegidas, siendo el 18 por ciento del territorio nacional continental, deben ser un motor de ordenamiento, producción sostenible, gobernanza y participación local, inversión público-privada, incentivos económicos a la conservación, tributación especial. Hoy están sumidas en una crisis donde las economías ilícitas, los derechos territoriales aplazados, la planificación caótica del Estado, los incentivos perversos de política pública –como los incentivos ganaderos desde la sustitución de coca, así como recursos de regalías y Ocad Paz–, que se complementan con el control territorial de cuanto grupo armado hay en el país. ¿Quién se le va a medir al proyecto de reforma del Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
En un país como Colombia, la paz ambiental depende de la paz agraria; el reconocimiento de los derechos territoriales tanto campesinos como indígenas, así como empresariales y de medianos agricultores, es pieza vinculante y previa, para garantizar el uso de las áreas de conservación y servicios ambientales de interés y patrimonio público. La estabilización de la frontera agropecuaria será un resultado directo de la implementación de los diferentes modelos de reconocimiento de propiedad, tenencia y uso en las zonas que bordan esta frontera, de la cual depende la seguridad climática del país. El monocultivo de la coca debe ser transformado, así como el extractivismo de oro de pequeña pero masiva escala, tan dañino en lo social como lo ambiental, y tan arraigado en los enclaves armados de nuestro popurrí de grupos criollos.
El sistema de transferencia tecnológica, el sistema nacional de caminos vecinales, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el Plan Nacional de Restauración y el Plan de control a la deforestación, en conjunto con municipios y departamentos, deberán ir de manera paralela en la atención de la población residente en estas fronteras de la periferia nacional, con un modelo único de intervención, que garantice la armonía entre los derechos de propiedad y uso, la prestación de servicios públicos, la consolidación de economías licitas y de reconversión, y de consolidación de esa frontera como propósito nacional.
Desde la época de los expresidentes Uribe, con el Plan Consolidación; Santos con los PDET del Acuerdo de Paz; Duque con las Zonas Futuro, y ahora Regiones de Paz, se ha intentado infructuosamente hacer esta intervención colaborativa y sinérgica. Es hora de analizar los éxitos y dificultades que permanecen y que impiden este arreglo institucional y una participación efectiva y de largo plazo en las comunidades locales, que cada vez más se llenan de escepticismo frente al galimatías institucional. Interesante reto para el DNP y la Consejería para las Regiones y/o la Oficina del Comisionado de Paz.
Los incentivos de conservación, y pago por servicios ambientales, se deben poder institucionalizar, y pactos de gran escala proponerse, como podría ser la derivación de una porción de la tarifa del agua hacia los programas de conservación y restauración amazónica, de la cual dependen los embalses del centro del país. Los mecanismos tributarios novedosos, como el pago por los pasivos ambientales de la ganadería, la industria arrocera o la petrolera, por la contaminación de aguas y degradación de suelos, deben ser parte de la discusión legislativa, de manera complementaria, a la inclusión de la trazabilidad de la cadena ganadera para mercados nacionales e internacionales.
La restauración de millones de hectáreas de suelos degradados, empezando por aquellos deforestados y usados en prácticas insostenibles, puede ser una oportunidad de negocio importante. La financiación de programas de mediano y largo plazo que incluyan modelos agroforestales, presupone modelos de negocio que tengan mercado, distribución, transformación local, conectividad, asociatividad, transformación y valor agregado local, entre otros factores. La banca privada y pública tienen allí una oportunidad y responsabilidad enorme, para impulsar este proceso de transición, tal y como se está haciendo en el Brasil de Lula, donde en BNDES -Banco de Desarrollo de Brasil- tiene este corredor de restauración, como una línea económica de prioridad, tema impulsado por el científico Carlos Nobre. Sé que Asobancaria y Banco Agrario están sintonizados, y ahora, falta “línea” de dónde, cómo, y con quién empezar.
Usar el territorio de manera competitiva para garantizar recuperación y servicios ambientales, y fortalecer las economías comunitarias, tendrá un reto mayúsculo, en el incremento del uso de la biodiversidad. Los presupuestos destinados a la investigación básica y aplicada, deberán cambiar drásticamente, así como los procesos de fortalecimiento de grupos investigativos en universidades regionales, y la cooperación con centros de investigación sectorial. Será imposible sostener la idea de “potencia mundial de la biodiversidad” sin el uso de la misma, y la inclusión de saberes y prácticas locales de conocimiento tradicional, con la debida reglamentación. Más de tres décadas han pasado desde la Ley 99, muestran lo complejo y estéril, que ha sido este esfuerzo, y la distancia con los países vecinos se amplía cada vez más, donde la mirada centralista juega un rol critico en este proceso.
Eliminar estímulos de política perjudiciales es una tarea interesante para el Congreso y el Ejecutivo. Dónde se ponen los estímulos tributarios, a quién se le colocan, y para qué actividades, hace parte de la agenda del reordenamiento territorial, en función de la recuperación de la gobernanza ambiental, la solución pacífica de los conflictos, la conservación del patrimonio público ambiental y el desarrollo de economías sanas social y ambientalmente. Pasará por el gran filtro: la corrupción y la cooptación del Estado en diferentes escalas de decisión. Es parte del corazón en el reto del Acuerdo Nacional Ambiental.
